La posesión, en enero, de los 51 magistrados ya elegidos para el Tribunal de Paz y las distintas salas de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) podría complicarse. Algunos juristas consideran que la recién aprobada ley estatutaria que reglamentó esa justicia transicional da espacio para que se pueda impugnar la posesión de varios de los magistrados desde antes o una vez juramenten el cargo, debido a que estarían incursos, de entrada, en las causales fijadas por esa ley en materia de inhabilidades e incompatibilidades, no así en cuanto a los impedimentos, que se configurarían más cuando los magistrados asuman determinado caso en específico en el que por alguna actuación anterior les sea obligatorio apartarse de la respectiva causa judicial.

Responsabilidad compartida

“… Aquí no sólo debe verse la implicación de posesionarse de un cargo a sabiendas de elementos legales que lo impiden, por más en desacuerdo que se esté en la norma o se tenga esperanza de que luego se declare inexequible, sino también que la autoridad judicial, administrativa o política que lo posesione, a sabiendas también de que hay condiciones legales que lo impedirían, podría quedar incursa en distintas conductas disciplinarias y hasta penales que no podrán ser resueltas al interior de la JEP, como ya lo señaló la propia Corte al someter esa jurisdicción al mismo régimen disciplinario de todos los magistrados”, dijo a EL NUEVO SIGLO un experto jurista que ha estudiado a fondo la implicación de las posesiones de los magistrados de la JEP.

La otra orilla

Por lo pronto, según fuentes del alto gobierno, ninguno de los 51 magistrados, entre titulares y suplentes, seleccionados meses atrás por el Comité de Escogencia, ha manifestado su decisión de dar un paso al costado. Todo lo contrario, frente a los alcances de la ley estatutaria en materia de vetar a los magistrados que hayan demandado al Estado o participado de casos en defensa de los derechos humanos y otros, el mensaje gubernamental a los 51 juristas es que esa norma seguramente será tumbada en la Corte Constitucional, bajo la tesis de que la reglamentación que se hizo en el Congreso fue más allá de lo señalado por ese mismo alto tribunal en la sentencia que ajustó el acto legislativo de la JEP.

La U apurada

Hay inconformismo en las toldas del partido de la U por parte de algunos congresistas que consideran que esperar hasta marzo para definir cuál candidatura presidencial apoyar no solo es tardío sino que podría dejar a esa colectividad  como “protagonista de segundo plano” en el ajedrez de las coaliciones, todo por llegar a última hora, pese a que se trata de un partido que es el mayoritario en el Congreso y tiene toda su estrategia enfocada en mantener en las parlamentarias esa preeminencia política y electoral. “… Es evidente que  no podemos esperar hasta marzo para definir el camino en materia de presidenciales… Se corre el riesgo de que cuando el partido se decida ya las cartas estén jugadas y nuestra adhesión a cualquier coalición no sea tan definitoria como podría hacer desde ahora”, dijo un parlamentario de ese partido que es candidato a reelección en el Senado.

“Manifiesto Caribe”

En Santa Marta y otras ciudades de la Costa se insiste en que la región Caribe apunta a tener un papel “secundario” en la contienda presidencial , razón por la cual algunos parlamentarios y dirigentes de diferentes partidos están ambientando la posibilidad de emitir una especie de “Manifiesto Caribe”  en el que queden señaladas de manera específica las urgencias y problemáticas más sentidas de la región, de tal forma  que cada candidato a la Casa de Nariño pueda analizar el respectivo documento y proyectar una respuesta puntual al mismo.