Lupa a violencia electoral
El aumento de la violencia electoral y la difícil coyuntura alrededor de la implementación del acuerdo de paz dará lugar a un debate de alto calibre en la Comisión Primera del Senado que aprobó, por iniciativa del senador conservador Juan Diego Gómez, citar a los ministros de Defensa, Guillermo Botero, y del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; al alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y a Emilio José Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Gómez dejó constancia sobre amenazas a candidatos y pidió convocar a un debate de control político para analizar la situación de violencia en el país. En la plenaria del Senado también hubo varias voces exigiendo del Gobierno y la Fuerza Pública que se redoblen los esquemas de protección de los aspirantes, sobre todo en los municipios en donde la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral y otras instancias que monitorean el rumbo de la campaña han advertido riesgos altos para la actividad proselitista.
¿Campesinado en la Carta Magna?
Un reconocido constitucionalista le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que “había que echarle ojo” a las implicaciones legales y constitucionales del proyecto de ley que busca el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos en la Carta Política. Según los impulsores de la iniciativa, se busca eliminar la discriminación y vulnerabilidad de quienes trabajan y viven en el campo, razón por la cual es necesario el establecimiento de nuevos derechos de acuerdo a las realidades rurales. Según con el senador Alberto Castilla, del Polo, esta reforma es fundamental para que “el Estado salde la deuda histórica que tiene con este importante sector social del país que garantiza no solo la alimentación de buena parte de los habitantes, sino también un sector que mantiene vivas las tradiciones culturales de las comunidades y que gracias a sus prácticas responsables, cuida el ambiente, el agua y las semillas”.
Cifras dramáticas
La radiografía que se hacen los impulsores del proyecto, que en anteriores ocasiones se ha hundido en el Parlamento, señala –de acuerdo a un reporte del propio Senado- lo siguiente: en la vivienda del área rural dispersa el 82,6% tiene conexión al servicio de energía, el 42,6% a acueducto y apenas 6% al alcantarillado; a junio de 2015 la pobreza a nivel nacional era de 28,2%, mientras para las cabeceras municipales el porcentaje era 24,6%, en los “Centros poblados y rural disperso” llegaba a 40,1%. Así mismo, el porcentaje de pobreza monetaria extrema (indigencia) en las cabeceras municipales era del 5% a junio de 2015, mientras que para el “área resto” era del 17,6%. De acuerdo al Censo Agropecuario, el Índice de Pobreza Multidimensional para el área rural dispersa era de 45,5%. De otro lado, el Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH) para Colombia aseguró que el índice de ruralidad es más grande de lo pensado, al establecer que en estas zonas viven cerca del 32% del total de habitantes del país, siendo su mayoría campesinos.
¿Castas constitucionales?
Según el constitucionalista consultado, que pidió la reserva de su nombre, “… no deja de ser paradójico que en una Carta que ha sido considerada en sus 28 años de existencia como redundante en derechos y corta en mecanismos para garantizar su cumplimiento, sigamos insistiendo en el Congreso en elevar el estatus de los derechos o incluso en sectorizar nichos poblacionales para hacerlos ‘sujetos de derecho’ especial, como si ya de por sí no lo fueran, en igualdad con toda la población… El Gobierno, como brazo ejecutor del Estado, debe analizar muy bien las implicaciones de ‘reconocer constitucionalmente al campesinado’, no porque hoy no estén reconocidos, que lo están, sino porque corremos el riesgo de crear castas poblacionales constitucionales… Claro que la ruralidad en Colombia está atrasada en cuanto a la población urbana, pero esta no es la vía para superar esa situación”.