¿Banca de primer piso?
De manera afanosa trabaja el equipo de asesores de un congresista conservador para la redacción de un proyecto de ley que le permitiría a las entidades financieras del Estado que hacen parte de lo que se llama “banca de segundo piso” poder tratar directamente con los usuarios de líneas especiales de crédito, es decir, personas naturales y empresas. Como se sabe, instituciones como Finagro o Balcóldex son entidades financieras que no cuentan con oficinas directas para la atención del público, sino que canalizan sus recursos a través del sistema financiero ordinario, que intermedia sus operaciones. En medio de las críticas a los bancos por presuntas demoras y trabas en la canalización de los recursos que el Gobierno ha liberado para ayudar a las empresas en medio de la emergencia sanitaria, se buscaría que Finagro, Findeter o Bancóldex operen de forma similar al Banco Agrario, que es estatal pero presta directamente al usuario financiero.
Estadísticas en tiempo real
En el Congreso, las propuestas para afrontar la crisis sanitaria crecen todos los días. Por ejemplo, el senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, le pidió al director del DANE, Juan Daniel Oviedo, medir casi que en tiempo real la curva de desempleo durante la crisis que ha generado el coronavirus en Colombia. Al intervenir la Comisión de Ordenamiento Territorial, Meisel consideró que conocer estos datos serán trascendentales para sectorizar las ayudas que el Gobierno está entregando en distintas zonas del país. Indicó que para reactivar económicamente algunos sectores y les llegue con efectividad los beneficios, se necesitan datos concretos por parte del DANE, en especial, en este momento en donde el Gobierno está desarrollando programas de ayudas importantes. “Además, en los sectores en donde supuestamente es obvio su afectación, como los restaurantes, como el turismo, como el transporte, como incluso el sector de las aerolíneas, necesitamos saber en cuánto se han afectado”, señaló Meisel.
¿Crisis municipal? (I)
Otro senador uribista, en este caso John Harold Suárez Vargas, dio un campanazo en torno al impacto que tendría en los municipios la crisis sanitaria. Explicó que como consecuencia de la pérdida de los ingresos corrientes de libre destinación, tales como la sobretasa a la gasolina, el predial unificado, industria y comercio, así como otros tributos, es posible que varios municipios bajen de categorización. La tesis es sencilla: aproximadamente 965 municipios que se encuentran en sexta categoría se verán en la obligación de acogerse a la Ley 550, a la Ley de Intervención e incluso, muchas de esas poblaciones terminarán siendo corregimientos. “Para el caso de municipios de primera y segunda categoría, que tienen contralorías municipales, se tendrán que reducir los gastos de funcionamiento, las nóminas, entre otros, exponiendo a los entes territoriales a un sin número de demandas laborales, las cuales ni siquiera contarán con presupuesto para defender”, indicó el Senador.
¿Crisis municipal? (II)
Así las cosas, el Congresista uribista solicitó al Departamento de Planeación Nacional “un plan en el cual se revise las acciones que se adelantarán en el marco del cumplimiento de la Ley 617 con los entes territoriales, toda vez que en este momento no solo no va a haber recursos para la inversión, sino que tampoco habrá para el funcionamiento, ni para las nóminas de los miles de funcionarios públicos a nivel nacional, que se verán perjudicadas por la pérdida de categoría y en estos momentos, urge velar por la estabilidad político-administrativa del país”. Si bien, es cierto que algunos parlamentarios han pedido al Gobierno que acelere la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), esa solución no es inmediata, ya que tramitarla en el Congreso demoraría dos legislaturas, y a la actual ya le quedan muy pocas semanas, haciendo imposible avanzar la discusión de un tema tan complejo.