“Hay avances”
Dentro del alud de reacciones que se produjo esta semana alrededor del escándalo por el caso de la prueba del polígrafo y el espionaje a la exniñera de la ahora exjefa de gabinete del gobierno Petro, Laura Sarabia, hubo algunas que llamaron la atención. Por ejemplo, en mensaje a esta Sección un exministro trajo a colación que en materia de combate institucional a las ‘chuzadas’ “hay avances”. Explicó que, a diferencia de lo que ocurría años atrás, cuando había varias plataformas que eran capaces de interceptar comunicaciones y prácticamente cada entidad podía realizar el espionaje sin permiso de nadie, ahora, en el caso Sarabia, quienes están detrás del ilícito tuvieron que acudir a un montaje para engañar a un fiscal que, a su vez, debió pedir permiso de un juez de control de garantías para proceder a la interceptación.
Sonajero tempranero
El viernes, antes de que el presidente Petro anunciara la salida de sus cargos de Sarabia y del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, se rumoraba en altas instancias de la Casa de Nariño que el Jefe de Estado procedería a anunciar de inmediato sus reemplazos, e incluso alcanzaron a circular algunos nombres. Por ejemplo, se decía que el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Carlos Ramón González, sería el sucesor de la primera.
Mala espalda
A propósito del revés del socialismo en las elecciones españolas, un observador político muy atinado le indicó a esta Sección que Petro tiene “una mala espalda”, en referencia a que después de haber visitado al presidente chileno, Gabriel Boric, y el jefe de gobierno ibérico, Pedro Sánchez, ambos tuvieron grandes descalabros en las urnas.
Lizcano al tablero
En el Congreso quieren citar al ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, para que explique el alcance de un concepto del Consejo de Estado que estableció que los contratos estatales de aporte vigentes para suministrar el servicio esencial de internet en zonas apartadas del país, sí pueden ser modificados. Ese pronunciamiento del máximo tribunal de lo contencioso-administrativo obedeció, precisamente, a una consulta formulada por la antecesora de Lizcano, Sandra Urrutia, en torno a la posibilidad de modificar los contratos estatales de aporte 1042 de 2020 y 749 de 2022, así como los contratos de fiducia mercantil suscritos en desarrollo de aquellos. Según el Consejo de Estado, Urrutia adujo que existían dificultades para cumplir las cláusulas relacionadas con los términos para la reinversión de los recursos descontados al contratista, entre otras situaciones previstas contractualmente.
Sí pueden modificarse
Frente a ello, el alto tribunal dijo que sí es posible modificar dos contratos de aporte, que celebró el Gobierno (Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) para garantizar el servicio público esencial de internet en zonas apartadas del país, en lo relativo a los plazos estipulados para establecer la destinación de los recursos desembolsados y cuya utilización no se autorice al contratista, legalizar los dineros ejecutados y reinvertir las sumas descontadas al contratista. La Sala de Consulta y Servicio Civil del alto tribunal respondió que, desde el punto de vista jurídico, los contratos mencionados sí pueden ser modificados bilateralmente, en lo relacionado con los plazos para legalizar los recursos ejecutados, los previstos para definir el destino de los recursos desembolsados y no autorizados, y los estipulados para reinvertir las sumas que se descuenten al contratista.