La Convención del Partido Conservador está prevista para la última semana de agosto y no solo tiene como misión la renovación del Directorio Nacional, sino la definición de la postura de la colectividad frente a temas clave como la campaña por el plebiscito por la paz.  La idea de las toldas azules es que el evento tenga el mayor eco mediático posible, por lo que está pendiente de cuándo el Gobierno y las Farc terminarán firmando en La Habana el acuerdo final de paz. Es apenas claro que si dicha rúbrica se produce muy cerca de que se lleve a cabo la convención conservadora, ese hecho se tomará todo el escenario político quitándole pantalla al evento partidista. De allí que muchos en el conservatismo hagan votos para la firma del proceso de paz se lleve a cabo en julio o al menos en la primera quincena de agosto.

Ahí está y ahí… (I)

La caída de gran parte de la reforma del equilibrio de poderes, tras los dos fallos de la Corte Constitucional en el último mes y medio, puso en la mira de muchos sectores políticos al ministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien lideró el trámite de la iniciativa. Durante la accidentada discusión del proyecto el titular de la cartera política siempre aseguró que el acto legislativo estaba blindado y no había riesgo alguno de inexequibilidad, pese a las muchas advertencias sobre el tema. Sin embargo, lo cierto es que la Corte tumbó el 80% del acto legislativo, del cual apenas si sobreviven algunos artículos relacionados con la prohibición de la reelección inmediata y otros sobre asuntos menores. 

Ahí está y ahí… (II)

Ante algunas peticiones de renuncia, el viernes Cristo dio a entender que el debate no debe centrarse sobre su permanencia o no en el cargo, sino en la postura de la Corte que, de acuerdo al criterio del Ministro, estaría determinando que la reforma a la Rama Judicial solo se puede hacer por la vía de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, en esas mismas entrevistas periodísticas se trajo a colación que en el segundo semestre de 2012 el entonces titular de la cartera de Justicia, Juan Carlos Esguerra, terminó renunciando y pagando el costo político del escandaloso hundimiento de una reforma judicial recién aprobada en el Congreso, que fue viciada en la instancia de conciliación, obligando incluso al Gobierno a acudir a unas inéditas objeciones presidenciales para evitar que el acto legislativo entrara en vigencia.

Cero y van dos

Tampoco han sido buenas las evaluaciones que se han hecho sobre la gestión del exministro de Justicia, Yesid Reyes, que junto a Cristo fue el defensor principal de esa reforma de poderes. Ya Reyes había estado en el ojo del huracán semanas atrás debido al error que se cometió en la Ley de Racionalización de la Detención Preventiva, aprobada el año pasado, ya que no se previó en esa norma el riesgo de excarcelación, a partir de julio de 2016, de los sindicados por delitos graves o de “especial complejidad investigativa” a los que no se les hubiera resuelto su situación jurídica. Ante el riesgo de que salieran de las cárceles más de 8 mil acusados por estos delitos graves, fue necesario presentar al Congreso, hace tres meses, un proyecto de ley de urgencia, que finalmente se aprobó y evitó esa excarcelación masiva.