La próxima semana podría ser decisiva en torno a si el Consejo de Seguridad autorizará una modificación al mandato que le dio a la Misión de Monitoreo y Verificación de la ONU en Colombia, ya que inicialmente estaba destinada a cumplir dicha función con unas Farc ya localizadas territorialmente en las zonas veredales y campamentarias. Como se sabe, con la pérdida del Sí en el plebiscito, ese mandato quedó en veremos. En vista de ello, la Misión le pidió a mediados de esta semana al Consejo de Seguridad que la autorice a seguir en Colombia verificando el cese el fuego y de hostilidades que está vigente entre las partes desde mediados de agosto pasado, así no haya localización de tropas. En círculos diplomáticos y gubernamentales se insiste que la respuesta será positiva y que los cambios en el mandato del protocolo serán mínimos, salvo que se ampliaría el número de observadores internacionales, ya que no se vigilaría solo 28 zonas veredales, sino casi todo el país.

La demora en la reforma minera

“… La culpa es del Gobierno, eso nadie lo puede esconder”. Esa fue la respuesta que un congresista de la coalición santista dio a un periodista de EL NUEVO SIGLO cuando le preguntó su opinión sobre el nuevo fallo, esta vez de tutela, de la Corte Constitucional que ratificó que los municipios sí tienen la facultad de prohibir las operaciones mineras y petroleras en sus jurisdicciones. “… Hace tres años se había pedido al Gobierno que reformara el Código Minero y que en esa nueva ley marco quedara claro lo respectivo a las competencias nacionales, regionales y locales en materia de autorización de actividades de minería y petróleo, pero ello no pasó… Y, al final, como siempre pasa, fue la jurisprudencia de la Corte la que entró a llenar los vacíos normativos, como ocurrió con el tema de los homosexuales y sus derechos, en lo que tampoco el Congreso legisló ni el Gobierno se movió, pero la Corte sí”, precisó el parlamentario.

El mensaje contradictorio a inversionistas

Altos funcionarios gubernamentales consideran, en voz baja, que los fallos de las altas cortes judiciales amenazaban con “desquiciar” la ya “en vilo” seguridad jurídica del sector minero y de hidrocarburos. “… Los invito a que analicen qué piensa un inversionista extranjero cuando ve que un día la Corte Constitucional autoriza a los municipios a oponerse y someter a consideración popular las licencias de explotación dadas por entidades nacionales, y al otro ve que el Consejo de Estado congela la primera gran consulta popular (Ibagué) sobre la minería legal… Ese mensaje es muy negativo y creo que los colombianos no nos estamos dando cuenta de su gravedad”, precisó una alta fuente del Ejecutivo.

Reacciones a resurrección de Córdoba

La rehabilitación política de la exsenadora Piedad Córdoba tuvo mucho eco esta semana. De entrada, ella dijo que no volverá a las toldas liberales y allí hubo varios dirigentes que respiraron con cierto alivio. En el Polo la primera reacción fue la de concluir que entraba a escena una nueva precandidata presidencial en el ajustado partidor de la izquierda, en donde ya están ubicados Gustavo Petro, Jorge Enrique Robledo y la misma Clara López, hoy Ministra de Trabajo.