Domingo, 21 de Agosto de 2011
La decisión el viernes pasado de la junta directiva del Banco de la República en el sentido de no subir las tasas de interés de sus operaciones estaba más que cantada. En el equipo ministerial económico se había previsto que el Emisor no tocaría los tipos de interés, no tanto porque la política inflacionaria se encuentra dentro de los cauces proyectados, sino porque con la crisis bursátil y la inestabilidad en los mercados de capitales en nivel internacional, ninguna autoridad monetaria del mundo tiene un escenario medianamente sólido para adoptar medidas de contracción o expansión de liquidez.
Corte de cuentas
El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y el presidente del Banco Agrario, Francisco Estupiñán, serían citados al Congreso para que entreguen un reporte sobre cuántos recursos de los préstamos en el anterior gobierno se les dieron a las empresas floricultoras. El debate se motivó tras conocerse que días atrás la Superintendencia autorizó que el grupo de empresas de Americaflor entrara en la ley de reestructuración de obligaciones y acreencias. Ese grupo empresarial fue uno de los más beneficiados con esos préstamos y de allí que los congresistas quieran saber si el Estado recuperó parte de los miles de millones de pesos entregados a las firmas de Americaflor. Igual se indagará sobre el resto de recursos entregados a otras compañías floricultoras.
Calma chicha
Todo parece indicar que el conato de rebelión en la bancada de Cambio Radical se neutraliza por ahora. Aunque hay varios parlamentarios que están muy molestos por la forma en que el nuevo jefe único de la colectividad, Carlos Fernando Galán, entró revocando una gran cantidad de avales a candidatos a gobernaciones, alcaldías y concejos (algunos de los cuales tenían una muy alta opción de triunfo el 30 de octubre), es claro que plantear en estos momentos un cisma es abiertamente inconveniente y más aún cuando el intento de “escisión” de una parte de la bancada del Polo, que quiere partir cobijas con el oficialismo pero sin perder sus curules, parece no tener mayor soporte legal.
Preocupación gubernamental
En algunas instancias del Gobierno nacional crece la preocupación por la campaña que están adelantando varios congresistas para recoger más de tres millones de firmas que respalden un proyecto de ley de iniciativa ciudadana que obligue a cambiar la fórmula con que se calcula el precio de la gasolina. “… Las firmas calificadoras de riesgo y los fondos de inversión ya están mirando el rumbo de esta iniciativa, pues es claro que así como hoy se pide rebajar el precio de los combustibles, mañana se puede pedir la revocatoria de concesiones o bajar los impuestos o modificar el horizonte cambiario o macroeconómico… Eso puede generar cierto clima de incertidumbre y afecta el clima de seguridad jurídica”, precisó un alto funcionario gubernamental, que pidió la reserva de su identidad.
Papa caliente
El haber introducido el tema del narcotráfico y la extradición en el llamado “nuevo marco legal para la paz” que presentó días atrás la Comisión de Paz del Senado, ya habría puesto en alerta a la embajada de Estados Unidos en Bogotá, según se rumoró en los pasillos del Congreso la semana pasada. Es obvio que mencionar el tema de la extradición abre la posibilidad para que los narcotraficantes puedan llegar a acceder a algún tipo de beneficio o gabela en el marco de los procesos de paz. Con el antecedente de los llamados “narcos pura sangre” que se colaron en Justicia y Paz dentro del proceso de desmovilización paramilitar en el gobierno Uribe, es evidente que la propuesta de la Comisión de Paz genera muchas prevenciones.