Un veterano dirigente uribista dijo el fin de semana pasado que “pasó lo que tenía que pasar”. Se refería a las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos a un diario español en el que dio a entender que al comienzo sí le ponía mucha atención a los pronunciamientos del expresidente Álvaro Uribe pero que luego, con el alud de trinos del exmandatario en Twitter, dejó de hacerlo. “… Yo les dije a varios de los que le hablan a Uribe al oído que le dijeran que le bajara el ritmo a los pronunciamientos, porque iba a terminar perdiendo impacto si estaba dando lora todos los días… No me creyeron y vea en lo que vamos…”, precisó el dirigente, que pidió la reserva de su identidad.

Redes sociales

Y hablando de trinos, periodistas de EL NUEVO SIGLO conocieron que un senador tiene a varios integrantes de su unidad de trabajo legislativo analizando las bases legales sobre las que se podría presentar un proyecto de ley que prohíba o, por lo menos, restrinja los pronunciamientos de altos funcionarios públicos en las distintas redes sociales. La idea es frenar las polémicas en que se han involucrado algunos alcaldes, gobernadores, ministros y otros altos cargos que replican críticas o traban debates a través de estas redes sociales, los mismos que, incluso, han dado ya lugar a quejas disciplinarias y hasta demandas a la Nación por parte de particulares que se sienten afectados por esos pronunciamientos.

Dos temas

“… Estamos analizando dos temas específicos. El primero es el relativo a cómo la ley entiende el Twitter y otras redes sociales, esto es si considera que los pronunciamientos a través de ellas se pueden considerar como personales o institucionales… El asunto no es tan fácil de dilucidar, pues la apertura de estos perfiles y cuentas en las redes sociales son un acto de discrecionalidad personal, que raya en lo íntimo y particular… Y en segundo lugar, aunque parezca risible, analizamos lo relativo a qué pasa cuando el alto cargo utiliza el Twitter o la página Facebook de la entidad para pronunciarse, y qué cuando lo hace desde su cuenta personal”, precisó uno de los asesores jurídicos que estudia si hay lugar a presentar el proyecto de ley.

¿Salas de prensa?

La misma fuente indicó que también se analiza el riesgo que tiene, frente a derechos fundamentales como el de libertad de opinión y expresión, el prohibir o restringir los pronunciamientos de los altos cargos a través de las redes sociales, más aún cuando en las entidades a su cargo existen dependencias -pagas con recursos públicos y con manual de funciones claramente establecido- encargadas de tramitar todo lo relativo al ciclo comunicativo y de prensa. “… Dos preguntas sencillas ¿Para qué seguir con las oficinas de prensa si los altos cargos se las saltan y prefieren una vía más expedita para comunicarse? ¿Cómo analizar si una cuenta personal de Twitter está colgada en la página web oficial de la entidad respectiva”, precisó el asesor.

Mero rumor

Las polémicas que acarrean algunos altos cargos de distinto nivel nacional, departamental, distrital o municipal por su afición a reaccionar a través de las redes sociales, también han sido una preocupación de los entes de control. Incluso semanas atrás circuló el rumor de que la Procuraduría, en cabeza deAlejandro Ordóñez, iba a expedir una especie de directiva con el fin de ‘recomendar’ a los funcionarios públicos que tuvieran mucho cuidado con esta clase de pronunciamientos por las redes sociales, no sólo porque la opinión pública no tenía claridad en torno de si eran posturas personales o institucionales, sino por el riesgo de que las confusiones y polémicas al respecto podrían derivar para el erario y la buena marcha de la administración pública. La cuestión, al final de cuentas, no pasó de ser un mero rumor.