Varios litigios limítrofes entre departamentos, que en algunos casos desde hace décadas reposan en el Senado sin ser resueltos, se activarán este año en primera instancia con un nuevo deslinde desarrollado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el cual quedará vigente en caso de que en un año no sea aprobado o sea archivado en el Congreso.
De esta forma, los nueve litigios limítrofes que existen entre departamentos se resolverían a la luz de la nueva normatividad establecida por la Ley 1447 de 2011, que pondría fin a la indefinición que durante el tiempo ha mostrado el Senado frente a este tema, explicado en varios casos por los intereses políticos y económicos que pesan sobre las regiones en disputa.
Esta situación se ha visto en el caso del corregimiento de Belén de Bajirá, frente a lo cual la poderosa y numerosa bancada antioqueña en Senado bloqueó el estudio de este diferendo que sostienen desde hace más de una década este departamento con el Chocó, como se notó en 2008 cuando una proposición de última hora evitó que el informe de una comisión accidental que designó esta Corporación para el litigio fuera enviado a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, en donde se quedó engavetado hasta el día de hoy, en lugar de ser debatido por la plenaria senatorial.
La Ley 1447 del 9 de junio de 2011 señala en un artículo transitorio que “en un plazo no mayor de tres años, contados a partir de la vigencia de la presente Ley, las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes revisarán y actualizarán los expedientes de límites dudosos radicados en el Senado de la República y que no hayan concluido su trámite, con apoyo de profesionales expertos en la materia, bajo la coordinación de las Secretarías de las Comisiones, para que en pleno los evalúen y dispongan lo pertinente”.
Luego el Decreto Nacional 2381 de 2012, reglamentario de la Ley 1447 de 2011, establece que en los casos de límites dudosos, cuyos expedientes se encontraban radicados en el Senado de la República antes del 9 de junio del 2011 y que no hayan concluido su trámite antes del 9 de junio del 2014, deberán iniciar y tramitar su decisión conforme a lo previsto en la Ley 1447 del 2011 sobre competencias, procedimientos y límites tradicional y provisional.
“Existen deslindes departamentales que reposan en el Congreso desde hace décadas, y que si las partes lo requieren nuevamente, se debe proceder a realizar nuevamente todo el proceso pero amparados en la Ley 1447 para garantizar una decisión en dichos conflictos.
Este proceso se podría realizar a partir de 2014, por un parágrafo transitorio que así lo indica, o en caso que el Congreso o Asamblea se pronuncie al respecto antes de iniciar dicho año. Si llegado el 2014 el competente no se pronuncia, debemos iniciar el proceso conforme a la nueva Ley”, indica el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Teniendo en cuenta que es poco probable que los expedientes de los casos de límites dudosos entre departamentos radicados en el Senado concluyan su trámite antes del 9 de junio de este año, deberá iniciarse un nuevo proceso que arrancará con una nueva diligencia de deslinde por parte del Instituto Geográfico. Copia del acta de deslinde se enviará a las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes y al Ministerio del Interior, lo que constituye informe del resultado del deslinde.
Sin embargo, la diferencia que presenta el nuevo proceso a la luz de la Ley 1447 frente a lo que ocurría anteriormente cuando los expedientes se quedaban engavetados en el Senado, es que si en un año esta Corporación no aprueba en plenaria el deslinde o queda archivado, será aprobado el concepto técnico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Normatividad
Pasados 20 años desde que la Constitución estableció la revisión periódica de los límites de las entidades territoriales se expidió la Ley 1447 de 2011 y su Decreto reglamento 2381 de 2012 que facultan al Instituto Geográfico Agustín Codazzi para realizar tal labor mediante operaciones de deslinde.
Explica este organismo que la operación de deslinde de las entidades territoriales consiste en la identificación física (terreno) y cartográfica (mapa) de las líneas que demarcan sus territorios.
Para realizar un proceso de deslinde se realizan varios pasos:
- El deslinde lo realiza el IGAC, de oficio o a petición, debidamente fundamentada, del representante legal (gobernador o alcalde) de una, varias o todas las entidades territoriales interesadas o de las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes.
- Se hace necesario adelantar un deslinde cuando no exista norma que describa el límite sino que éste es producto de la tradición, o cuando existiendo descripción estas sean imprecisas, insuficientes, ambiguas o contrarias a la realidad geográfica; también cuando solo se mencionen las comprensiones que componen la entidad territorial o cuando ocurran eventos que alteren la posición espacial de los elementos que conformen el límite.
- IGAC evalúa el tema y hace el deslinde por resolución.
- Se convoca a las partes en controversia y se conforma la Comisión de Deslinde que la integran los representantes legales de las entidades territoriales colindantes o sus delegados y un profesional, funcionario del IGAC, designados mediante los correspondientes actos administrativos. Este último presidirá tal Comisión.
- Se va a terreno y se cruza con la cartografía con límites tradicionales y catastrales.
- Se levanta el acta, se cierra y se ordenan pruebas, para lo cual las partes tienen 3 meses.
- Luego existe un periodo de 6 meses para información técnica para dar paso al envío a Asamblea (caso intermunicipal) o Congreso (caso interdepartamental).
- Si en un año la Asamblea o el Congreso no aprueban en plenaria el deslinde o queda archivado, será aprobado el concepto técnico del IGAC a la luz de la Ley 1447 de 2001.
Conflictos
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi explicó que actualmente existen 75 límites dudosos municipales y 9 conflictos departamentales. De estos últimos, cinco están en el Congreso y otros cuatro están en pleno proceso de deslinde cobijados bajo la Ley 1447.
Los cinco procesos que reposan en el Congreso y que podrían reabrirse en 2014 bajo la Ley 1447 son:
1) Antioquia y Chocó: Se envió a plenaria en 2003. El conflicto está entre la población de Belén de Bajirá y río Tumaradocito. Esta es una zona con salida al Urabá la cual es geopolíticamente importante y estratégica con gran desarrollo agroindustrial en el tema de la palma. Este informe no fue aprobado por el Senado.
2) Boyacá y Norte de Santander: Su deslinde se realizó en 2001. La disputa es en la zona entre Cubará y Toledo por Gibraltar. Allí la Ley 25 de 1910 crea el departamento de Norte de Santander sin describir los límites, por lo cual se habla de un límite tradicional. Posteriormente, empieza una ocupación del territorio de Sarare, por causa, al parecer, de una expectativa de explotación de hidrocarburos.
3) Boyacá y Casanare: Este deslinde se realizó en 2005. El conflicto se origina en la zona entre Paya y Nuchía, al parecer, por la explotación del pozo petrolero Niscota en las veredas de Morcote.
4) Cesar y Norte de Santander: En este caso se realizó el deslinde en 1977 y sigue reposado en el Congreso. El deslinde se hizo en la zona de San Alberto y la Esperanza justamente en inmediaciones del río San Alberto. Este también se trata de un límite tradicional y el conflicto surgió por una ocupación del territorio en el sector de Pacho Díaz, por variaciones del río a través del tiempo. Este es un típico caso donde existe doble inscripción de catastro y los ciudadanos no tienen la claridad de dónde deber tributar, señala el IGAC.
5) Atlántico y Bolívar: Es el más antiguo de todos los conflictos. Desde 1954 se realizó el deslinde, el Congreso lo estudió y no lo aprobó. Se origina por variaciones del Canal de Dique por la zona de San Pedrito, Galerazamba y El Totumo. El conflicto se ha ido moviendo por variaciones del terreno y en este momento está concentrado por los lados de las minas de Galerazamba, y se presume, que también está en disputa la zona del volcán del Totumo, el cual se ha convertido en un lugar turístico para viajeros.
Los cuatro límites dudosos interdepartamentales restantes se encuentran en proceso de deslinde por parte del Instituto y bajo la Ley 1447 de 2011.
6. Antioquia y Córdoba: Este es un conflicto que viene desde la época de los años 60 y compromete las zonas de Puerto Rey, Carrizal, Campoalegre y río Pegadó. En esa época los gobernadores de turno de ambos departamentos firmaron un acta de acuerdo en el cual definieron el límite y lo elevaron a escritura pública. Pasado el tiempo, dicho documento fue desconocido por ambos departamentos generando dudas limítrofes. El IGAC ordenó el deslinde.
Es uno de los límites más largos en disputa, pues inicia desde Punta Arboletes en el Atlántico pasando por los caseríos del Minuto de Dios que ha tenido que desplazar por procesos de erosión, pasando por Campoalegre y la carretera que de Caucasia conduce a Nechí.
Allí el IGAC tuvo que hacer un trabajo investigativo histórico. En el Congreso de la República existían unos indicios sobre un mojón (señal tradicionalmente de piedra para delimitar propiedades) que definía la zona. A este mojón se lo llevó el mar y quedó perdido por un tiempo importante. Actualmente el IGAC encontró documentos antiguos que daban las indicaciones donde estaba su ubicación. A partir de ese descubrimiento iniciaron procesos topográficos y levantamientos cartográficos para iniciar su delimitación.
Posteriormente, se hizo un estudio catastral solicitado por el departamento de Antioquia, pues este departamento alega que la carretera de Caucasia a Nechí fue construida por los paisas y además, tiene incluida una sede de la Universidad de Antioquia que debe quedar en su territorio y no en los predios de Córdoba.
7. Meta, Caquetá y Guaviare: Se inició en 2009 por petición de las partes y por mediación del Ministro del Interior de la época para que el IGAC interviniera dadas las dudas generadas entre San Vicente del Caguán, la Macarena y alrededor de unos campos petroleros en el sector de Los Pozos, en los sectores aledaños al nacimiento del río Ajajú y la divisoria entre los ríos Caquetá y Guayabero.
En este caso sí existen leyes que determinan los límites departamentales entre Meta y Caquetá (Ley 118/59 y Ley 78/81). El problema surge cuando se cruza esta información con la cartografía oficial, pues los límites no concuerdan con la realidad generando la controversia.
Este proceso ha sido largo y se han realizado mesas de trabajo con las comisiones. Actualmente, entre el gobernador del Caquetá y el director general del IGAC, Juan Antonio Nieto Escalante, se firmó un acuerdo para avanzar en este proceso.
Uno de los principales inconvenientes para agilizar el trámite en trabajo de campo en esta zona es el orden público y las dificultades de acceso al mismo, pues la única forma de ingreso es en helicóptero.
8. Cesar y La Guajira: La última semana de octubre pasado se hizo la visita a campo para hacer el informe técnico de deslinde. En este proceso participaron las dos gobernaciones, así como la Alcaldía de Valledupar y de San Juan del Cesar. Las zonas que están en disputa son las del corregimiento de Patillal y La Junta. La reclamación inicial fue del departamento del Cesar por veredas de Carrizal y Primer Rincón y caseríos de Veracruz y Potrerito el cual es un asentamiento indígena.
9. Boyacá y Santander: Este proceso no estaba cobijado por la Ley 1447 y quedó estancado después de llevar un 50% de verificación de campo inicial, porque las partes no volvieron a mostrar interés. Se origina en la zona de Mojicones y Solón Wilches.