La condena impuesta por el Consejo de Estado a la Nación por la toma de las Farc a la base militar de Las Delicias, ubicada en Puerto Leguízamo (Putumayo), ocurrida el 30 de agosto de 1996, en la que se indicó que esa actuación no puede calificarse jurídicamente como terrorismo pues se trataron de hostilidades propias del conflicto armado, pero se dijo que la guerrilla sí incurrió en evidentes transgresiones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), generó un fuerte enfrentamiento.

El senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, la calificó como una decisión equivocada del Consejo de Estado y advirtió que “Colombia ha vivido y experimenta hoy, una amenaza terrorista”.

“Todos los actos de este grupo al margen de la ley, son actos terroristas. El Consejo de Estado parece estar legitimando el asesinato en combate de soldados, como el que se registró el Cauca, que le costó la vida a 11 militares. El país no tiene hoy una guerra civil. El alto Tribunal se equivoca al darle legitimidad a un grupo terrorista como las Farc”, comentó el senador.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, hizo un llamado de atención al Tribunal Administrativo de Nariño que habló de terrorismo al indicar que en materia administrativa, los juzgadores deben tener especial cuidado en sus valoraciones.

“Ese ataque –se reafirma– no puede ser considerado, per se, un acto terrorista, toda vez que se dirigió contra un objetivo militar –la Base Militar en mención– y contra personas que se encontraban participando directamente en las hostilidades –los soldados acantonados en la aludida repartición castrense– quienes, al menos mientras repelieron la agresión de los guerrilleros también haciendo uso de las armas, no gozaban de la condición de personas protegidas en los términos del DIH”, señala la decisión.

En opinión del senador Rangel el fallo del Consejo de Estado desmoraliza a las Fuerzas Militares. “El Estado colombiano queda a merced de un grupo al margen de la ley, cuyas acciones violentas contra la población civil y las fuerzas militares, son hechos terroristas”, indicó.

“La toma de rehenes, una masacre y el asesinato por parte de las Farc, ya no serían considerados – a la luz del fallo del Consejo de Estado- como una acción terrorista. Son simplemente un acto de guerra. El cultivo de coca, mientras sea para la financiación de acciones al margen de la ley y no para el enriquecimiento personal, tampoco sería delito. Sería un derecho a la rebelión”, subrayó.

No obstante, eso obliga a ambas partes a ceñirse a esa reglamentación y las pruebas allegadas al expediente indican que en este caso al parecer hubo “evidentes y groseras transgresiones, por lo menos, a dos de las prohibiciones incluidas en el núcleo duro’ del DIH”, dice el magistrado en su fallo.

Rangel señaló que la política de seguridad del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos es equivocada. “Las Fuerzas Armadas, ya no son consideradas en Colombia como la expresión, del uso legítimo de la fuerza y de las armas, sino por parte del Estado. Muy grave”, manifestó