Acciones para afrontar la crisis sanitaria que vive La Guajira, anunció el Gobierno nacional ayer durante el debate promovido por los representantes Ángela Robledo, de la Alianza Verde, y Germán Carlosama, del movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), en la Comisión Séptima de la Cámara.

Por una parte, la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, aseguró que la entidad realizará una intervención inmediata para combatir la desnutrición en La Guajira y fortalecer los procesos de protección de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas.

Plazas pidió el apoyo de las autoridades departamentales, los alcaldes, los medios de comunicación y las comunidades indígenas, para verificar entre todos el cumplimiento estricto de la misión social del Instituto. Y para que esto sea una realidad se nombrará un gerente encargado de articular con los diferentes actores para el cumplimiento las metas.

“La Guajira, sus familias y sus niños, niñas y adolescentes son una prioridad del Gobierno nacional”, dijo la directora del ICBF.

Así mismo, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao, precisó que el compromiso del Gobierno nacional con La Guajira sigue firme y concretándose con nuevas inversiones.

Henao anunció que 111.500 millones de pesos se ejecutarán en próximas obras del sector de agua potable y saneamiento en el departamento.

“El Ministerio ha estado atento al compromiso de apoyar a los municipios de La Guajira en el acceso al agua potable, incluso mucho antes de los problemas asociados con la temporada seca, ya se habían realizado importantes inversiones y se habían destinado recursos para proyectos de acueducto”, afirmó Henao.

Difícil situación

En su presentación, Robledo expuso que La Guajira es uno de los departamentos donde la pobreza campea impunemente frente al esplendor de sus bellos paisajes: 70 por ciento de la población vive en pobreza y 1 de cada 3 guajiros sobrevive a la indigencia. En algunos municipios del Departamento los indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI) son casi del 100 por ciento. Según el DANE la cobertura de alcantarillado no alcanza ni siquiera al 8 por ciento; el 90 por ciento no cuenta con agua potable; el analfabetismo en la región es el más alto del país: 60 por ciento en la población rural y 13 veces mayor que en Bogotá.

Pero lo más dramático de todo este panorama, dijo Robledo, es que 2.969 niños murieron de física hambre en el lapso de seis años; es decir dos niños por día (DANE 2008  – 2013). Sin contar el subregistro. El 70 por ciento de los niños indígenas sufre de desnutrición crónica (12 por ciento para todo el país). Por ejemplo, la prevalencia de anemia en Manaure duplica el promedio nacional: 82 por ciento. De acuerdo con el ICBF la mitad de los niños indígenas sufre de desnutrición o riesgo de desnutrición (muestra de 147 rancherías de 500 que viven en Riohacha).

Para Robledo, La Guajira tiene problemas estructurales en el manejo de los recursos, en la articulación de acciones concretas y en la provisión y desarrollo de políticas públicas: “Cómo es posible que llegan carrotanques a proveer agua y las comunidades no cuentan con medios para almacenarla”, dijo.

Así mismo, alertó que “los más de 6,5 billones de pesos que ha recibido La Guajira por transferencias y regalías, en los últimos 12 años, se han ido dilapidando en el camino entre la Nación, el Departamento, los municipios y algunas organizaciones y asociaciones, cooptadas por politiqueros con vínculos con el paramilitarismo y las mafias de la gasolina”.

La parlamentaria anunció que solicitará una indagación desde el Ministerio del Interior sobre las actuaciones en los últimos dos años de los integrantes de la Mesa de Concertación Wayúu.