La biodiversidad es el principal patrimonio de la Nación, y su conservación permite mayor resiliencia ante los efectos del cambio climático. En ese sentido, el principal objetivo del documento CONPES 4050, aprobado por el Gobierno, es reducir al 2030 el riesgo de pérdida de naturaleza en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), de tal manera que se garantice la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que soportan el bienestar y el desarrollo social, económico y cultural presente y futuro de la nación.

Esta nueva política es uno de los propósitos del Gobierno del Presidente, Iván Duque Márquez, incluidos en el Pacto por la sostenibilidad del Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad.

En esta política se desarrollan principios enfocados en lograr mayor corresponsabilidad de los sectores productivos para contribuir a la conservación de las áreas protegidas y retribuir a las poblaciones vulnerables que apoyan su cuidado.

Se incorporan principios asociados a la buena gobernanza de las áreas protegidas y del Sistema, se pone especial énfasis en la necesidad de aumentar la efectividad en el manejo, y se posiciona la importancia de proteger espacios naturales con elementos y significados culturales asociados.

Adicionalmente esta política se articula con la iniciativa 30x30 orientada a proteger al menos el 30 % de los océanos y el 30 % de las áreas terrestres y aguas continentales del mundo para el año 2030, con por lo menos un 10 % sujeta a protección estricta, que se está discutiendo en el nuevo Marco Global de la Biodiversidad post 2020.

Este Marco establecerá´ nuevos objetivos y metas a ser implementados por los países miembros del Convenio sobre Diversidad Biológica.

Ventaja extraordinaria

Colombia posee una ventaja extraordinaria frente a otros países en cuanto a su capital natural con más de 51.000 especies registradas que la posicionan como el segundo país en mega diversidad, albergando aproximadamente el 10 % de la biodiversidad en menos del 1 % del territorio emergido a nivel mundial.

El país tiene, además, cerca de 6.383 especies de plantas endémicas, 367 de anfibios y 34 de mamíferos, entre otros grupos1. La posición geográfica privilegiada del país ha permitido una diversidad biológica exuberante y única, que debe mantenerse y potenciarse como una ventaja competitiva frente a otros países.

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Algunos de los servicios ecosistémicos suministrados por las Áreas Protegidas son la regulación y provisión hídrica para el consumo de cerca de 25 millones de personas, la generación del 52 % de la energía hidroeléctrica, la regulación del clima asociada a más de 13 millones de hectáreas de bosque y el desarrollo de diversas actividades productivas estratégicas.

Se estima que por concepto de regulación y provisión hídrica el aporte de las Áreas Protegidas a la economía nacional es de USD 2.770 millones anuales aproximadamente (cerca de 0,9 % del PIB en 2013).

Trabajo iniciado en 2019

La construcción de este documento CONPES inició en 2019 y contó con la Secretaría Técnica del Departamento Nacional de Planeación y un arduo trabajo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Aportaron en este proceso el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) como implementador del proyecto GEF Sinap apoyado por el BID y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.

Estas entidades y socios estratégicos lideraron un proceso amplio de participación social para la construcción de la política, en el que se encontró que la biodiversidad de las áreas protegidas está en riesgo, pues hay procesos de transformación en su interior y en sus áreas aledañas, que afectan la integridad ecológica, generan aislamiento, alteran el hábitat y las poblaciones de especies silvestres y, en general, reducen las posibilidades de conservación en el largo plazo, con graves consecuencias para el bienestar humano y el desarrollo de la nación. 

Cuatro grandes ejes problemáticos explican el riesgo de pérdida de la naturaleza protegida, como son: 1) la insuficiente protección del patrimonio natural y cultural en el Sinap; 2) la baja conectividad ecológica de las áreas protegidas con sus entornos; 3) la baja efectividad en la gestión; y 4) La débil corresponsabilidad de los sectores productivos en la gestión de las áreas protegidas, así como de la retribución por las acciones de conservación que allí´ realizan las comunidades locales.

Por eso, la política ha vinculado el compromiso de 12 sectores, incluido el ambiental, para contribuir a la conservación de las áreas protegidas en beneficio de las actuales y futuras generaciones.