En manos del Consejo de Estado estará el posible futuro del fracking en Colombia,  luego de que el alto tribunal recibiera una demanda  interpuesta desde 2016 por un grupo de abogados de la Universidad del Norte contra esta técnica. 

Con esta medida se busca la nulidad del Decreto 3004 de 26 de diciembre del 2013 y la Resolución 90341 de 27 de marzo de 2014, por medio de los cuales se establecen los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, expedidos por el Ministerio de Minas y Energía.

"El propósito es asegurar el desarrollo sostenible, presentando las principales evidencias y objeciones planteadas por documentos de trabajo construidos con evidencia científica sobre los riesgos que implica la explotación de yacimientos no convencionales para la salud humana y el medio ambiente”, manifestó Juan Pablo Sarmiento, director del Departamento de Derecho y del GLIP de la Universidad del Norte.

En la acción jurídica presentada también se planteó el principio de precaución y otras barreras jurídicas como medio para garantizar la solidaridad intergeneracional, la sostenibilidad ambiental y los derechos al medio ambiente y la salud pública.

"De esta forma se le demuestra al Consejo de Estado que Colombia ha adoptado una perspectiva ecocéntrica que reconoce el valor intrínseco de la naturaleza”, apuntó.

La demanda se encuentra en el despacho del magistrado Ramiro Pazos Guerrero.

Por su parte, Daniela García, Coordinadora de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes y vocera de la Alianza Colombia libre de fracking, dijo que “hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad para que nos movilicemos y respaldemos estas acciones jurídicas que buscan la defensa del agua, de la vida y del ambiente”.