Sea lo primero desear un feliz 2020 para todos los amables lectores de esta columna dominical. Hoy quisiera referirme a los retos que enfrenta nuestro país en este nuevo año; no en balde Colombia apareció, en los análisis de la ONU, como el país con mayores problemas ambientales de América Latina, dato que se agrava si tomamos en cuenta que albergamos el 15% de la fauna y la flora de la tierra y que somos el segundo país en biodiversidad del planeta. Además el cúmulo de problemas ambientales aumenta día a día el costo en salud y en conservación de los recursos naturales.
Los principales problemas ambientales del país han sido causados por la deforestación acelerada, los conflictos armados, el comercio ilegal de fauna, la caza y la industria. Habiendo de reconocer que el gobierno ha implementado diferentes políticas, normativas con el objeto de mejorar la calidad ambiental, muchos problemas continúan presentes.
Los problemas generados por la industria se concentran principalmente en Bogotá y Medellín, ciudades que se ven afectadas por la proliferación de industrias y por el transporte, aunados a la falta de un control eficiente de parte del estado.
Dos terceras partes de nuestra biodiversidad se alojan en el Chocó biogeográfico, allí se encuentra más de la cuarta parte de las especies endémicas del planeta en no más del 1,7% de la superficie terrestre; todo esto está siendo destruido ante la mirada atónita del mundo, como consecuencia de las diferentes actividades ilegales de tala y de minería, y en menor medida por la comercialización de especies.
Desde el inicio de la década que termina, el Instituto Nacional de Salud reveló que la mitad de los departamentos del país registran aguas contaminadas, que se utilizan para el consumo humano; esta situación ha crecido en forma alarmante, originada en la falta de planeación adecuada de los centros urbanos y de su relación con el agua, aunado a esto, no hay adecuadas condiciones de saneamiento básico, lo cual agrava el problema. Siendo hoy por hoy Colombia el sexto país en oferta hídrica corriente del planeta, es alarmante que el mismo Ministerio de Ambiente reconoce que más del 50% de dicha oferta presenta altos índices de contaminación.
Una de las amenazas mayores para la estabilidad de nuestro patrimonio es la explotación de minas de oro a cielo abierto, la mayoría de las veces de forma ilegal y sin ningún control; según estimativos en 2018 existían más de 80.000 hectáreas explotadas de forma ilegal y por redes criminales. Estas explotaciones no solo deterioran de forma alarmante el ambiente, se calcula que afectan seriamente cerca del 45% de la biodiversidad, sino que además generan altos índices de pobreza y de violencia.
Como si lo anterior fuera poco, el aumento de la tasa de deforestación en Colombia es de los mayores del planeta, aumentando en la última década en un 47% y sumando la pérdida de cerca de 200.000 hectáreas de bosque y selva. Todo esto ocurre ante la mirada de las autoridades ambientales, que no tienen mecanismos ni recursos que les permitan ejercer un verdadero control.
En honor a la verdad no podríamos decir que no se ha hecho nada; las campañas para disminuir el uso del plástico, la lucha por cumplir con los acuerdos globales, el combate al tráfico de especies, las campañas de prevención contra el maltrato animal, la delimitación de los páramos, entre otras muchas acciones, muestran una excelente voluntad. Pero bien decían los abuelos “El camino del infierno está plagado de buenas intenciones”; y aquí faltan acciones de control; fortalecimiento de la fiscalía ambiental, fortalecimiento de la policía ambiental, fortalecimiento de las autoridades ambientales, y ante todo campañas de conciencia ciudadana.
Un feliz año para todos ustedes.
@alvaro080255