La Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Ambiente un informe global sobre los resultados de la deforestación en Colombia, dentro del marco de las exigencias de la Tercera Mesa Nacional sobre esta problemática, celebrada en abril de 2024. El órgano llamó a la rendición de cuentas y continúa con su labor de seguimiento a las políticas pactadas por esa cartera.
Dentro de las solicitudes que hace la Procuraduría se encuentran los protocolos para la protección colectiva de los líderes en el país, los mecanismos financieros implementados para el control de la deforestación y los instrumentos económicos promovidos para la transformación productiva sostenible.
A través de la delegada de Asuntos Ambientales, el ente solicita un informe global, al que también invitó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para remitir avances de controles implementados para depurar los canales de comercialización de productos de áreas con importancia ecológica. En esa articulación también requirieron informes de parte del Ministerio de Agricultura y el Instituto Amazónico de Investigaciones.
La petición se hace en medio del desarrollo de la COP16, donde justamente uno de los principales focos ha sido la recuperación de la biodiversidad tanto en Colombia como en el mundo. Asimismo, previo a este evento, el Gobierno otorgó, de manera polémica, competencias a las comunidades indígenas para la gestión del medio ambiente como las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).
Así va la deforestación en Colombia
Según el más reciente informe publicado por parte del Ministerio de Ambiente, en cabeza de la ministra Susana Muhamad, durante 2023 se registró una disminución de esta actividad en un 36 %. De 123.517 hectáreas que fueron deforestadas en 2022, la cifra se redujo a 79.256, lo que significó nuevamente una disminución por segundo año consecutivo y la cifra más baja en los últimos 23 años.
La citada cartera anotó que esta deducción se produce gracias a la implementación del Plan de Contención de la Deforestación, que se ha llevado a cabo junto con las comunidades de las zonas más afectadas en el país. Asimismo, Muhamad destacó que es la primera vez, desde que se tiene registro, que las hectáreas deforestadas están por debajo de 100.000, lo que calificó un logro en la gestión.
Otros de los programas que han contribuido es el Conservar Paga, con el que triplicaron los incentivos para comunidades que protejan los bosques; la agenda ambiental para la paz; además de una mayor presencia estatal en los territorios y el despliegue de la fuerza pública en zonas de conflicto.
Respecto a la Amazonía, este informe de julio de 2024 reportaba que la reducción fue del 38 %, pasando de 71.185 hectáreas a 44.274. Otras regiones que en ese informe también tuvieron reducciones significativas fueron el Meta con 57 %, Putumayo con 52 %, Caquetá con 34 % y el Guaviare con 27 %.
Posterior a la presentación de estas cifras, el Gobierno realizó una nueva inyección de capital para la contención de la deforestación. Fueron más de 77.500 millones de pesos los que se dirigieron para esta iniciativa y que irían destinados principalmente al control de la problemática en el departamento del Guaviare, a pesar de sus significativas cifras del último informe. En aquel momento el presidente Petro destacó que son por lo menos 1.915 familias de esta zona que han implementado los procesos de planificación y manejo forestal.
Finalmente, durante el anuncio de esta inyección de capital el Gobierno destacó que “buscan el fortalecimiento de capacidades organizativas de líderes y lideresas comunitarias y del Gobierno en el componente ambiental para la implementación de acciones orientadas a robustecer las capacidades de las comunidades en la estructuración, ejecución, seguimiento a proyectos, comunitarios de carácter socioambiental”.