Mientras las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) afirman que el Gobierno les debe $2,6 billones, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) sostiene que estas les adeudan $13,8 billones.
Juan Carlos Giraldo, director de la ACHC, le dijo a EL NUEVO SIGLO que en el último estudio, con corte al 30 de junio de 2022, la cifra de cartera que expresaron un poco más de 200 grandes IPS del país, estaba cercana a los $13,8 billones, de los cuales el 56 % es cartera vencida, es decir, que supera los 60 días de mora.
De acuerdo con la ACH, en el semestre mencionado la deuda incrementó $1,1 billones, que indica una variación del 8,5 % entre diciembre de 2021 y junio de 2022.
Juan Carlos Giraldo sostuvo que “cuando se desagrega este monto, se evidencia que “entre el régimen contributivo y subsidiado el 73 % de la deuda corresponde a las EPS. Un 10 % es deuda de la categoría Estado, es decir, entidades territoriales y del orden nacional tipo Adres, ya que también son compradores de servicios. Y el resto son otros deudores como los servicios de medicina prepagada y las pólizas SOAT”.
Estas últimas adeudan a los hospitales y clínicas $287.705 millones, con concentración de cartera vencida del 50 %. Las entidades de este grupo que más deuda tienen son: Compañía Mundial de Seguros S.A., con $58.518 millones, con cartera morosa del 64,6 %; seguido de AXA Colpatria Seguros S.A., que adeuda $48. 012 millones, con una morosidad de 61,8 %, y La Previsora S.A, que adeuda $45.359 millones, de los cuales el 72,4 % es cartera morosa.
Según Giraldo, en el régimen contributivo son cerca de $7,1 billones y $3 billones del subsidiado. Hay que tener en cuenta que aquí están contabilizados los que están liquidados y los que todavía están en operación.
En el grupo de contributivo, de las entidades en operación los mayores deudores son Nueva EPS ($2,1 billones), Sanitas EPS ($694.813 millones) y SURA EPS ($600.721 millones), cuya deuda en conjunto suma más de $3,6 billones.
Recursos
Además, las deudas que tienen a junio de 2022 las entidades de los regímenes contributivo y subsidiado, que están bajo alguna medida de la Superintendencia de Salud –como liquidación, intervención, vigilancia especial, en programa de recuperación, o liquidación voluntaria–, superan los $4,3 billones, de los cuales el 56,5 % corresponde a EPS en liquidación.
En este grupo los mayores deudores son: Medimás EPS ($687.825 millones), Coomeva EPS ($494.215 millones), Cafesalud EPS ($420.890 millones), Saludvida ($174.653 millones) y en quinto lugar Saludcoop EPS ($170.425 millones).
Por su parte, Paula Acosta, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), sostuvo que la deuda que tiene el Gobierno con la EPS asciende a $2,6 billones, sumando 2021 y 2022. “Esto conlleva a que las EPS deban pagar con recursos propios estas prestaciones, por las cuales no reciben contraprestación alguna, ni por los trámites administrativos ni por la auditoría que realizan”.
“Al dejar sin capital de trabajo a las EPS esto se transmite a los prestadores como clínicas, hospitales, laboratorios, centros de imágenes, gestores farmacéuticos, los profesionales independientes, y estos a su vez con sus trabajadores”, agregó Acosta.
Pedidos al Gobierno
Entre tanto, el director de la ACHC dijo que “Le hemos pedido al Gobierno que incluya en el Plan de Desarrollo la creación en el sistema de salud de un marco general de quiebra, lo que debe tener tres componentes. El primero es un fondo de garantías, es decir, que tenga recurso para que cuando haya liquidaciones este fondo sea un garante y que pueda responder por las deudas”.
El segundo componente es régimen de insolvencia para aplicar a las EPS “que no están cumpliendo con algunos indicadores y se les dé una oportunidad para que no vayan a la quiebra; este sería un régimen preventivo”.
El tercer componente que nombra el dirigente gremial es la necesidad de quitar el velo corporativo y “saber quiénes son los dueños de estas compañías para que cuando se presente un proceso de liquidación se pueda solventar con bienes de esos grandes grupos”.
Giraldo reiteró que no es cierto que la mayoría de la cartera vencida corresponda a entidades en proceso de liquidación. “La mayoría de la cartera es por entidades que están activas, cerca de un 40 % es de entidades liquidadas y el 60 % corresponde a entidades que están vivas”, sostuvo.