El mayor problema que tiene Colombia en materia de orden público está ubicado, sin duda alguna, en la frontera con Venezuela. Y es que a lo largo de sus más de 2.200 kilómetros de área limítrofe el accionar de los grupos delincuenciales, que cruzan casi sin ningún control de un país a otro, se ha convertido en un asunto muy grave para la seguridad nacional.

La matanza ocurrida esta semana, que dejó más de 27 personas asesinadas, cuyos cuerpos fueron dispersados por los victimarios en zonas rurales y caminos veredales de Fortul, Saravena y Arauquita (Arauca) y de Cubará (Boyacá), pone de presente que ya es un asunto de escala mayor el enfrentamiento entre las facciones del “Frente de Guerra Oriental” del Eln, que delinquen en Arauca, Boyacá y Casanare, y las disidencias de las Farc.

De hecho, es muy diciente que entre los cuerpos identificados por las autoridades, ocho de los asesinados tenían antecedentes judiciales por distintos delitos como fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, lesiones personales, injuria por vías de hecho, rebelión, secuestro extorsivo, homicidio, receptación, fuga de presos y toma de rehenes. Incluso entre los muertos hay dos cabecillas del frente 10 de las disidencias de las Farc.

Con respecto a este desafío, se requiere de un plan de choque de largo aliento por parte de las Fuerzas Militares y de Policía colombianas para hacerles frente, so pena de perder aún más el ya de por sí limitado control territorial del Estado en esta región.

En ese orden de ideas, lo más complicado termina siendo lo advertido por el fiscal general, Francisco Barbosa, quien señaló al final de la semana que la alianza entre el Eln con las reincidencias de las Farc, al mando del exjefe negociador de paz y hoy escondido en Venezuela, alias ‘Iván Márquez’, podría trasladarse a otros sitios de la frontera, especialmente la zona del Catatumbo, en Norte de Santander. Aquí, según testimonios de habitantes de la zona, ya de por sí estas dos facciones se han unido para combatir el creciente poder del frente 33 de las disidencias.

Esta última facción, como se sabe, no solo ha sido señalada de estar detrás de los hechos más graves ocurridos en Cúcuta en el segundo semestre del año pasado, que incluyeron desde un atentado al helicóptero presidencial hasta el carro-bomba en la Brigada 30 del Ejército y el ataque con explosivos al aeropuerto Camilo Daza, que cobró la vida de dos uniformados, sino que además es considerada como el grupo ilegal que le está disputando a sangre y fuego al Eln, los rezagos de ‘Los Pelusos’ y las reincidencias de ‘Márquez’ el dominio de los extensos narcocultivos en el Catatumbo, las rutas del narcotráfico y la minería ilegal en esta región fronteriza.

Como se recuerda, las reincidencias de ‘Márquez’ han sufrido en los últimos meses duros golpes en territorio del vecino país, en especial los asesinatos de gran parte de su cúpula, como fue el caso de los abatimientos de alias ‘Santrich’, ‘Romaña’ y ‘El paisa’.

Aunque las versiones todavía son muy confusas, una de las principales hipótesis señala que la muerte del primero ocurrió a mano de efectivos del frente 10 de las disidencias (el mismo de los combates esta semana con el Eln en Arauca), al mando de alias ‘Gentil Duarte’. En tanto que los otros dos cabecillas habrían sido asesinados por sus propios hombres en medio de disputas internas por rentas del narcotráfico. Sin embargo, también se alcanzó a rumorar que las emboscadas a ambos cabecillas habrían sido perpetradas por el frente 33 que, como se dijo, delinque en Cúcuta y Táchira.

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¿Qué hacer?

Si bien tras esta última matanza el ministro de la Defensa, Diego Molano, junto a la cúpula de las FF.MM. y la Policía, anunció la implementación de una nueva estrategia para el control del orden público en la frontera, que incluyó la llegada esta semana a Arauca de nuevos contingentes, personal de inteligencia e incluso de equipos para la vigilancia con drones de las zonas más complicadas, lo cierto es que en el pasado ya se aplicaron planes similares sin los resultados esperados.

Por ejemplo, tras la llegada esta semana a la zona de 625 efectivos del Ejército que fueron desplegados en los puntos críticos del departamento, la principal inquietud de las autoridades locales es cuánto tiempo van a permanecer estos hombres en la región.

Precisamente por lo mismo no se prevé un regreso pronto de las 52 familias que fueron desplazadas tras los combates y la matanza, especialmente en los corregimientos de Puerto Nariño, La Esmeralda, Aguachica, La Paz, Puerto Miranda, Babaica y Botalón, pertenecientes a los municipios de Arauquita, Tame, Fortul y Saravena.

El temor es alto entre la población, ya que se prevé que el grave choque entre elenos y disidencias tendrá coletazos, sobre todo en materia de asesinatos selectivos de integrantes o allegados a cualquiera de esas dos facciones.

Resulta obvio que no hay posibilidad alguna de una coordinación con el gobierno de Nicolás Maduro para concretar un plan de vigilancia y control binacional en la zona.
Tanto el presidente Duque como el ministro Molano reiteraron esta semana que está más que comprobado que la dictadura chavista está dando protección territorial a las reincidencias de las Farc y los elenos. No hay que olvidar, por ejemplo, que el comandante de las FF.MM., general Luis Fernando Navarro, le dijo hace dos semanas a EL NUEVO SIGLO que en Venezuela permanecían no menos de 1.100 hombres del Eln. Esto significaría entre un 35 y 40% del total de integrantes de la facción insurgente.

Los elenos y las reincidencias de las Farc se han dedicado a controlar el negocio del narcotráfico y la minería ilegal en varias zonas del vecino país, en enlace con estructuras delincuenciales comunes locales pero que poco a poco han extendido sus tentáculos hacia municipios colombianos en Arauca, Norte de Santander y la alta Guajira.

En ese orden de ideas, resulta evidente que cualquier plan de contingencia que se active por parte del Estado colombiano para recuperar el dominio territorial de los principales enclaves fronterizos debe ser una estrategia unilateral del gobierno Duque.

Incluso no está descartado que el aumento de pie de fuerza castrense y policial colombiano de esta semana en la frontera araucana, escale las tensiones con el gobierno chavista. No es gratuito, por ejemplo, que después de la matanza de 27 personas, que habría comenzado tras un ataque de las disidencias de las Farc a un campamento eleno al otro lado de la frontera, Caracas anunció un refuerzo militar en la zona e incluso distribuyó imágenes y fotografías sobre la llegada de uniformados y equipamiento castrense a la región.

Para algunos analistas y expertos en conflicto armado al gobierno colombiano le cogió ventaja la crisis en la frontera, de un lado por la incapacidad para frenar la expansión tanto del Eln como de las facciones residuales de las Farc. Y, de otro, porque ha perdido iniciativa en la zona y tiene un accionar más reactivo que proactivo.

No es un asunto fácil de solucionar. Ello se comprueba en las distintas reacciones y propuestas que plantean los candidatos presidenciales sobre qué hacer en la frontera.

Una militarización permanente a lo largo de la línea fronteriza no solo asoma como una solución poco práctica y muy costosa sino que, en medio de la coyuntura electoral en Colombia, podría darle una excusa al régimen de Nicolás Maduro para interferir o generar ruido en la definición política en nuestro país.

Como se ve, es muy complicada la situación en la frontera. El Gobierno y la Fuerza Pública tienen margen de acción pero es claro que mientras la dictadura impere al otro lado de la línea limítrofe todo dependerá de las autoridades colombianas. Se requiere audacia y nuevas estrategias, porque las hasta ahora implementadas no han funcionado como se esperaba…