En apenas 96 horas, el 11 de enero de hace dos décadas, se construyeron un centenar de celdas en la que hoy es la prisión de máxima seguridad de la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba, para albergar a los primeros presos enviados desde Afganistán. Hoy, 20 años después, tiene 39 reclusos, dos de los cuales recibieron este martes la buena nueva de su liberación. Los demás seguirán esperando, sin juicio a la vista e inclusive sin habérseles presentado cargos.

En concreto, 27 de ellos están presos sin que se hayan presentado cargos penales. En el caso de los cinco sospechosos de los atentados del 11 de septiembre presos, los procedimientos tienen tantas deficiencias que ninguno de ellos ha llegado a juicio.

En contraste, dos de ellos, el yemení Sanad Yislam al-Kazimi y el afgano Asadula Haroon Gul, conocido como Haroon al-Afghani, están ad portas de su liberación tras obtener el 7 de octubre su aprobación, según documentos publicados por la Junta de Revisión Periódica de Guantánamo y oficializados ayer por el Pentágono.

Kazimi, de 51 años, quien fue un guardaespaldas de bajo nivel del fundador de Al Qaida, Osama bin Laden, está en esa prisión desde hace 17 años. Fue detenido en Dubai en noviembre de 2002 y entregado a funcionarios estadounidenses el año siguiente, interrogado por la CIA en Afganistán y luego trasladado a Guantánamo en 2004.

Dada la situación inestable en Yemen, la junta -que integran altos funcionarios de seguridad estadounidenses- recomendó que Kazimi sea enviado al vecino Omán, que tiene un programa de rehabilitación para los detenidos en esa cárcel estadounidense que opera en territorio cubano.

Gul, en tanto, de 40 años, está en Guantánamo desde junio de 2007 acusado de comandar una milicia islamista y ser correo de Al Qaida. La Junta de Revisión había rechazado su liberación hace un año, pero el nuevo fallo consideró que no tuvo "un papel de liderazgo en las organizaciones extremistas".

Estos nuevos fallos de la Junta de Revisión elevaron a 12 el número de detenidos de Guantánamo considerados aptos para su liberación, de los 39 que permanecen en la prisión.

El Departamento de Estado debe negociar con terceros países que los acepte y monitoree.

En el caso de Gul, podría significar entregarlo al gobierno talibán aliado de Al Qaida que tomó el control del Afganistán en agosto.

El gobierno de Joe Biden se ha mostrado dispuesto a liberar a todos los detenidos y cerrar la prisión pero espera luz verde del Congreso para hacerlo.

De los otros 27 en cuya liberación no fue aprobada, diez, incluido el autor intelectual de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, Jalid Sheik Mohamed, enfrentan actualmente un juicio. Otros dos fueron condenados y el resto permanece en un limbo.

En el otro extremo, los presos "de bajo valor" son trece. Todos ellos han recibido la luz verde para su traslado, algunos hace años, como Tawfiq al Bihani, un yemení detenido en Irán en 2001 cuya repatriación se recomendó el 2010. La oposición de los republicanos en el Congreso, la inercia burocrática y el rechazo de otros países a acogerlo han impedido su salida de Guantánamo.

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780 presos

Dicha  prisión ha albergado en total a 780 ciudadanos de terceros países, incluidos menores de edad, de los que el 55 por ciento no cometieron ningún tipo de acción hostil contra Estados Unidos o sus aliados, según un estudio de la Facultad de Derecho de Seton Hall elaborado a partir de datos del propio Departamento de Defensa. Del total, solo se ha presentado cargos contra doce y solo dos han sido condenados en juicios militares.

Las instalaciones han mejorado en estos veinte años. De las cien celdas de aislamiento y cinco salas de interrogatorio sin ventanas se ha pasado a bloques de celdas con neveras y despensas comunes.

En los 20 años de funcionamiento de la prisión han muerto nueve internos, siete de ellos en aparentes casos de suicidio. Es el caso de Yasir Talal al Zahrani, un adolescente saudí capturado en 2002 en Afganistán que apareció muerto en su celda cuatro años después. Su familia insiste en que no se suicidó.

Sin embargo, el centro corre el riesgo de convertirse en un geriátrico muy rudimentario en pleno Caribe y son cada vez más las muertes por causas naturales. El Pentágono ha solicitado 88 millones de dólares para construir un hospital para enfermos terminales, según reveló 'The New York Times' en abril.

Varias réplicas

Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han criticado un aniversario "que no debería haberse alcanzado" y han advertido de que la propia existencia de la prisión deslegitima a Estados Unidos y provoca que se repliquen cárceles parecidas en otros países.

"Las entregas ilegales, las detenciones en secreto y las torturas han dañado al sistema internacional de derechos humanos", ha reprochado desde HRW Letta Tayler.

"Al cometer estos abusos con impunidad, Estados Unidos ha facilitado que países como Rusia, Egipto o China critiquen a Washington y sorteen las condenas internacionales de sus propias violaciones de derechos humanos", ha argumentado.

Además, aliados de Estados Unidos como Irak, Nigeria, Egipto o las fuerzas del noreste de Siria "han replicado el modelo Guantánamo" con miles de detenidos en condiciones lamentables por presuntos delitos de terrorismo sin cargos ni juicio. Entre los detenidos hay miembros de la sociedad civil, familiares de sospechosos y menores de edad víctimas ellos mismos de los grupos armados.

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Coste político

Tres de los cuatro últimos presidentes de Estados Unidos han declarado abiertamente su intención de cerrar Guantánamo, con la excepción de Donald Trump, pero las trabas de la oposición en el Congreso y la falta de voluntad clara por su alto coste político han impedido que cumplieran sus promesas.

Ante todas estas trabas, la directora del proyecto de seguridad nacional la Unión Americana por las Libertades Civiles, Hina Shamsi, ha argumentado que sería tan sencillo como que la Administración retirara su oposición en los casos de habeas corpus y permitiera así la entrega a los tribunales ordinarios de los detenidos.

"Con órdenes judiciales de transferencia, no sería necesario que hubiera notificaciones del Congreso", ha explicado Shamsi en declaraciones al diario británico 'The Guardian'. Ello implicaría, entre otros compromisos, acuerdos de súplica que descartarían la pena de muerte.

Sin embargo, también provocaría una tormenta política que alimentaría el discurso sobre la debilidad del presidente Joe Biden frente a los enemigos de Estados Unidos. "Es el tipo de espina que hay que arrancar de inmediato", sostuvo el profesor de Derecho Bernard Harcourt. "Con las elecciones de mitad de mandato a la vista y después otras elecciones presidenciales, no va a haber menos presión. Al contrario. Va a ir a peor", ha advertido.

Uno de los argumentos políticos de mayor peso es el coste de la prisión. En total se calcula que la prisión cuesta 540 millones de dólares al año, es decir, casi 14 millones de dólares por preso, lejos de los 80.000 dólares que cuesta un interno en una de las prisiones de máxima seguridad estadounidenses.

Sin embargo, el argumento más sólido es el de la ilegalidad de estas detenciones. "Ha pasado una generación de conflictos y la prisión de Guantánamo sigue abierta y cada día que continúa abierta es una afrenta a nuestro sistema de justicia y al estado de derecho", ha advertido el senador demócrata Dick Durbin en una de las sesiones dedicadas a Guantánamo.

Llamado de expertos

Entre tanto, un grupo de expertos de la ONU pidieron a Estados Unidos cerrar finalmente el sitio donde "se han violado de manera implacable los derechos humanos".

Más de diez expertos en derechos humanos de la ONU expresaron su indignación porque sigue funcionando la prisión militar estadounidense, creada después de los ataques de septiembre de 2001 como sitio de detención en el marco de la "guerra contra el terror".

Lo describieron como una "mancha" de "notoriedad incomparable" para el compromiso estadounidense con el Estado de derecho. "Veinte años de practicar la detención arbitraria sin juicio acompañada de tortura o maltratos es simplemente inaceptable para cualquier gobierno que se haya comprometido a defender los derechos humanos", indicaron en comunicado.

Dos grupos que trabajan para la ONU en desaparición forzada y detención arbitraria, y cinco expertos independientes en derechos humanos pidieron al gobierno estadounidense cerrar el sitio, regresar los detenidos a sus países de origen o a terceros países seguros, y dar remedio y reparación por la detención en el marco de la tortura.

Como nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es muy importante para Estados Unidos "cerrar este feo capítulo de implacables violaciones de los derechos humanos", indicaron los expertos, que son nominados por el consejo, pero no hablan a nombre de la ONU.