Luego de la reunión que sostuvieron el presidente Iván Duque y Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia en la Casa de Nariño, el organismo mundial alertó nuevamente la crisis por la que atraviesan los líderes sociales. 

Según Duque, se trató de una conversación franca y clara en la que manifestó a Ruiz, lo que el jefe de Estado calificó como ‘fragilidad’ con la que recibió el proceso de implementación del acuerdo de paz, firmado entre el Gobierno y las Farc en la administración Santos. 

Por su parte, Ruiz afirmó que fue la oportunidad, “para señalar áreas de preocupación mutua, como el tema de los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos”.

“En ese sentido, aprecié que el presidente compartiera conmigo los esfuerzos y los planes que tiene para lidiar con esta delicada situación”, expresó.

Por último, el jefe de Estado agradeció el apoyo de la Misión de la ONU en Colombia, especialmente para el nuevo periodo en que los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) tendrán una transición para convertirse zonas de desarrollo productivo. 

“Compartir la fragilidad con la que se recibió el proceso de implementación y los avances que hemos estado haciendo, muestran el deseo genuino que ese proceso de reincorporación, una vez termine la figura de los ETCR y se conviertan en zonas de desarrollo productivo tengamos la protección de la Fuerza Pública”, dijo el primer mandatario.

CIDH reitera llamado para prevenir asesinatos a líderes sociales

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó un nuevo llamado al Gobierno colombiano para que tome medidas urgentes para prevenir la violencia y proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.

"La CIDH ha expresado reiteradamente su preocupación por la situación de violencia que enfrentan" estas personas, "en particular los serios desafíos para garantizar su protección, sus limitadas medidas de seguridad y la impunidad de los delitos que les afectan", dijo el organismo americano en un comunicado este martes.

La Comisión visitó el país entre el 27 y el 30 de noviembre pasado y, con base en ello, dio 11 recomendaciones al Estado colombiano tendientes a garantizar la vida y seguridad de defensores y defensoras de derechos humanos, esenciales "en la consolidación del Estado de Derecho y la transición hacia la paz en Colombia".

Entre los puntos está "redoblar sus esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz para que en todo el territorio estén dadas las condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos y de las comunidades".

También hizo un llamado al Ejecutivo colombiano a convocar a organizaciones sociales para construir una política pública integral de prevención y protección de las personas, retomando espacios de diálogo como la Mesa Nacional de Garantías y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en la que existían acuerdos pactados previamente.

Además de pedir que se implementen las medidas cautelares otorgadas y mantener esquemas de protección, la Comisión instó a la administración de Iván Duque a crear un registro completo de "todas las agresiones -en sus diferentes modalidades- en contra de quienes defienden derechos humanos o tienen liderazgo social y/o comunal".

Otros puntos incluyen adoptar medidas de protección teniendo en cuenta las situaciones particulares de las personas afectadas, aumentar el nivel de coordinación entre las autoridades nacionales y locales, adoptar planes para prevenir y combatir la estigmatización, así como enfoques diferenciales de género, étnico y para población LGBTI, entre otras medidas.

La delegación que visitó el país estuvo liderada por el comisionado Francisco Eguiguren, relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, e integrada por el secretario ejecutivo, Paulo Abrão, la jefa del Despacho de la Secretaría Ejecutiva, Marisol Blanchard, y personal técnico de la Secretaría Ejecutiva. Se realizaron actividades en Bogotá, Quibdó (Chocó) y Medellín (Antioquia).

Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 han sido asesinados 431 líderes y defensores de derechos humanos en todo el territorio nacional. Y en lo que va del 2019, siete han perdido la vida.