53 veces ha sido modificada la carta del 91 en sus más de 28 años de vigencia. Actualmente hay tres iniciativas más que están siendo tramitadas en el Congreso

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Cinco reformas constitucionales fueron promulgadas por el presidente Iván Duque durante 2019, lo que elevó a 53 el número de veces en que la Carta de 1991 ha sido modificada en sus casi 29 años de vigencia.

Las cinco iniciativas que aprobó el Congreso el año pasado fueron las reformas al Sistema General de Regalías, al control fiscal, la que estableció la segunda vuelta para elegir alcalde de Bogotá, la que eliminó la conexidad entre el delito político y los delitos de secuestro y narcotráfico y la que le otorgó al municipio de Barrancabermeja la categoría de distrito.

En comparación con los años anteriores este fue el más prolífico en actos legislativos aprobados junto a 2017, cuando salieron avante también cinco iniciativas, todas relacionadas con el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, y que tenían en gran parte efectos transitorios.

Mientras que en 2018 fueron promulgadas solo dos iniciativas: la que estableció la doble instancia para funcionarios públicos y la que elevó al municipio de Tumaco (Nariño) a la categoría de Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico. Y en 2016 solo se aprobó una, también relacionada con el Acuerdo de Paz.

A mediados de 2008 se habían producido 26 de estas reformas, mientras que en mayo de 2010 eran 29. En los últimos 10 años el Congreso de la República ha aprobado 24. Es decir, en solo una década se aprobaron casi tantos actos legislativos como en las dos anteriores.

Los ocho años del gobierno Santos y los dos congresos elegidos durante sus periodos están entre los más reformadores de la Carta Política. En adición a las iniciativas relacionadas con el proceso con las Farc, se aprobaron la primera reforma al Sistema de Regalías, el establecimiento del principio de sostenibilidad fiscal, los instrumentos jurídicos de justicia transicional, la reforma de equilibrio de poderes, las medidas para fortalecer la representación en el Congreso de la República de los colombianos residentes en el exterior, entre otras.

¿Qué estipulan las cinco reformas de 2019?

La reforma a las regalías contempla un importante aumento de los recursos para las entidades territoriales productoras y los municipios con mayores niveles de pobreza. En la modificación que se realizó al artículo 361 de la Constitución Política las regiones productoras pasarán de recibir un 11% actual a un 25%.

La reforma al control fiscal aumenta a más del doble los recursos de la Contraloría. Durante los próximos tres años el presupuesto del ente de control será aumentado a cerca de $1,2 billones. En el primer año se adicionarán $250.000 millones, en el segundo otros $250.000 millones y en el tercero $136.000 millones. Establece, además, un control preventivo, que tendrá carácter excepcional.

La reforma constitucional que establece la segunda vuelta para las elecciones a la Alcaldía de Bogotá a partir de 2023 señala que esta se realizará si ninguno de los candidatos supera el 40% de los sufragios y sobrepasa al segundo más votado por más de 10 puntos porcentuales.

La reforma constitucional que estipula la prohibición para que el secuestro y el narcotráfico sean conexos al delito político señala que en posteriores acuerdos con grupos armados no podrá existir respecto de ellos amnistía o indulto.

La última reforma constitucional otorga la categoría de distrito especial portuario y biodiverso al municipio de Barrancabermeja, con esto se suma a municipios como Buenaventura, Tumaco, Riohacha, entre otros que tienen esta misma categoría.

Los tres proyectos que siguen en trámite

De 25 proyectos de reformas a la Constitución radicados a mitad de año solo tres se mantienen con vida, tras recibir su aprobación en los primeros cuatros debates de los ocho requeridos. Si llegan a tener un trámite exitoso, a mediados de este año se elevaría a 56 el número de reformas.

El primero que logró su aprobación fue el acto legislativo que crea la cadena perpetua para violadores de niños. La iniciativa modifica el artículo 34 de la Constitución Política así: “De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua. Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a 25 años, para evaluar la resocialización del condenado”.

Mientras que la iniciativa relacionada con la Amazonia busca adicionar al artículo 310 de la Constitución normas especiales para la organización, funcionamiento, protección cultural, étnica y ambiental de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés. Dicha iniciativa incluye en la Constitución, para estos departamentos, normas especiales como las que tiene el departamento de San Andrés y Providencia.

Por su parte la tercera iniciativa busca la asociación entre Bogotá y Cundinamarca para “conformar la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca bajo el principio de equidad territorial, con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, dentro de las condiciones que fijen la Constitución y la ley”, según reza el articulado. “La Región contará con un Consejo Regional, que será su máximo órgano de gobierno conformado por el Alcalde Mayor de Bogotá, los Alcaldes de los municipios de Cundinamarca que se asocien y el Gobernador de Cundinamarca. En su jurisdicción las decisiones del Consejo tendrán superior jerarquía sobre las del Distrito en lo relacionado con los temas objeto de su competencia, las de los Municipios y del Departamento de Cundinamarca”, agrega.