Luego de que se pactara con las disidencias de las Farc un protocolo para la implementación y verificación del cese bilateral el fuego, ayer el ministro de Defensa, Iván Velázquez, dijo que el siguiente paso es acordar la concentración de sus integrantes en una zona. 

“Ahora estamos en la georreferenciación entre el Estado Mayor Central de las Farc y las Fuerzas Militares, luego se pasará a la concentración”, dijo el ministro Velásquez. 

Explicó a RCN Radio sobre la pretendida zona de concentración que “hemos dicho con el presidente que no pueden ser espacios que coincidan con corredores de droga, con lugares de laboratorios, mucho menos si, como lo afirma esa organización, no tiene ninguna relación directa con actividades de narcotráfico. Por lo tanto no tiene por qué proteger esas actividades”.  

El ministro Velásquez agregó que "la idea es que se proceda de inmediato en las discusiones con el estado mayor a definir este tema de la concentración como una manera más adecuada para garantizar que no continúan con actividades delictivas". 

En cuanto al protocolo que se acordó con las disidencias de las Farc para el cese el fuego bilateral, el ministro de Defensa explicó que “se trata de la fijación de las reglas que rigen el cese el fuego, la conformación del mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación, cómo se conforman las funciones del mecanismo, de los actos que están prohibidos a las partes y del reconocimiento expreso de la facultad que tiene la Fuerza Pública para hacer presencia en todo el territorio y continuar además desarrollando sus operaciones de control del orden público y represión de la criminalidad”. 

Señaló que la comisión que verificará el cumplimiento de lo acordado en el cese del fuego bilateral estará integrada por un delegado del Ministerio de Defensa, uno de las Fuerzas Militares, uno de la Policía, dos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, cinco miembros de las disidencias, la Misión de Verificación de Naciones Unidas, la Misión de Apoyo a la Paz de la OEA, la Iglesia Católica y organizaciones que tengan presencia en el territorio, quienes deberán tramitar los posibles incidentes o violaciones graves. 

Dijo también Velázquez que en dicho protocolo se contempla la georreferenciación de las disidencias, lo que implica que “el Estado Mayor Central debe suministrar las coordenadas amplias de los lugares que tradicionalmente han ocupado. Hay una verificación por parte de las Fuerzas Militares”. 

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Denuncias

El Gobierno acordó el cese el fuego bilateral temporal con cuatro grupos armados organizados, a partir del pasado 1 de enero y hasta el 30 de junio próximo, en el marco de su política de paz: la ‘Nueva Marquetalia’, el ‘Clan del Golfo’, los ‘Pachenca’ y las disidencias.

Sin embargo, hasta el momento solo con las disidencias de las Farc se ha pactado un protocolo para la implementación y verificación del cese el fuego bilateral. 

En un comunicado de prensa la Oficina del Alto Comisionado para la Paz advierte sobre el protocolo del cese el fuego bilateral pactado con las disidencias, que “como en los demás ceses, no se suspende el ejercicio pleno del Estado Social de Derecho. La Fuerza Pública seguirá ejerciendo sus obligaciones de seguridad y defensa nacional, así como tampoco se suspende, de ninguna manera, el ejercicio pleno de todos los poderes del Estado”. 

Este protocolo surgió después de las denuncias que hizo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por la presencia de integrantes de las disidencias con camuflado y armados en el casco urbano de algunos municipios de este departamento. Incluso dijo que estuvieron en una escuela rural. 

A propósito de esto el protocolo dentro de sus lineamientos prohíbe el tránsito o permanencia del grupo armado Estado Mayor Central Farc-EP (las disidencias) en cabeceras municipales, corregimientos, inspecciones de policía, así como en vías primarias, evitando cualquier afectación a la vida e integridad física de la población civil. 

Establece también el citado protocolo que la Fuerza Pública seguirá actuando, respetando el cese al fuego bilateral y acatando los compromisos adquiridos, ejerciendo sus funciones y mandato constitucional, legal y reglamentario sin ninguna excepción en todo el territorio nacional, garantizando la seguridad de todos los colombianos.