Aunque los índices históricos de violencia contra líderes sociales en Colombia han disminuido sustancialmente, se alerta sobre un posible aumento en la época electoral que se avecina, incluidos los homicidios.

El próximo 27 de octubre los colombianos irán a las urnas para elegir alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles de todo el país. Y si el gobierno del presidente Iván Duque no toma cartas en el asunto, la situación puede tornarse mucho más crítica para este sector de la sociedad, que tienen un papel decisivo en los resultados.

Este es uno de los principales aspectos que inquietan a expertos e investigadores, que reiteran un llamado al Gobierno colombiano para aumentar los mecanismos de protección en la época previa a los comicios, pues los momentos más álgidos de victimización de los líderes y defensores de derechos humanos coinciden con periodos preelectorales.

Así lo señala Alejandro Restrepo, coordinador de la línea de investigación de Conflicto, Paz y Posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), quien manifiesta que “aunque hay una tendencia general hacia la baja en los índices de violencia, hay unos municipios en los que la tendencia ha aumentado”. 

El analista afirma que pese a que anteriormente “no se visibilizaba el problema de victimización a líderes y lideresas sociales", porque no había un consenso a propósito de qué significaba, los seguimientos hechos desde 2012 y 2013 permitieron constatar “que sí hay un aumento de esa victimización”.

“Es difícil contrastar cifras de manera muy rígida, pero con el seguimiento realizado desde 2012 vemos que hay un incremento en dicha victimización, cuyos momentos más álgidos coinciden con periodos preelectorales. Esa violencia política que busca, en esos picos, eliminar la posibilidad de que esas personas hagan política o pertenezcan a una propuesta alternativa de transformación de su territorio", afirmó.

Un informe reciente de Pares indica que en el marco de los procesos electorales se experimenta este pico, como ha sucedido en los comicios del Plebiscito (2 de octubre de 2016), en las elecciones legislativas (11 de marzo de 2018) y en las elecciones presidenciales (27 de mayo y 17 de junio de 2018).

"Los datos son sencillamente escalofriantes. Cada día ocurre 0.7 agresiones, o lo que es lo mismo, casi que una agresión por día. Y cada 4 días ocurre un homicidio de un líder social desde hace 2 años", dice el documento.

Restrepo confirmó que este tipo de violencia disminuye cuando finaliza la tensión electoral. Además, detalló un asunto que es una penosa realidad, y es que aunque el acuerdo de paz ayudó a visibilizar la victimización de dichos liderazgos, incluso desde tiempo atrás, "no hay un consenso" en cuanto a cifras o a la realidad que vivían estas personas. 

Entre tanto, detalla que a diferencia de la época paramilitar, cuando había un plan unificado (sistemático) para exterminar a personas de izquierda o con liderazgos políticos alternativos, ahora hay variaciones regionales significativas.

En ello concuerda Camilo Echandía, profesor emérito de la Universidad Externado de Colombia y uno de los mayores conocedores de conflicto armado y violencia en el país, quien señala que aunque se puede afirmar que "ha habido un repunte en asesinatos en el país, no estamos en un pico histórico comparado con aquellos años cuando se asesinó a dirigentes sindicales o líderes de la Unión Patriótica (UP)". Durante su primer año de existencia (entre 1985 y 1986), 300 de sus miembros fueron exterminados.

No obstante, Echandía lanza una advertencia, la misma que Alejandro Restrepo, al asegurar que dicha situación "se ha venido agravando por cuenta de la incapacidad del Estado de llenar el vacío a raíz de la desmovilización de las Farc, por una competencia muy fuerte por el control de escenarios particulares donde había economías criminales como cultivos de coca, minería ilegal y contrabando".

"No es un hecho nuevo ni un pico histórico, es una situación que se viene presentando en los últimos cuarenta años, pero hay que hacerle frente: evitar esa competencia armada que pasa por encima de las organizaciones sociales", subrayó.

Cifras dispersas

Así como anteriormente no había consenso a propósito de qué significaba ser un líder social, tampoco hay una unidad en cifras o periodos de análisis en la actualidad. Y al indagar sobre estadísticas históricas, la búsqueda es bastante compleja.

Entre los estudios más recientes está el de la Fundación Ideas para La Paz (FIP), que documenta homicidios desde el año 2010. Según sus datos, entre ese año y agosto de 2018, el número de homicidios se comportó así: en 2010 hubo 38 casos; en 2011, 62; en 2012 se registraron 81; en 2013, 95; en 2014 bajó a 64; en 2015 volvió a subir a 87; en 2016 hubo una leve disminución, con 85 casos; en 2017 bajó a 70; pero en agosto de 2018 la cifra mortal alcanzaba los 93 casos.

Por su parte, la Fundación Pares presenta un análisis entre 2012 y 2017 que señala que "con el inicio del nuevo Gobierno (en agosto de 2018) se ha experimentado un repunte de las manifestaciones violentas contra organizaciones y liderazgos locales y regionales", y que su Observatorio de Violencia Política "ha documentado 545 casos de agresión a líderes y defensores de Derechos Humanos en Colombia desde la firma del Acuerdo de La Habana hasta el 13 de noviembre de 2018, entre los que se contabilizan 274 amenazas, 200 homicidios, 56 atentados, 2 agresiones sexuales, 9 secuestros y 4 desapariciones forzadas".

Según datos del subdirector de Pares, Ariel Ávila, hasta el pasado 9 de enero los homicidios habían subido a 229.

La Defensoría del Pueblo calcula que desde el 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2018, se han asesinado 431 líderes y lideresas en todo el país. Además, indica que entre el 1 de enero de 2018 y el 9 de febrero de este año, la cifra de víctimas mortales fue de 257.

Por otra parte, según la misma entidad, durante 2018 se registraron 172 asesinatos y en promedio cada 48 horas fue asesinada una persona que abogaba por derechos humanos o era líder social.

Un informe de la ONG Dejusticia comparó sus registros con información de otras seis organizaciones y documentó que mientras dichos organismos de derechos humanos reportaron el asesinato de 160 líderes sociales en 2016, ellos constataron aproximadamente 166 casos. Mientras en 2017 Dejusticia documentó aproximadamente 185 casos, los otros registros dieron cuenta de 172.

Como se ve, no hay una unidad numérica o temporal. Lo que sí hay es una realidad preocupante en el país, dada la relevancia que han cobrado estos actores en la construcción de paz. No obstante, Alejandro Restrepo le aseguró a la Agencia Anadolu que se está trabajando con otras organizaciones para unificar esta información.

La FIP explica que ahora los líderes tienen mayor visibilidad dados los nuevos espacios de participación que impulsa el Acuerdo de Paz, por sus acciones que "afectan intereses de actores legales e ilegales", por las "tensiones intracomunitarias" en sus comunidades y agendas, y por "los reacomodos territoriales de los grupos armados ilegales y sus disputas".