EL NUEVO SIGLO consultó a expertos en seguridad sobre una eventual modificación del decreto actual que regula su uso
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Desde 2016 se limitó el porte legal de armas en Colombia, decisión que se ha mantenido en el gobierno actual.
En la última semana congresistas del Partido Conservador y de Centro Democrático han hablado de la necesidad de revisar esta reglamentación y flexibilizarla.
El representante conservador Juan Carlos Wills señaló que presentará un proyecto en ese sentido. “Vamos a presentar un proyecto que de verdad regule la tenencia y porte de armas en Colombia. No puede ser posible que tantos colombianos de bien, que hoy están alto grado de vulnerabilidad, por amenazas o porque son perseguidos, no tengan herramientas para defenderse”, expresó a medios radiales.
El representante uribista Christian Garcés pidió el gobierno una revisión del decreto. Señaló que este “restringe de manera excesiva el porte legal de armas vulnerando el derecho a la legítima defensa”. EL NUEVO SIGLO consultó a expertos en seguridad en relación con una eventual flexibilización del porte de armas en el país.
Necesidad
Para Alfredo Rangel, exsenador y experto en estos temas, es una “necesidad imperiosa” para la seguridad ciudadana flexibilizar la tenencia y el porte de armas en el país.
“La prohibición del porte de armas en las ciudades está facilitando el accionar de los delincuentes que no tienen ningún escrúpulo para asesinar y herir a los ciudadanos indefensos para robarles un celular. Está demostrado internacionalmente que cuando la gente de bien se arma el índice de delitos relacionados con la seguridad ciudadana, como asaltos a comercios, droguerías, o los hurtos a personas, disminuyen de manera sustancial. En Colombia hay muchas más armas ilegales en manos de los bandidos que armas con salvoconducto en manos de la gente de bien”, expresó.
De acuerdo con Rangel, Colombia es uno de los países que internacionalmente “tiene mayores requisitos y barreras para que los ciudadanos puedan acceder tanto a la tenencia como al porte. Creo que lo primero que habría que hacer es acabar la restricción al porte de armas en ciudades como Bogotá. Desde hace varios años esto está absolutamente prohibido facilitando de esta manera el accionar de los delincuentes que encuentran absolutamente inerme a los ciudadanos que no pueden defenderse frente a los ataques que proliferan por parte de la delincuencia común y la organizada”.
John Marulanda, también experto en seguridad, señaló que estar de acuerdo con flexibilizar el porte, pero “haciendo las siguientes aclaraciones: debe haber un mayor control para los civiles que adquieran las armas exigiéndoles no solamente el salvoconducto sino que junto con este deben tener portar el decálogo de seguridad de las armas, la tarjeta de tiro de su último polígono, deben hacer polígono cada seis meses y obtener mínimo siete puntos sobre los 10 reglamentarios. Igualmente, una pequeña tarjeta con las reglas de enganche, es decir bajo qué situaciones legales puede hacer uso de su arma. Esos cuatro documentos deben estar actualizados y deben ir junto con el salvoconducto correspondiente”.
Marulanda consideró que también sería importante facilitar “mucho más la tenencia y porte de armas a los oficiales superiores y suboficiales de grado sargento de las Fuerzas Militares y de Policía, ya que ellos han pasado toda su vida entre las armas y no tendrían unos requisitos tan severos como los civiles”.
“Hay que flexibilizar dada la imposibilidad del estado de garantizarnos a todos la seguridad y nuestra integridad personal”, subrayó.
Error de política pública
Jairo Libreros, docente de la Universidad Externado, manifestó que la prohibición actual del porte de armas es correcta. “La medida que ha sido refrendada en dos oportunidades por el presidente es correcta. Hay dos estudios que permiten analizar cuál ha sido el comportamiento de la variante del uso de armas en el espacio público frente al homicidio, el cual ha descendido. En una primera etapa el descenso fue muy importante y en los últimos 12 meses se mantiene, pero no en una tendencia tan fuerte como los dos años anteriores”, expresó.
“Habilitar facilidades para que los ciudadanos porten armas es trasladarles la carga de seguridad pública a los ciudadanos. Volver más flexible la norma sería un error de política pública muy importante. Lo que está fallando es que la Policía no está teniendo los suficientes controles para determinar si las personas respetan o no la veda del porte de armas”, agregó.
Por su parte, Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, consideró que modificar la reglamentación actual “no va a solucionar los problemas estructurales de seguridad a nivel nacional. Hay varios estudios internacionales que muestran que un mayor número de armas no implica mayor seguridad”.
“A primera vista lo que se vería es una percepción de una falta de seguridad porque las personas andarían armadas. Eso no es una solución de fondo más en país como Colombia donde la tasa de homicidios por casos de intolerancia es mucho mayor que los homicidios por conflicto armado. En un país que tiene tasas de violencia tan altas armar a la gente lo único que generaría es mayor inseguridad”, expuso.
¿Qué estipula el decreto?
El presidente Iván Duque firmó a finales de diciembre pasado el decreto que prorroga la prohibición del porte de armas en el país por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2020.
El documento señala que para que una persona pueda utilizar un arma de fuego debe pasar por un proceso de análisis del porqué está solicitando dicho permiso. "Quienes deseen portar un arma deben pasar por un proceso de evaluación y análisis que, eventualmente, les da la posibilidad de tener un permiso de porte. Al estar suspendidos de estos permisos, solo quienes obtengan un permiso especial podrán portar un arma", dice el texto.
Asimismo, el Gobierno señaló que el Ministerio de Defensa es la cartera que establecerá los lineamientos para la expedición de las autorizaciones especiales, de personas que por razones de urgencia o seguridad necesiten portar estos artefactos.