Si bien es cierto que el lunes pasado los presidentes de las comisiones permanentes de la Cámara de Representantes acordaron que la reforma a la salud será tramitada como un proyecto de ley ordinaria, lo que significa que se suprimirá del mismo todo aquello que suene a estatutaria, aterrizar esa determinación no es fácil. 

Ayer en la plenaria de la Cámara se discutía la validez de la decisión que tomaron los presidentes de las siete comisiones de tramitar la reforma como ley ordinaria, pues un grupo de parlamentarios, entre otros Paloma Valencia y Humberto de la Calle, trajeron a colación que según el reglamento del Congreso la apelación que presentaron frente a esta determinación corresponde dirimirla al pleno de la Corporación. 

Salud es una de las tres grandes reformas que tiene previstas adelantar la administración de Gustavo Petro. El pasado 13 de febrero, la ministra Carolina Corcho presentó el proyecto a la Cámara, como ley ordinaria. 

Sin embargo, la semana anterior 25 parlamentarios de distintos partidos enviaron una misiva a los presidentes del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara, David Racero, solicitando que la reforma se tramite como ley estatutaria, pues consideran que varios artículos modifican el derecho a la salud. 

"Se busca modificar el derecho definido en la ley que regula el derecho fundamental a la salud, reforma que, en ninguna circunstancia, podrá ser realizada mediante el trámite de una ley ordinaria", indican los 25 legisladores en la carta dirigida a Barreras y Racero.  

Advirtieron también los congresistas que si la reforma se tramita como ley ordinaria y es aprobada, podría caerse en la Corte Constitucional por vicios de trámite. 

“Existen elementos más que suficientes para determinar” que “tendrá que ser tramitado como ley estatutaria (...) con el fin de evitar futuros vicios de constitucionalidad lo que pondría en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud de los habitantes del territorio nacional”, pusieron de presente en la carta los 25 congresistas. 

Sin embargo en la reunión que sostuvieron el pasado lunes el presidente de la Cámara con seis de los presidentes de las siete comisiones constitucionales de esta Corporación (que contó también con la presencia de los ministros del Interior y de Salud, Alfonso Prada y Carolina Corcho, respectivamente), se determinó que la reforma a la salud se tramitará como ley ordinaria en Comisión Séptima de acuerdo al reglamento. 

“Prácticamente por unanimidad, se decidió que su contenido es realmente de ley ordinaria y se va a tramitar por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes”, señaló el ministro Prada. 

También en este encuentro se pactó que en la ponencia para primer debate de la reforma en la Comisión Séptima serán suprimidos los artículos que tengan carácter de ley estatutaria. 

El ministro del Interior dijo del contenido del proyecto que “su objetivo es desarrollar todo el concepto del derecho fundamental en la prestación del servicio, es decir, no habla ni caracteriza el derecho fundamental, sino la prestación del servicio de salud, por eso es una reforma a la Ley 100 y a las reformas que la modificaron o la complementaron”.

En ese contexto, Prada Gil dijo que “ahora habrá una nueva ley que reforma esas leyes ordinarias y por eso su trámite será por la Comisión Séptima”.

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Reto de cirugía a la reforma 

Por el acuerdo que logró el presidente de la Cámara con sus homólogos de las comisiones aparentemente se destrabó el inicio del trámite de la reforma; sin embargo, algunos consideran que se estaría entrando en arenas movedizas, pues, por un lado, si se excluyen los artículos que tienen carácter estatutario la iniciativa podría quedar neutralizada en cuanto a los cambios de fondo que quiere plantear el Gobierno. 

Otro riesgo que se correría surge por el reto que tendrán los ponentes para determinar qué de la reforma corresponde a una ley estatutaria y qué a una ordinaria. 

En ese análisis jurídico pueden terminar quedándose artículos que los ponentes consideren son de ley ordinaria, pero que luego la Corte en el estudio de la demanda o demandas que seguramente se presentarán contra la reforma, determine que son disposiciones que deben tramitarse por ley estatutaria, lo que implicaría que los declare inexequibles. 

El presidente de la Comisión Quinta de la Cámara, Jaime Rodríguez Contreras (Partido Cambio Radical), dijo a este Diario sobre cómo podría hacerse este proceso de depuración de la reforma, que “eso es sencillamente que se compara con la Constitución y con la Ley Estatutaria. Si se está modificando algún artículo de la Ley Estatutaria, entonces esos artículos los retiran”. 

Una alta fuente del Congreso le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que “es muy difícil establecer de entrada cuáles son los artículos que pueden tener rango estatutario y cuáles son los artículos que pueden tener rango ordinario. Es necesario revisar artículo por artículo y las implicaciones de cada uno de ellos. Habrá unos que incluso pueden tener el doble carácter, de estatutario y ordinario, porque la reforma es sistemática, cada artículo no es un texto independiente sino que se relaciona con otro dentro del mismo articulado”. 

Añadió que “a esta hora es imposible establecer cuántos artículos se pueden sacar y cuántos artículos se pueden quedar. También es imposible conocer qué cambios de fondo va a tener la reforma y cuál es el alcance de la exclusión de los artículos de rango estatutario. Todo dependerá de quiénes van a ser los ponentes y de cuál será el informe para la primera ponencia”. 

Este Diario conoció que también algunos partidos decidieron, por el momento, aplazar las reuniones que habían convocado sus bancadas para analizar la reforma a la salud, debido a que con los cambios anunciados en el articulado original, no tiene ningún sentido reunirse en este momento con expertos y exministros para analizar un texto que va a cambiar, según anunciaron el Gobierno y los presidentes de las comisiones de la Cámara el lunes pasado. 

Por lo tanto, solo hasta que se conozca el verdadero articulado de la reforma a la salud se procederá a las reuniones de los partidos para analizar esa iniciativa y tomar una postura frente al proyecto.

Gobierno defiende el proyecto 

La ministra de Salud, Carolina Corcho, presentó ayer formalmente a la Comisión Séptima de Cámara la reforma, después de que se determinara que se tramitará como ley ordinaria. La funcionaria defendió el proyecto para, dijo, prestar un mejor servicio a los colombianos y, por ello, pidió a los congresistas su respaldo.

“Este proyecto construye sobre lo construido, no nos devolvemos al Seguro Social, lo que se busca es que la mayoría de esa Colombia que ha sido excluida del sistema de salud sea incluida”, dijo la ministra. 

Agregó que “estuvimos en la instalación de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde va a iniciar el debate de la reforma a la salud, haciendo la presentación del proyecto de ley y aclarando algunas inquietudes, como que no es cierto que gobernadores y alcaldes vayan a manejar recursos de la prestación de los servicios de salud, eso en ninguna parte está dicho en el proyecto de ley”.