Casi listo informe de Comisión de Expertos sobre reforma tributaria

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Esta semana será fundamental para que el Gobierno avance en el diseño del proyecto de reforma tributaria que llevará al Congreso el próximo mes en aras de tapar el hueco fiscal dejado por el billonario costo de la atención a la pandemia en Colombia.

En efecto, y luego de casi ocho meses de instalada, la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios entregará las principales recomendaciones para la modificación del sistema impositivo, informe base que el Ministerio de Hacienda valorará para la redacción del proyecto de reforma.

La misión de expertos está conformada por los economistas David Rosenbloom, Brian Arnold, Jeffrey Owens, Pascal Saint-Amans y Kent Smetters; y los ministros de Agricultura, Rodolfo Zea; de Comercio, Juan Manuel Restrepo, y su delegada Laura Valdivieso (Viceministra de Comercio); de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera; y el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate. Su integración y misión fue definida por el Gobierno a través del Decreto 855 de 2020.



Una de sus tareas es, precisamente, la de establecer la conveniencia de una “reforma orientada a mantener los beneficios tributarios que sean eficientes, permitan la reactivación de la economía, fomenten el empleo, emprendimiento y formalización laboral, empresarial y tributaria que se fundamenten en los principios que rigen el sistema tributario nacional”.

La fecha preliminar de la primera socialización de las ideas de los 10 expertos que componen al grupo (cinco colombianos y cinco extranjeros) está prevista para el próximo viernes.

Apretón y alivios

Como todo el país sabe, por la crisis social y económica causada por la pandemia, la necesidad de recaudo adicional del Gobierno es de 2% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, cerca de $20 billones. Por ello, el centro de la reforma se basará en ajustes en materia de exenciones, IVA y renta para personas naturales y empresas, entre otros aspectos. Habrá apretones y alivios, según sea el caso.

En lo poco que se ha conocido y, por los mensajes que indirectamente ha dejado filtrar el Gobierno, todo indica que parte de los nuevos beneficios tributarios estarán dirigidos a las mipymes que no hagan parte del régimen simple.

Por tanto aplicarán las pequeñas y medianas empresas que cumplan las características definidas en el Decreto 957 de 2019. Es decir: las microempresas del sector manufacturero, cuyos ingresos anuales sean inferiores o iguales a 23.563 UVT, ($855 millones); las pequeñas empresas de ese mismo sector, cuyos ingresos al año sean superiores a 23.563 UVT ($855 millones) y menores o iguales a 204.995 UVT ($7.442 millones).

Lo cierto es que ya el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha reiterado la necesidad de tramitar el proyecto de reforma ante el Congreso con el fin de adquirir recursos para la inversión social, cubrir el gasto extra que generó el plan de contingencia contra la pandemia y reducir el nivel de deuda pública del país, que finalizó 2020 en más de 60% como porcentaje del PIB.

Carrasquilla señaló que “los resultados de la Comisión van a ser un insumo muy importante para la estrategia fiscal que elegiremos para el mediano plazo. Necesitamos recursos adicionales para la reactivación económica y tienen que llegar a partir de que se normalice la economía. La discusión del sistema tributario tiene que darse en el Congreso”.

Solo el IVA acumula beneficios por $74,9 billones y las exenciones en renta totalizan $17,11 billones.

A este plan del Gobierno se suma el hecho de que el Comité de Regla Fiscal recomendó, desde junio pasado, una reforma tributaria por el panorama fiscal al que se enfrenta el país.

“El incremento previsto en el nivel de endeudamiento va a requerir a mediano plazo un esfuerzo mayor de la sociedad en términos de generación de ingresos tributarios”, dijo en su momento el Comité.

Peros

Aunque desde diferentes gremios como Fenalco y la ANDI se le ha pedido al Gobierno no adelantar una reforma tributaria este año, dada la debilidad de las empresas por el impacto económico de la covid-19, el Gobierno ha reiterado que este proyecto se presentará al Congreso en marzo.

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, le solicitó a la Casa de Nariño que repiense el proyecto de reforma tributaria ante los resultados presentados para la economía en 2020 y el pésimo inicio de año.



El dirigente gremial manifestó que es alta la probabilidad de que el PIB de 2021 no alcance “siquiera” un 4%, por lo que “no parece razonable” que se esté pensando en un aumento de impuestos, porque se corre el riesgo de que se frene el proceso de recuperación.

“En efecto, si miramos nuestra historia reciente en 2017, cuando se aumentó el IVA del 16% al 19%, las ventas del comercio, según el DANE, tuvieron una fuerte caída a lo largo de todo ese año. En febrero, por ejemplo, dicha disminución fue del 7,2 %”, explicó.

Cabal sostuvo que “definitivamente los bolsillos de los consumidores están muy menguados y cualquier incremento de IVA en bienes y servicios pronunciaría aún más el desestimulo al consumo y al gasto”.

A su turno, la presidenta de Acopi, Rosmery Quintero, señala que “es momento de empezar la reactivación económica y salvar empresas, apoyar al sector productivo para solventar su estructura de costos y dinamizar la demanda agregada, en muy corto plazo. No hacerlo en estos momentos, sería lamentable para la economía colombiana. Lo que se esperaría, entonces, es que para el 2021, una vez se reactive el sector empresarial y nuevamente se reenganche la mano de obra y todas las nuevas empresas que crecieron bajo el nuevo modelo de la pandemia, pues generen un crecimiento económico importante”.

Experiencias

Estas misiones de expertos tributarios no es la primera vez que se convocan en Colombia y hay sectores que advierten que sus recomendaciones no se concretan.

Desde la firma Econometría se indicó que “no es la primera vez que funciona una comisión de expertos con ese propósito. La penúltima, cuyo informe se presentó a finales de 2015, incluyó varias propuestas, la mayoría de las cuales no fueron tenidas en cuenta ni por el Gobierno ni por el Congreso”.

Señala que “esa comisión había señalado la conveniencia de racionalizar los llamados ‘beneficios tributarios’ del impuesto a la renta, y que consisten en tratamientos privilegiados para ciertos contribuyentes, bajo la forma de rentas exentas, deducciones que no tienen relación con la generación de los ingresos, y tarifas preferenciales más bajas o descuentos tributarios. Esos tratamientos le costaron al fisco en el año 2018 (el Gobierno no ha publicado los resultados de 2019) $13,3 billones. Es indudable que una verdadera reforma estructural debe enfrentar ese hueco fiscal, por razones de eficiencia económica y de equidad tributaria”.

Sostiene la firma en su análisis que “las propuestas del Gobierno parecen referirse hasta ahora a la eliminación de exclusiones, exenciones y tarifas diferenciales del IVA, que hoy están centradas especialmente en productos que hacen parte de la canasta familiar. La devolución del IVA a los sectores más pobres de la población, y que se había presentado en proyectos anteriores, es hoy posible gracias al programa Compensación de IVA. No parece factible ni conveniente elevar más el impuesto a las sociedades, y mucho menos cobrarle el impuesto a la riqueza. Es posible, sin embargo, elevar las tarifas de las rentas de capital de las personas naturales, tal como lo propuso la Comisión de Expertos de 2015”.

Aseguró la firma que “frente al gasto público, el otro gran componente de la anunciada ‘reforma fiscal’, es muy poco lo que se ha anunciado. Haría bien el Gobierno en seguir varias de las recomendaciones de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, publicado en 2017”.