Tres ministros del actual gabinete y el director de Planeación pusieron contra las cuerdas los costos de la reforma a la salud con el actual proyecto que cursa en el Congreso y que fue presentado por el Gobierno.

Los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; Educación, Alejandro Gaviria; Agricultura, Cecilia López; y el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, le hicieron una advertencia al gobierno Petro sobre el impacto fiscal que tendrá el proyecto.

Se trata de un documento de 17 páginas dirigido a la ministra de Salud, Carolina Corcho Mejía, y que hasta ayer era una incógnita.

En el informe advertían que la reforma a la Salud que fue presentada al Congreso por la ministra Corcho, cuyo costo es de $51,89 billones, tendrá un alto impacto fiscal para el país porque implicaría un valor adicional de $92,8 billones hasta el 2030.

De acuerdo con el documento que se conoció este domingo, el efecto de realizarse la totalidad de gastos propuestos por la reforma en al presente año, sería de $16, 91 billones adicionales en el 2024; de $21,8 billones adicionales para el 2025, y de $22,8 billones para para el 2030; el efecto fiscal sería $31,3 billones.

Sin embargo, advierten los ministros, ese costo no incluye el gasto derivado de otras medidas, entre las que se incluyen la eliminación de copagos, y cuotas moderadoras de $0,95 billones, acceso total a los servicios de salud para turistas y migrantes irregulares de $6,1 billones y la unificación de los regímenes contributivo y subsidiado que sería de $3,23 billones.

Infraestructura

De otra parte, el documento también analiza la subcuenta de infraestructura que plantea gastos anuales del orden de $3,9 billones y esto incluye como fuentes recursos de inversión del Ministerio de Salud, como la contribución del 52 % del SOAT y un impuesto social a las armas. Estos dos últimos permiten transferir excedentes al régimen de salud.

En este rubro, el impacto fiscal sería para el 2023 de $2,5 billones, en el 2024 de $3,5 billones y en el 2030 de $4,8 billones.

En lo que tiene que ver con las Fuentes del Sistema de financiar la formalización de los trabajadores del nivel profesional, técnico y asistencial de las IPS públicas, excluyendo la formalización de profesionales de medicina y odontología especializados, el costo neto estimado por el Ministerio de Salud es del orden de $3,39 billones, con un crecimiento real del orden del 5 %.

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El estudio manifiesta que la formalización laboral en el 2023 costaría $3,4 billones; en el 2024 será de $3,6 billones; en el 2025 de $3,7 billones y en el 2030, $4,5 billones.

El modelo asume que el funcionamiento del Fondo Único Público para la Salud es del orden de $1 billón al año y permite financiar las funciones que realizan las EPS. Este costo se encuentra subestimado y no refleja el costo de administración del sistema, dado que los costos de administración de las EPS oscilan en promedio entre el 5 % y el 6 % de la UPC. Se asume que el gasto de administración es del orden de 55 %; en consecuencia, el gasto estaría subestimado y, a juicio del Ministerio de Hacienda, habría que agregar alrededor de $3 billones al año.

Atención primaria

Sin embargo, la estimación de los costos del proyecto elaborado por el Ministerio de Hacienda no refleja el impacto futuro que el fortalecimiento de la atención primaria en salud pueda generar en favor del sistema de salud.

Así mismo, no considera el beneficio social, por ejemplo, de los años de vida adicionales producto de las medidas propuestas, que entre el 2025 y el año 2028, los gastos se incrementarían, en promedio, en $2 billones al año.

Este documento coincide con las advertencias realizadas por los exministros de Salud, en el que plantean cuestionamientos sobre las medidas concretas y específicas que contempla la reforma estructural propuesta para asegurar disponibilidad del derecho a la salud con sostenibilidad; específicamente en la disponibilidad del talento humano en salud de calidad que se requiere, en todos sus niveles y áreas, así como la infraestructura sanitaria.