La Fiscalía General obtuvo nueva evidencia que permitió detectar más irregularidades en los procesos de contratación que habría impulsado el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, mientras estuvo a cargo del departamento en los periodos 2012 – 2015, y 2020 – 2021.
Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia radicarán solicitudes de audiencias de imputación contra el exmandatario, quien se encuentra privado de la libertad por otros hechos irregulares en los que, supuestamente, entregó la contratación de Arauca a integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del ELN.
Las investigaciones dan cuenta de cuatro contratos distintos en los que Castillo Cisneros, al parecer, incurrió en actuaciones irregulares, los dos primeros son los contratos N°497 del 9 de octubre de 2013, por $7.312’940.169; y N°362 del 10 de octubre de 2013, por $2.498’124.083. Aquí el objeto fue la dotación de mobiliario escolar para las instituciones educativas del departamento. En los dos se encontraron cotizaciones falsas y sobrecostos. En el primero, el sobrecosto alcanzó los 1.450 millones de pesos; mientras que, en el segundo, superó los $619’000.000.
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Luego fue la modificación al contrato de prestación de servicios N°469 de diciembre de 2019, que hizo parte del Plan de Alimentación Escolar (PAE). Con ocasión de la emergencia por el COVID – 19, el 23 de abril de 2020, el entonces gobernador cambió el tipo de ración de “preparada en sitio” por “preparada en casa” para llegar a 18.036 beneficiarios. El cambio estaba contemplado en la norma para superar las restricciones de pandemia; sin embargo, no habría sido sustentado con estudios de mercado y generó sobrecostos por $860’975.373, entre otras posibles anomalías.
Finalmente, habrían irregularidades en el contrato N°198 del 6 de abril de 2020, por $4.463’739.189. Tenía por objeto la entrega de kits de ayuda alimentaria para suplir las necesidades ocasionadas por la pandemia. La Fiscalía estableció que se realizó licitación pública para solo cumplir con lo previsto en la ley porque, al parecer, los requisitos y pliegos estaban direccionados para que el contrato quedara en manos de una firma específica. En este caso el exmandatario será imputado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos agravado.