La Procuraduría General de la Nación solicitó a la JEP decretar la práctica de pruebas que permitan alcanzar la debida comprensión de lo ocurrido con el Fondo Ganadero de Córdoba (FGC) respecto de la situación territorial del Urabá dentro del macrocaso 4, en el que ya se escuchó a los miembros de la junta directiva.
Lo anterior por cuanto consideró el Ministerio Público que, si bien se convocó a los comparecientes a rendir nuevas versiones voluntarias e incluso se practicó una colectiva, y se advierte un avance en el aporte de verdad, “siguen existiendo contradicciones en los relatos que no permiten alcanzar una comprensión coherente de lo ocurrido al interior del FGC”.
En consecuencia, la Procuraduría pidió a la Sala de Reconocimiento de Verdad, poner a disposición de los comparecientes, lo dicho por Sor Teresa Gómez para que en un espacio judicial tengan la oportunidad de referirse a las “inculpaciones” o “favorecimientos” que presentó en su declaración, puesto que, si bien el testimonio está disponible al público, no se les ha brindado la posibilidad de pronunciarse al respecto.
También, que sean escuchados en declaración los señores Guido Vargas (alias “Camisa Verde”) y Marcos Furnieles, socios y comisionistas de la señora Sor Teresa Gómez, para que esclarezcan a la magistratura el momento en el cual ocurrió el desplazamiento de las personas de la región de Tulapas; cómo se logró el despojo de tierras, los parámetros de negociación de los predios, la forma de pago y titulación, y su relacionamiento con miembros de la Junta Directiva del Fondo.
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Para el representante del Ministerio Público es necesario que se llame a declarar al señor Gonzalo Bernal Pérez, gerente de Reforestadora Industrial de Antioquia (RIA), a fin de que precise la forma como se desarrolló el programa de reforestación del FGC; aclare lo relacionado con el contrato de reforestación de predios celebrado con el Ministerio de Agricultura en 2004, e informe a la Jurisdicción la participación que tuvo el doctor Carlos Gustavo Cano para entonces titular de dicha cartera ministerial.
En el caso de la señora Victoria Eugenia Restrepo Uribe, coordinadora del programa familias guardabosques y coordinadora de los cultivos ilícitos, pidió que sea citada para que explique, entre otros, los criterios utilizados al asignar incentivos en el programa de sustitución de cultivos en Tulapas.
De otra parte, indicó la Procuraduría que el señor Benito Antonio Osorio Villadiego también debe ser llamado por cuanto afirmó en su versión voluntaria que la señora Restrepo Uribe era la encargada de la reforestación de la finca Tulapas y tenía reuniones con John Jairo Rendón Herrera, (conocido con el alias de Don Mario), comandante del bloque “Elmer Cárdenas” de las AUC.
Para el caso de la señora María Inés Cadavid, jefe jurídico del INCODER, considera el Ministerio Público que debe explicar el rol del INCORA en la legalización de predios de la región de Tulapas, así como las circunstancias por las que terminó trabajando para el FGC.