Al término de una reunión con la bancada del Partido Cambio Radical, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, hizo un llamado a debatir con rigurosidad los proyectos de ley de sometimiento, que permitirán vincular a las estructuras criminales y los grupos narcotraficantes al concepto de paz total; y el de humanización carcelaria.
“Yo sí le solicito al Gobierno, en el marco de la democracia, en el marco de la preocupación de estos temas, que reconsidere la posibilidad de enviar mensajes de urgencia para no convertir los debates en unos debates rápidos porque este país requiere discusión democrática, deliberación”, puntualizó.
En ese sentido, pidió que la discusión se mantenga sobre varias de las objeciones planteadas por la Fiscalía a las dos iniciativas, muchas de las cuales no fueron incluidas ni contempladas por el Gobierno.
“No fueron recogidas, por ejemplo, la idea de tratar de mostrar que el concierto para delinquir agravado es un mecanismo que va a tener una suerte de indulto a través del principio de oportunidad en Colombia. Es decir, buscar que la gente salga de las cárceles como una especie de proceso de paz de La Habana, pero dentro de un proceso de sometimiento”, explicó.
Al respecto, precisó que debe haber claridad ante el país sobre lo que se busca porque se puede estar incurriendo en la idea de permitir que todos los grupos ilegales, sin distinción y sin importar su categoría, reciban un tratamiento de justicia transicional.
“Tampoco se les puede aplicar el mismo rasero que se les aplicó en La Habana por la distinción de procesos que uno es un proceso de paz y otro es un proceso donde se benefician estructuras derivadas del paramilitarismo y narcotráfico”, consideró.
Asimismo, resaltó que las víctimas siguen desprotegidas porque el proyecto de ley de sometimiento no define los mecanismos de reparación.
“Le estamos diciendo a cientos de colombianos que les han violado los derechos en todo sentido, que ahora los van a meter en una bolsa colectiva y no les van a reparar individualmente si tienen muchos recursos. Más bien hagan reparaciones individuales, ¿por qué no aplican los criterios de Justicia y Paz?”, manifestó el Fiscal Barbosa Delgado.
De otra parte, pidió que se respeten las competencias de la Fiscalía y no se le pida entregar información judicial, expedientes e información relacionada con indagaciones, entre otros elementos, a la Oficina del Alto Comisionado para La Paz para que avance en los acercamientos que realiza con los representantes de las organizaciones criminales.
“¿Dónde quedó la separación de poderes? Quiero recordarle al Gobierno Nacional que el Fiscal General hace parte de la Rama Judicial del Poder Público. Subalterno del Ejecutivo, no soy, ni es la Fiscalía. (…) Yo realmente estoy cansado de ver estos proyectos, cada vez que vemos estos proyectos ocurren nuevas incursiones que, a mi juicio, atentan contra la institucionalidad colombiana”, concluyó.
Finalmente, el Fiscal General afirmó que continuará reuniéndose con las diferentes bancadas para explicar la posición jurídica de la entidad respecto a estas iniciativas.
Del mismo la procuradora advirtió que en esta iniciativa hay un “mico” a partir del cual los victimarios podrían tener importantes beneficios. “Es importante que sea claro antes de la presentación de ese proyecto y por eso creemos que protege más a los victimarios que a las víctimas”.
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Respuesta de Petro
Ante estas afirmaciones Gustavo Petro contestó en su cuenta de Twitter: “La pregunta es si queremos desmantelar pacíficamente las bandas ilegales o cerramos esa puerta. Yo creo que la sociedad colombiana se merece la construcción de un camino pacífico. En el mundo de la guerra solo se ha empoderado el narcotráfico”.
Luego señaló que “cuanto más duras han sido las medidas y más campesinos se han encarcelado por sembrar hoja de Coca más fuerte se ha abrazado el dueño del narcotráfico con el dueño del poder político. Por ello una ley que busca verdad a cambio de beneficios jurídicos no les gusta a algunos”.
En el último trino sobre el tema escribió: “a semejanza de los tratos judiciales en los EE.UU., la ley que proponemos busca el completo desmantelamiento del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, la reparación de las víctimas y la verdad a cambio de beneficios jurídicos y sometimiento colectivo a la justicia”.