ESTA SEMANA debe comenzar en firme el debate al proyecto de ley de sometimiento a la justicia de las bandas criminales multicrimen, tipo ‘Clan del Golfo’, que plantea penas de cárcel para sus cabecillas e integrantes no superiores a ocho años, así como otra serie de prerrogativas penales y penitenciarias muy amplias.

Como se sabe, el proyecto generó reacciones encontradas, empezando por las críticas de la Fiscalía, la Procuraduría y otros sectores que advirtieron que se podría estar generando un esquema de impunidad a narcotraficantes y culpables de otros delitos graves.

EL NUEVO SIGLO habló con el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta y el exfiscal Luis Camilo Osorio respecto al alcance de la iniciativa, que se aplicaría a bandas criminales como el ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Pachenca’.

Frente a las mismas cuatro preguntas, cada uno tiene una postura distinta.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo evalúa el proyecto? ¿Puntos positivos y negativos?

CARLOS GUSTAVO ARRIETA: El proyecto no me gusta. Si bien es cierto que los colombianos queremos paz, una paz integral, queremos que no exista más violencia ni más delincuencia, me parece que hacerlo de esta manera no es conveniente, porque en el fondo lo que estamos buscando es una especie de sometimiento que no es un sometimiento, es una transición a un proceso que no entiendo bien cómo va a ser, con una excesiva generosidad que no tiene sentido.

Soy de los que piensan que si es bien cierto que queremos la paz, hay ciertos valores y principios que no podemos sacrificar. No podemos permitir que los delincuentes queden prácticamente sin sanción, como ocurre en este caso con las penas mínimas, con sanciones que podrían ser redimibles fácilmente, de manera tal que no fueran efectivas.

ENS: ¿Tienen razón el fiscal Barbosa y la procuradora Cabello con sus críticas al proyecto en torno a que podría derivar en beneficios extremos a los narcotraficantes y culpables de delitos graves?

CGA: Creo que tienen razón tanto el fiscal como la procuradora. El proyecto de ley está concediendo beneficios extremos a los narcotraficantes, que no se compadecen con la gravedad de los delitos que han cometido. Como dije antes: es bueno buscar la paz con todos los grupos delincuenciales, pero no a costa de un sacrificio tan grande que implica, en la práctica, un perdón o una amnistía a sus delitos.

ENS: ¿Cree que dejarles el 6 % de los bienes de origen ilícito a los cabecillas de las bandas criminales llevará a que entreguen todas sus propiedades para reparar a las víctimas? ¿No se envía un mal mensaje a la sociedad?

CGA: Me parece grave dejarles el 6 % de los bienes a estos señores. Es como, de alguna manera, validar el principio de que ‘el crimen sí paga’. Ese 6 % puede parecer muy poquito como porcentaje, pero puede ser mucha plata, o puede ser poquita… no importa, pero permitirles conservar el fruto de sus crímenes me parece que no tiene ningún sentido ante la sociedad. Eso jamás se ha hecho, que conozca al menos, en Colombia. Ciertamente nunca se ha tolerado. Una cosa es que no haya funcionado el proceso de paz para recuperar los bienes de los delincuentes, y otra cosa es que la ley autorice un porcentaje como ese. De tal manera, creo que no se debería aplicar, es un mensaje muy malo que se le envía a la sociedad.

ENS: ¿Este proyecto de ley es más amplio en beneficios que la Ley de Justicia y Paz o que el Acuerdo de Paz con las Farc?

CGA: Me parece que este es el proyecto de ley con mayores beneficios conocidos que cualquiera otro, desde la época de la política de sometimiento hasta el proceso de paz. Mirando todos los procesos habidos y de todo tipo, todos han concedido algún tipo de beneficios, esos son inherentes. Pero en este caso son de una permisibilidad enorme que no tiene ningún sentido.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo evalúa el proyecto? ¿Puntos positivos y negativos?

LUIS CAMILO OSORIO: La idea es loable, buscamos la ausencia de la criminalidad y me parece que es un escenario que apunta en esa dirección. Ahí se han ido refinando algunas cuestiones que eran muy importantes para tener en cuenta y se van consolidando unos escenarios que resultarían constructivos y positivos.

Hay varias cuestiones para analizar. En primer lugar, ver si realmente hay una voluntad de dejar delinquir y no estamos dejando espacios abiertos para que otros lleguen a hacer lo mismo y que esto se nos vuelva un problema parecido al de la erradicación de la coca, que lo que se volvió fue un instrumento que, aunque pudo haber sido hecho con la mejor buena intención, estimuló a seguir sembrando. Esto porque había un beneficio permanente para quienes estuvieran saliéndose de las actividades delincuenciales. Entonces, creo que hay que taponar todas las posibilidades de que se nos vuelva esto un escenario de estímulo a mayor criminalidad.

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Si el proyecto, como fin loable, permite la eliminación de las actividades criminales, pues enhorabuena. La política criminal parte del deber ser de impedir el delito, más que combatirlo o derrotarlo.

ENS: ¿Tienen razón el fiscal Barbosa y la procuradora Cabello con sus críticas al proyecto en torno a que podría derivar en beneficios extremos a los narcotraficantes y culpables de delitos graves?

LCO: Desde luego que ese peligro existe, es latente y tienen toda la razón en prender las alertas, las luces rojas de peligro. Pero si se hacen los ajustes necesarios y se toman las previsiones del caso para verificar que estas personas al margen de la ley dejan de delinquir, esa es una meta clave de todos los colombianos.

ENS: ¿Cree que dejarles el 6% de los bienes de origen ilícito a los cabecillas de las bandas criminales llevará a que entreguen todas sus propiedades para reparar a las víctimas? ¿No se envía un mal mensaje a la sociedad?

LCO: Se ha comentado mucho que eso es absolutamente complejo y se corre el peligro de que se abran todos esos escenarios que ya hemos descrito en las preguntas anteriores. Es decir, que sea un estímulo para seguir delinquiendo, con la certeza de que algo de eso queda para ayudar a lavar esas fuentes de criminalidad. Entonces, es algo a lo que hay que ponerle toda la atención, y tener mucho cuidado, porque es una herramienta con distintas interpretaciones y algunas muy perversas.

ENS: ¿Este proyecto de ley es más amplio en beneficios que la Ley de Justicia y Paz o que el Acuerdo de Paz con las Farc?

LCO: Justicia y Paz es un instrumento del cual muy poco se ha hablado. Lo propuso el presidente Álvaro Uribe simplemente diciéndoles a las bases (de los grupos armados): cesen el accionar delincuencial, incorpórense la vida y nos entendemos con los cabecillas de esas organizaciones. Se logró desmovilizar  a 20 mil guerrilleros y eliminar el paramilitarismo en Colombia. Era una fórmula muy sencilla, no hubo justicia especial, sino la misma justicia ordinaria ampliada.

Luego vino el acuerdo con las Farc, en donde se dieron unas condiciones que, desafortunadamente, no se cumplieron desde el principio, y quedó finalmente con el muy complejo y contradictorio elemento de que cuando se le preguntó al país entero si estaba de acuerdo, hubo la sorpresa de que esa consulta fue derrotada porque no se había incorporado a la totalidad de los colombianos.