A la mejora en las técnicas de cultivo y al avance en los mecanismos de procesamiento del alcaloide adjudica el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), correspondiente a 2020, el hecho de que a pesar de la disminución del área sembrada de hoja de coca el potencial de producción de cocaína se haya incrementado en Colombia.

Según el reporte dado a conocer ayer, en nuestro país la fabricación potencial total de cocaína aumentó en un 1,5% en 2019, pese a que disminuyó la superficie de cultivo de arbusto de coca.

La JIFE recordó en su informe que, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Colombia informó que la superficie total de cultivo de coca se había reducido en un 9%, de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 hectáreas en 2019, manteniendo la tendencia a la baja que se había observado el año anterior (todavía no se conoce el dato del 2020).

Pese a esa disminución, el potencial de fabricación total de clorhidrato de cocaína puro fue de 1.137 toneladas métricas, un aumento del 1,5% respecto de 2018. Eso, según la Junta, puede atribuirse al perfeccionamiento de las técnicas de cultivo, que ha permitido aumentar el volumen de la cosecha de hoja de coca, y al mayor rendimiento de los centros de fabricación de cocaína. En 2019, la producción estimada de hoja de coca fue de 993 toneladas métricas, un 1,6% mayor que en 2018.

Los cálculos de la JIFE señalan que si en 2015 se producían en Colombia 5,2 kilos de clorhidrato de cocaína por hectárea sembrada de hoja de coca, la cifra aumentó hasta 6,5 kilos en 2018.

Esta vez, el informe menciona que el aumento de la fabricación de clorhidrato de cocaína en Colombia también puede deberse a los mecanismos cada vez más avanzados que utilizan los traficantes de drogas para facilitar la producción ilícita de cocaína. En otras palabras, que en los últimos años los narcotraficantes parecen haberse hecho más autosuficientes, al producir por cuenta propia precursores como permanganato potásico. Ello se contrapone a la tendencia anterior de los carteles en cuanto a trasladar fuera de Colombia (Perú, Ecuador y otros países vecinos) la fabricación del alcaloide.

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Sobre las mejoras de cultivo, informes previos indican el uso ahora de variedades de arbusto de coca de mayor rendimiento. La lógica del cultivo cambió a raíz de la concentración de la coca en los enclaves productivos, pues en ellos está el 36% del área sembrada. Es decir, estas zonas son los ‘distritos’ en donde se crean condiciones propicias para la producción de hoja de coca, su transformación a base o clorhidrato de cocaína y su posterior tráfico.

Los principales enclaves, que aceleraron la producción de la cocaína, están en el Catatumbo, Norte de Santander; Tumaco, el Charco y El Naya, en el Pacífico sur; Valdivia, Tarazá y Cáceres, Antioquia; en Argelia y El Tambo, Cauca; y en Putumayo.

Producción

En anteriores publicaciones de la JIFE se había señalado que la producción de cocaína movió alrededor de $6,33 billones en 2019. Resaltó, igualmente, que por la venta de la hoja de coca, la pasta básica y la base de cocaína producida en finca los cultivadores recibieron alrededor de $2,66 billones. Asimismo, $1,21 billones obtuvieron los que vendieron la hoja de coca, equivalente al 52% del total de cultivadores; mientras que el otro 48%, que son los que procesan la hoja en finca y la convierten en pasta básica de cocaína, recibieron $1,44 billones.

La cifra de producción mundial en 2018 fue 4,6% superior a la de 2017, manteniendo una tendencia al alza en la última década, desde las 1.143 toneladas de 2008.

Volviendo al informe 2020, la JIFE expone que en 2017, último año respecto del cual se dispone de estimaciones comparables, el 70% de la superficie mundial de cultivo de coca se ubicó en Colombia, el 20% en Perú y el 10% en Bolivia. En el informe mundial sobre las drogas 2020 de la Unodc se señala que, tras una tendencia al alza en el período 2013-2017, la superficie total de cultivo de arbusto de coca se mantuvo estable en 2018.

Ese año, anotó la JIFE, el gobierno de Colombia propuso un sistema de zonificación basado en las características de los territorios afectados por el cultivo de arbusto de coca, a fin de formular la política pública de manera que se ajustara mejor a la situación de cada uno.

La Unodc observó que el 48% de la coca detectada en 2019 se concentraba en tres de las 12 zonas: a) zonas de reservas forestales (el 18%); b) tierras de comunidades negras (el 16%); y c) zonas de interés estratégico para la integración productiva (el 14%).

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Según datos del Ministerio de Defensa, citados por la JIFE, del 1 de enero al 12 de julio de 2020 se habían erradicado 44.905 hectáreas de cultivos ilícitos y se preveía para fin de año la erradicación de 130.000 hectáreas de arbusto de coca (cifra que finalmente se alcanzó, según el gobierno Duque), un 30% más que en 2019.

La JIFE trae a colación que, tras una reunión entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos, celebrada en marzo de 2020, se iniciaron conversaciones sobre el empleo de fumigación aérea con glifosato para aumentar la eficacia del plan de erradicación.

Colombia suspendió la fumigación aérea en 2015 por una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que advertía que su uso podía tener graves consecuencias para la salud de las personas y el medio ambiente. La Corte Constitucional ha prohibido esa fumigación hasta que el Gobierno cumpla diversos requisitos sanitarios y ambientales, entre ellos el de celebrar un proceso de consultas inclusivas con todas las comunidades afectadas.

A hoy, como se sabe, el Ministerio de Justicia ya se apresta a publicar el decreto que daría vía libre a la fumigación con glifosato. El Ministerio de Defensa espera retomar las aspersiones antes de junio, pero el proceso podría tener más retrasos debido a asuntos como el complicado licenciamiento ambiental por parte de la ANLA y la certificación del Instituto Nacional de Salud sobre que el modelo propuesto preserva la salud humana.

Como se dijo, en estos momentos el gobierno Duque está pendiente de los informes de la ONU y la Casa Blanca sobre la extensión de narcocultivos al cierre de 2020, esperando que el área haya disminuido no menos de 50.000 hectáreas frente a 2019. En próximas semanas habrá humo blanco al respecto.

"Epidemia oculta"

De otra parte, la JIFE instó en su informe a abordar los problemas relacionados con el uso de las drogas en las personas mayores, un fenómeno que califica de "epidemia oculta".

"Los científicos han ido ignorando el uso de sustancias en las personas mayores de 65 años", señala el texto, una falta de informaciones que ha llevado a los gobiernos a olvidarse de este problema y a no crear programas adaptados.

Efectivamente, en la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas (Encspa), cuya última publicación se hizo en agosto, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) únicamente tiene en cuenta el uso de drogas en la población entre 12 y 65 años, 9,7% de la cual sostuvo en ese reporte haber ingerido alguna vez en su vida sustancias psicoactivas ilegales.