* No para la depredación global de bosques
* La cruzada colombiana y reto amazónico
“El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora”. Este milenario proverbio chino cae como anillo al dedo en una semana en la que las noticias sobre este recurso natural no fueron las más alentadoras. El informe anual Global Forest Watch, divulgado por el World Resources Institute (WRI), señaló que la deforestación también es una pandemia de gravísimas consecuencias.
Según el citado reporte, por cuenta de los incendios y la tala de árboles se destruyeron 4,2 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios en 2020. Esto implica un aumento del 12% con respecto a 2019. Ahora, si se analiza desde el punto de vista del conjunto de bosques y plantaciones de los trópicos, el año pasado habría desaparecido una superficie total de 12,2 millones de hectáreas.
El impacto de ese fenómeno es muy alto, sobre todo si se mide en cómo profundiza el cambio climático, ya que se calcula que la pérdida de esa cantidad de extensión arborícola se traduce en 2,64 gigatoneladas de emisiones de CO2 no capturadas, equivalentes a las emisiones anuales de 570 millones de autos, más del doble de los que hay en circulación en Estados Unidos. De nuevo, en un diagnóstico ya muy reiterado pero no por ello objeto de una acción más contundente, las principales amenazas provienen de la agricultura y los incendios provocados por las olas de calor y las sequías en países como Brasil, Australia y la región siberiana. De hecho, el gigante suramericano concentró más de un tercio de la superficie de bosques vírgenes destruidos. Incluso, en un dato clave para Colombia porque hace parte de esa cuenca y fue el impulsor del Pacto de Leticia, en la región amazónica el alza anual de deforestación fue de 15%.
Ya el director de Visión Amazonía, José Yunes Mebarak, en reciente entrevista con este Diario había advertido al respecto. Si bien se mostró complacido por el anuncio de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) creará un fondo de 20 millones de dólares para financiar proyectos de reforestación en el llamado “pulmón del mundo”, alertó que aunque en los últimos dos o tres años ha venido bajando la deforestación en un 29%, unas 45 mil hectáreas menos, todavía nos falta el reporte de 2020.
Para cerrar con lo relativo al informe de Global Forest Watch, es claro que América del Sur es la región más golpeada por la destrucción de los bosques, ya que en el top 10 de países con mayor afectación hay cinco naciones del área: Brasil (primero), Bolivia (tercero), Perú (quinto), Colombia (sexto) y México (décimo).
Pese a esta clase de informes, lo cierto es que Colombia está desarrollando una estrategia de preservación de la riqueza arborícola de alto calado. Es más, la meta para este cuatrienio, según el Plan de Desarrollo, es llegar a 180 millones de árboles sembrados. Ya a mediados de febrero se alcanzó la cifra de los 50 millones plantados, que equivale, por ejemplo, al terreno que demandarían 82 mil canchas de fútbol. La meta para este año es muy ambiciosa: llegar a los 125 millones de árboles sembrados. La idea es cerrar el 2022 con 30 % de reducción en la deforestación.
Para ello es claro que se necesita no solo cumplir con la preservación de la riqueza arborícola, mediante la ampliación de las reservas en parques naturales y otros nodos ecosistémicos, sino que es imperativo combatir con más eficacia el fenómeno de la tala ilegal, que hoy se ha convertido en un delito de alto impacto que manejan redes mafiosas de las bandas criminales de amplio espectro, disidencias y reincidencias de las Farc así como la guerrilla del Eln. Los resultados de la operación militar, policial y judicial “Artemisa” cada vez son más importantes contra este flagelo.
Es apenas claro que si Colombia quiere cumplir con la meta de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% al año 2030, debe redoblar esfuerzos para proteger su potencial de bosques. Una cruzada que no es fácil de implementar pero en la que no se puede bajar la guardia, sobre todo en la generación de un marco normativo interinstitucional sólido que lleve a un sistema eficaz, moderno e integral de gobernanza sobre este recurso natural estratégico.