De acuerdo con el más reciente reporte expedido por la Procuraduría General de la Nación, sobre quejas relacionadas con presuntas irregularidades ocurridas durante los comicios legislativos del pasado 13 de marzo en Colombia, a la fecha el órgano de control ha recibido 1696 quejas por parte de los ciudadanos.
El Ministerio Público determinó en su análisis, con corte al 30 de marzo de 2022, que 728 de estos casos son de mayor relevancia y con las principales tipologías:
- Faltas disciplinarias de funcionarios públicos.
- Irregularidades en puestos de votación.
- Indebida propaganda electoral.
- Constreñimiento al elector.
En un primer análisis, la Comisión Nacional de Vigilancia Electoral de la Procuraduría, presidida por la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco, detectó cuatro presuntas fallas que se presentaron de manera recurrente durante la jornada de votaciones y en los procesos posteriores, que serán objeto de análisis con incidencia disciplinaria:
- Transmisión de datos el día de las elecciones.
- Inscripción de cédulas electrónicas.
- Página Web de la Registraduría.
- Capacitación de los jurados de votación.
Frente a este panorama, la procuradora Margarita Cabello designó un equipo élite, conformado por expertos de tres procuradurías delegadas, para que determine las acciones disciplinarias a las que haya lugar y realice las investigaciones pertinentes en cada caso.
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En el tema específico de resultados electorales, los datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil durante el preconteo, que se ponen de manifiesto a la opinión pública a través de boletines, de acuerdo con lo manifestado por el Consejo de Estado son eminentemente informativos y no tienen la calidad de documentos electorales, por lo que es posible que la información suministrada en los mismos no coincida con los resultados finales arrojados en los escrutinios.
De esta manera, se deben tener en cuenta los resultados que obran en las actas de escrutinio y no los de los boletines informativos, sin descuidar que la realidad de este proceso ha detectado que los errores y fallas reportadas han generado cuestionamientos que, sin duda, afectan los comicios.
El Ministerio Público, a través de sus procuradores judiciales, territoriales y los personeros, ha estado presente hasta la terminación de los escrutinios en las diferentes comisiones escrutadoras, ejerciendo la vigilancia, intervención y resolución de quejas; así como frente al diligenciamiento de las actas de escrutinio de mesa.
De esta manera, la Procuraduría mantiene activa su función preventiva respecto a las elecciones presidenciales.