EL CARGO imputado al expresidente Donald Trump carece de real sustento jurídico, al punto que expertos y dirigentes que públicamente se han declarado sus contradictores han coincidido en señalar que la imputación puede ser desestimada o, de ir a juicio, terminar en una absolución.

Es mayoritario el criterio de que la histórica inculpación de Donald Trump tendrá que superar una larga serie de obstáculos si quiere primero terminar en juicio y, segundo, tener como desenlace la primera condena penal contra un expresidente de Estados Unidos, indicaron juristas.

Como era de esperar, los abogados de Trump desestimaron el cargo de falsedad contable en 34 registros comerciales le formuló el fiscal del distrito de Manhattan al magnate republicano de 76 años, en la histórica audiencia en Nueva York.

"Fue un poco decepcionante, un poco tranquilizante sinceramente ver esa acusación", dijo el letrado Joe Tacopina en la cadena NBC. "Este caso caerá por su propio peso", insistió.

Incluso algunos de los más feroces críticos del expresidente parecían decepcionados ante el caso llevado por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, un demócrata al que el expresidente acusa de llevar a cabo una "cacería de brujas".

John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump convertido en uno de sus mayores críticos, dijo a CNN que la inculpación era "incluso más débil" de lo que temía que fuera.

"Como alguien que realmente no quiere que Donald Trump obtenga la investidura republicana para las elecciones presidenciales, estoy extraordinariamente consternado por este caso".

"Creo que puede ser fácilmente desestimado o llevar a una absolución rápida de Trump".

Al magnate, líder conservador y precandidato a la nominación republicana se le acusó de haber falsificado documentos sobre una serie de pagos para encubrir tres casos antes de las elecciones de noviembre de 2016. En particular el pago de 130.000 dólares a la actriz porno conocida como ‘Stormy Daniels’, con quien presuntamente mantuvo una relación extramatrimonial en 2006, que él niega rotundamente y ella, por su parte, admite que fue un encuentro sexual consensuado en un resort de Montana.

Su entonces abogado, Michael Cohen, asegura que se encargó del pago a Daniels, y que Trump le reembolsó el dinero, haciéndolo pasar presuntamente como gastos legales en las cuentas de su empresa Trump Organization.

Cohen admitió ante el tribunal de Nueva York que fue él no sólo quien entregó el dinero en efectivo a Daniels, sino que recomendó al expresidente devolverle el dinero a través de alguna empresa de dicha organización, consciente de que era una actuación ilegal. Por ello Cohen fue condenado y tras permanecer meses en la cárcel se convirtió en el testigo estrella de la Fiscalía contra el expresidente, al igual que la actriz porno que ha sacado rédito publicitario y hasta económico con su versión.

Vale aclarar que comprar el silencio de alguien no es ilegal en sí mismo. Lo que se endilga a Trump es que registró los pagos que hizo con cheques a Cohen fueron registrados como “honorarios legales” en la cuenta de su empresa en Nueva York y no presentados en sus cuentas de campaña.

Los pagos pasaron de ser considerados como un delito menor a uno grave porque fueron hechos, según la acusación, "con la intención de cometer otro delito".

Pero el documento no especifica cuál es ese otro delito, y allí es donde se puede complicar el asunto.

En conferencia de prensa el pasado martes, Bragg dijo que los pagos fueron parte de un plan orquestado por Trump, Cohen y otras personas para "suprimir información negativa" que dañara la imagen del entonces candidato y aumentar sus posibilidades de ser electo.

"El plan violó las leyes electorales de Nueva York, lo que lo hace un delito para conspirar con el objeto de promover una candidatura por medios ilícitos", dijo.

Sin embargo, es legalmente cuestionable si se pudo establecer que Trump violó la ley electoral de Nueva York mientras se postulaba para presidente y no para un puesto en el estado.

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Ellen Yaroshefsky, profesora de derecho en la Universidad Hofstra, dijo que los fiscales podrán verse en apuros "para demostrar que los falsos registros comerciales se hicieron con la intención de influir en las elecciones".

Sin teoría jurídica

Andre McCabe, exdirector adjunto del FBI, afirmó por su parte a CNN que la acusación es una "decepción".

"¿Cuál es la teoría jurídica que vincula un muy sólido delito menor... con el intento de ocultar otro delito, que es lo que lo convierte en un delito grave?", preguntó.

"Si todos nuestros amigos juristas no ven una forma de llegar a un delito grave al leer la acusación, es difícil imaginar convencer a un jurado".

Otro posible escollo para los fiscales podría ser Cohen, condenado no sólo por el pago a la actriz porno, sino por evasión de impuestos, entre otros delitos.

Se da por descontado que el equipo legal del expresidente cuestione la credibilidad de Cohen, otrora asesor del candidato republicano y ahora delincuente convicto y feroz crítico de su exjefe.

William Banks, profesor de Derecho en la Universidad de Siracusa, dijo que el caso estaba "plagado" de dificultades y que los cargos palidecen en comparación con el peligro que podría enfrentar Trump en otras investigaciones.

Banks citó el caso de Georgia, donde los fiscales investigan a Trump por tratar de revertir los resultados de la elección presidencial de 2020 en el estado sureño.

También está bajo escrutinio su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de sus seguidores, así como el presunto mal manejo de documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca a su residencia en Florida. Aunque aquí hay que señalar que una situación idéntica enfrentaría el actual presidente, el demócrata Joe Biden, a quien se le encontraron papeles de este tipo según él ‘olvidados’ en algunas de sus oficinas y residencias privadas.

Richard Hasen, profesor de derecho en la Universidad de California, Los Ángeles, dijo que los fiscales tendrán que demostrar que Trump sabía que estaba violando las leyes de financiamiento de campañas electorales con los pagos.

"Demostrar intenciones siempre puede ser complicado", escribió en la revista Slate, al citar el caso de John Edwards, que aspiró dos veces a la candidatura presidencial demócrata.

Tacopina, abogado de Trump, sostuvo que se pagó a Stormy Daniels para proteger a "su familia y a su hijo pequeño" y que lo habría hecho incluso fuera del periodo electoral.

Este argumento se usó con éxito en el único caso comparable, señalan los expertos, el de Edwards, que cuando fue candidato a las primarias demócratas (2008) fue procesado por la justicia federal porque su amante había recibido casi medio millón de dólares por no revelar su embarazo.

Edwards fue llevado a juicio en 2012, acusado de violar las leyes de financiamiento de campaña por esos pagos, fue absuelto de uno de los seis cargos que le imputaron y el jurado no se puso de acuerdo para un veredicto sobre los otros cinco. Entonces, los fiscales abandonaron el caso.

Sin embargo, algunos juristas -de por sí muy contados- piensan diferente, como Barbara McQuade, exfiscal de distrito y ahora profesora en la Universidad de Michigan, para quien este caso "es muy sólido…Se basa en gran medida en documentos que, adiferencia de los testigos, no mienten”.

 

El expediente

Según los documentos judiciales, el expresidente republicano está acusado de haber "orquestado" pagos para encubrir tres casos perjudiciales para él antes de la presidencial de 2016, a saber: un portero de la Trump Tower, que afirmó tener pruebas de un hijo ilegítimo del exmandatario, recibió 30.000 dólares en 2015 de un grupo de medios cercano a Trump para mantener la exclusividad de esta historia que nunca se llegó a publicar; un año después una mujer aseguró haber tenido un romance con el entonces candidato y recibió 150.000 dólares. Aunque su nombre no figura en el expediente, desde entonces la exPlaymate Karen McDougal ha roto el silencio. Y, el mencionado giro a la actriz porno.

En el estado de Nueva York, la falsedad contable generalmente se considera una simple infracción, pero se convierte en delito, sancionable con cuatro años de prisión, si se comete para "encubrir" otro delito.

Y ese es exactamente el meollo del caso, estimó el fiscal Bragg quien justificó su escrito de acusación señalando que Trump "falsificó repetida y fraudulentamente los registros comerciales de Nueva York para ocultar delitos”, tipificando así posibles violaciones de la ley federal y de la ley del estado de Nueva York sobre el financiamiento de campañas.

Lejos del posible juicio, que el juez Juan Merchán fijó para comienzos de enero, los abogados del exmandatario alistan un ‘arsenal’ de recursos, en lo que se avizora como una dura y larga batalla legal, mientras él seguirá con su campaña por la investidura presidencial.