En una insólita imagen, Donald Trump acudió a un Tribunal de Manhattan el miércoles pasado. Leída la lista de hechos y acusaciones, el expresidente se declaró “no culpable”.
Era el 3 de abril de 2023, no cualquier miércoles. Por primera vez, en más de casi dos siglos y medio de historia republicana, un expresidente de Estados Unidos era requerido por la justicia norteamericana.
Horas después, Trump declaró ante los medios que era “un perseguido político por la izquierda radical”, mientras que voces oficialistas aludieron a la clásica frase de “nadie está por encima de la ley”.
Novedoso en Estados Unidos, este escenario en América Latina resulta mucho más familiar. Los expresidentes en la región han sido sentenciados por tribunales que han encontrado motivos para condenarlos con penas intramurales o libertad condicional, en distintos momentos de la historia.
División de poderes, en vilo
La justicia y la política en América Latina han estado tan atadas como la música y la literatura. Inseparables. En vez de ser antagónicas o independientes, muchas veces se han unido para defender el Estado de Derecho o perseguir, sea el caso, al otro bando político.
En Estados Unidos, en cambio, la historia republicana ha defendido la división de poderes bajo la premisa de que representa la esencia de la democracia liberal norteamericana; en América Latina, también, pero con imperfecciones. Sin desvío, sin excepciones, se ha hecho alusión a este concepto para conducir el país.
A primera vista, parece incuestionable que la democracia norteamericana tiene una sólida división de poderes. La justicia no es un brazo de la política, ni viceversa, los separa una clara frontera. Para algunos no es tan así: el caso de Trump indica que existe una íntima relación.
Más allá de esta compleja discusión, tras la imputación de cargos al expresidente Trump la experiencia latinoamericana cobra mucha más vigencia, pues aquí cada tanto un expresidente se sienta en el banquillo de los acusados.
Mirar al sur
Acá, en la región, no sólo se producen populismos -de diferentes estilos- sino que también se escriben largos expedientes en los tribunales acusando a expresidentes.
Curiosamente, ambas figuras -populismo y expresidentes en los tribunales- hoy tienen vigencia en Estados Unidos, sin tener claro hasta qué punto se han normalizado. Décadas atrás, esto era impensable.
El populismo ha sido la esencia no sólo de Trump, sino de varios líderes demócratas como Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, que también se han adscrito a la corriente populista, desde otra orilla.
Es fácil caer en el populismo, pero salir de él no tanto. Lo sabe Argentina, que lleva 70 años con políticos, casi todos, populistas. Otros países marcados por el populismo como Perú y Venezuela -Mariátegui y Haya de la Torres o, sin duda, Chávez- también sirven de referencia.
Pero América Latina es más que populismo. Tiene, además, una vasta experiencia de expresidentes procesados por diferentes delitos o por, y es el motivo que interesa acá, la judicialización de la política.
Tampoco es que se hable de un fenómeno exclusivo de la región. En la prensa francesa no es raro ver titulares sobre procesos judiciales en contra de Jacques Chirac o Nicolás Sarkozy en Francia o, por citar otro ejemplo, en Corea del Sur. (Ver recuadro)
El caso latinoamericano, sin embargo, es diferente. Por décadas, la judicialización de la política ha sido una tendencia. En ello la región acumula años de experiencia que pueden explicar parcialmente qué condiciones llevan a que la justicia y la política, en vez de ser categorías distintas, se entremezclen permanentemente.
Para Walter Schmidt, periodista argentino, la colisión entre política y justicia se debe a la pérdida absoluta de consensos. “(Existe) un nivel de confrontación tal que la política ha dejado de ser el ámbito de discusión previo a la toma de decisiones como resultado de un consenso parcial o unánime entre oficialistas y opositores”, escribe en El Clarín. En consecuencia, se acude a las cortes para llevar la confrontación política a las instancias judiciales.
Aunada a la falta de consensos, la historia de América Latina muestra que la judicialización de los gobernantes viene desde la Colonia, como en el caso de Hernán Cortés, quién perseguido en las cortes de América por sus opositores, huyó a España para evitar el juicio.
Desde entonces, no ha sido raro ver gobernantes en las cortes. Así lo demuestra la historiadora de la Universidad de Buenos Aires, Hilda Sabato. En su libro “Republicanismo” (2021), narra que los estrados judiciales fueron el escenario predilecto para perseguir opositores en la América Latina del Siglo XIX.
No muy lejos se está de aquel periodo. Basta revisar los últimos diez años en la región para ver que la judicialización política sigue viva. Intacta.
Condenado por corrupción, Luiz Inacio Lula Da Silva fue enviado a la cárcel y luego fue declarado inocente. Tiempo después de sentenciar al entonces presidente, Sergio Moro, el juez de la causa, fue elegido ministro de Justicia de Jair Bolsonaro.
Más abajo, en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que tiene más de una veintena de causas judiciales en su contra, fue condenada recientemente a 12 años de prisión por irregularidades en contratos de obras públicas durante su mandato. En respuesta, la hoy vicepresidenta declaró que se trataba de “una persecución política”.
Rafael Correa, Alan García (fallecido), Enrique Peña-Nieto y otros expresidentes también han alegado persecución política, tras ser investigados o condenados por corrupción.
¿Es la justicia una herramienta política para perseguir a los opositores? Para Donald Trump, sí.
Pero este fenómeno es nuevo en Estados Unidos, mientras que en América Latina se acumulan siglos de expresidentes o gobernantes en el banquillo, perseguidos o culpables.
Basta bajar un poco al sur para entender mejor este fenómeno de los tribunales.
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*MPhill Universidad de Oxford. Consultor en seguridad, tecnología y riesgo país.