Para los días 12 y 13 de mayo próximos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos citó una audiencia pública en un caso contra Colombia, en la que escuchará a las víctimas que se declararon del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), por amenazas que han denunciado.

El caso llega a esta instancia después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado colombiano incumplió su deber al mostrarse supuestamente tolerante con esta situación.

El proceso se relaciona con alegados hechos de violencia, intimidación, hostigamiento y amenazas en contra de los miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo desde la década de 1990 y hasta la actualidad, vinculados a sus actividades de defensa de los derechos humanos. 

Se alega que miembros de este Colectivo han sido víctimas de múltiples eventos de amenazas, hostigamientos y seguimientos en diversos lugares, por parte de personas cuya identidad no se encuentra acreditada, a fin de establecer si se trató o no de agentes estatales.

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La Corte Interamericana detalla en la información de este caso que “específicamente en relación con las presuntas actividades de inteligencia, se argumenta que las labores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a través de un grupo especial de inteligencia estratégica incluyeron monitorear las actividades laborales de los miembros del Cajar; interceptar sus llamadas de teléfonos fijos y celulares, y correos electrónicos; y realizar fichas personales de cada integrante con sus datos personales”.

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 8 de julio de 2020 ante la Corte el caso de la Cajar, respecto de Colombia.

En su informe de fondo, la Comisión ratificó que los miembros del Cajar han sido víctimas de múltiples eventos de amenazas, hostigamientos y seguimientos en diversos lugares por parte de personas cuya identidad no se encuentra acreditada.

Sin embargo, teniendo en cuenta que se determinó que el Estado realizó labores arbitrarias de inteligencia, así como pronunciamientos estigmatizantes por parte de altos funcionarios, en los cuales vinculaban a miembros del Cajar con la guerrilla, la Comisión consideró que tales acciones contribuyeron activamente a la materialización de tales hechos de violencia.