Aunque se tenía previsto el viaje del presidente Duque a San Andrés esta semana para entregar algunas obras, trascendió que partirá mañana y extendería su presencia en la isla hasta el jueves, con el fin de recibir allí el fallo de la Corte Internacional de Justicia por la demanda de Nicaragua a Colombia, por el supuesto incumplimiento del fallo del 2012, en el cual este Tribunal al hacer la delimitación marítima reconoció a los centroamericanos más de 70 mil kilómetros cuadrados de mar.
El presidente Duque se desplazaría al archipiélago en compañía de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez y algunos otros funcionarios del Gobierno.
Las decisiones de los jueces se conocerán este jueves en el Palacio de la Paz en La Haya, Países Bajos, a las 10 de la mañana (hora local; 3 de la mañana, hora de Colombia).
La Corte Internacional de Justicia examinará las reclamaciones nicaragüenses según las cuales Colombia supuestamente habría violado el derecho internacional por no haber dado aplicación al fallo del 19 de noviembre de 2012 de este Tribunal; con las operaciones de la Armada Nacional en el mar Caribe; así como con la expedición del decreto que estableció la Zona Continua Integral en el Archipiélago.
El litigio en la Corte Internacional de Justicia inició en 2001 por la demanda que presentó Nicaragua buscando que se declarara inválido el tratado Esguerra-Bárcenas de 1929 que firmaron las dos naciones, y que por ello se reconociera soberanía de los ‘nicas’ sobre todas las islas y cayos del Archipiélago de San Andrés y Providencia, que son 10 en total: San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Alburquerque, Cayos del Este-Sudeste, Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo.
De este litigio con los centroamericanos han conocido seis gobiernos, los cuales han mantenido un equipo permanente de defensa con abogados expertos nacionales e internacionales, atendiendo los requerimientos del proceso en todo este tiempo: la administración de Andrés Pastrana, los dos mandatos de Álvaro Uribe, dos períodos de Juan Manuel Santos y ahora el de Iván Duque.
El 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia resolvió la controversia planteada por Nicaragua en 2001, con un fallo en el cual si bien reconoció la validez del tratado Esguerra-Bárcenas, y por esa vía la soberanía de nuestro país sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, el país centroamericano no salió con las manos vacías.
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La Corte rechazó la posición tradicional de Colombia según la cual el tratado efectuaba una delimitación marítima, por lo que concluyó que a ella le correspondía determinar la extensión de los espacios de los dos países y fijar la frontera marítima entre las islas colombianas y la costa nicaragüense.
Como consecuencia la Corte procedió a hacer la delimitación marítima con la cual Nicaragua ganó cerca de 75 mil kilómetros cuadrados de mar que hasta entonces eran aguas colombianas.
De igual forma, en esa oportunidad la Corte adoptó una decisión sobre la extensión de las zonas económicas exclusivas de ambas partes, hasta las 200 millas medidas desde la costa de Nicaragua.
Sin embargo, Colombia ha sostenido que la implementación del fallo del 2012 depende de un acuerdo entre las dos naciones que debe ser ratificado por el Congreso colombiano, dado que el mismo implica la modificación de los límites del país.
Durante las audiencias orales que se desarrollaron en formato híbrido (presencial y virtual) en La Haya, entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2021, la defensa de Colombia contó con la participación de los agentes; la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez; el gobernador de San Andrés, Everth Hawkins Sjogreen; la comunidad raizal del archipiélago a través de Kent Francis James; y los abogados internacionales especialistas en litigios ante la CIJ.
Segunda demanda
Es probable que, en el próximo semestre, en la Corte Internacional de Justicia se inicie la fase oral de la otra demanda de Nicaragua contra Colombia, buscando extender su plataforma continental, pues ya finalizó la etapa escrita.
Como están las cosas, el fallo definitivo en este proceso solo se conocería en 2023.
La nación centroamericana pretende la delimitación de la plataforma continental con Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense.