La iniciativa del Gobierno aumentaría los ingresos corrientes de las regiones productoras, que pasarían del 20% a entre el 30% y 50%

Durante su aspiración a la Casa de Nariño, el hoy presidente Iván Duque prometió a las regiones productoras que reformaría el Sistema General de Regalías para hacerlo más equitativo.

A principios de este mes, las ministras del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, con el apoyo de varios congresistas, presentaron ante la Cámara de Representantes un proyecto que busca que las regiones productoras pasen de recibir el 20% de los ingresos corrientes del sistema a una cifra entre el 30% y 50%.

De acuerdo con el Gobierno, el proyecto de reforma tiene como objetivo “fortalecer la participación de las entidades territoriales beneficiarias de las asignaciones directas”. Además busca rediseñar los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) que actualmente viabilizan, priorizan y aprueban los proyectos de inversión de regalías para “hacer más ágil y eficiente la ejecución de los recursos, permitiendo que se conviertan en obras y beneficios para las regiones”.

La senadora Esperanza Andrade, del Partido Conservador, quien acompañó el proyecto con su firma, destacó la iniciativa. “Esa propuesta que está haciendo el Gobierno la acompañamos porque fue un compromiso del presidente Duque en campaña y, además, porque yo soy senadora de origen huilense y me interesa que mi región sea privilegiada con mayor inversión”, sostuvo.

Mientras que el senador Ciro Ramírez (Centro Democrático) señaló que la propuesta del Ejecutivo busca “devolverle más recursos a las regiones productoras”, cumpliendo así con uno de los compromisos de campaña del Presidente; su colega Daira Galvis (Cambio Radical) considera que la idea de darle más recursos a las regiones productoras es “equitativa y justa”.

Galvis señaló que la reforma del Gobierno anterior tuvo un impacto en la serie de consultas populares en las que los habitantes de municipios productores rechazaron proyectos minero-energéticos.

“Mire, si usted hace una estadística del porqué a través de las consultas populares los municipios productores vienen negándose a la explotación minera y de hidrocarburos es precisamente por eso porque eso no es un regalo, eso es una compensación a los municipios que se dedican a la explotación de los recursos no renovables”, afirmó.

Regiones productoras

Tras la presentación del proyecto, existe preocupación en las regiones que son productoras porque podrían acceder a menos recursos de lo que actualmente reciben.

La ministra Suárez aseguró que estas regiones no se verían afectadas ya que mantendrán sus niveles de inversión. “En este proyecto vamos a asegurar que las inversiones para las entidades territoriales no productoras se mantengan. ¿Cómo logramos que aumente la inversión en las productoras y no disminuya en las no productoras? Se va a reducir el porcentaje que se asignaba a funcionamiento”, sostuvo.

Sin embargo, el senador Guillermo García, del Partido Liberal, considera que el proyecto sí perjudicaría a la mayoría de colombianos y por eso no lo apoya. “Esa iniciativa de reforma constitucional de las regalías es absolutamente gravosa para el 90% de los colombianos; solamente beneficia al 10%, a cuatro, cinco departamentos. Es decir, va a quitarles ingresos a departamentos como Antioquia, Cundinamarca, el Distrito Capital, al Valle, al Cauca y también, en nuestro caso, a Nariño”, sostuvo.

OCAD

En relación con el rediseño de los OCAD, que propone la iniciativa, la senadora Andrade manifestó que esto es “necesario e indispensable”. “La mayor problemática que hay en el sistema de regalías, hoy en día, es que las OCAD no han funcionado. La tramitología se ha hecho imposible para que los alcaldes puedan sacar adelante sus proyectos. Además de eso, los fondos para tecnología no se ejecutan y esos recursos terminan en las entidades financieras, ganando rendimientos mientras el gobierno hace maromas financieras”, sostuvo.

“El fundamento de Santos (para la anterior reforma) era que había corrupción en la inversión de regalías y se lo llevaron para el Gobierno nacional y resulta que la corrupción está en todos lados”, añadió.

El senador Ramírez sostuvo que estos órganos colegiados “lo que han hecho es ser una piedra en el zapato” por su lentitud “en viabilizar y aprobar los recursos”.

Pero el senador García discrepa y considera que con esta propuesta “se centralizan las decisiones”, “esto quiere decir que ya no se tendrá una autoridad como los OCAD donde tiene asiento la entidad territorial, los alcaldes o los gobernadores y se centraliza en esa decisión en el Gobierno nacional”.

Posiciones de bancada

De acuerdo con el senador Ramírez, el Centro Democrático acompaña la iniciativa. “Tuvimos una reunión de bancada donde lo decidimos apoyar. Incluso, algunos congresistas acompañaron a la Ministra con su firma en el proyecto. Lo estamos acompañando, pero eso no quiere decir que en el transcurso de la discusión haya modificaciones con el fin de mejorarlo”, sostuvo.

Agregó que en la Cámara de Representantes se debería iniciar la discusión en los próximos 15 o 20 días.

La senadora Andrade dijo que el Partido Conservador aún no tiene una posición oficial. Afirmó que acompañó el proyecto con su firma porque “cuando socializaron el proyecto escogieron a congresistas de los departamentos productores. Cuando realizó el taller regional en Garzón (Huila) yo públicamente le pedí al Presidente que cumpliera su compromiso y que presentara ese acto legislativo. Por eso me escogieron porque he estado muy pendiente del tema”.

Por su parte, el senador García señaló que el Partido Liberal tampoco ha definido una posición de bancada, “pero al verse perjudicados la gran mayoría de departamentos, el Distrito Capital, el 80% de los colombianos no creo que haya mayor apoyo”.

“El Gobierno tiene la agenda congestionada. Hay plazo hasta el 7 de mayo para aprobar Plan Nacional de Desarrollo, creo que ahí hay unos mensajes de urgencia en unos proyectos de ley. La verdad es que el gobierno nacional no tiene las mayorías claras para iniciativas de toda clase y menos esta que no convoca el consenso nacional”, concluyó.

Trámite del proyecto

Al ser una reforma de carácter constitucional, se requiere que el proyecto se tramite en ocho debates y durante dos periodos legislativos, por lo que sería discutido durante todo 2019. Los primeros cuatro debates se deberían realizar entre abril y junio y los restantes cuatro debates en el segundo semestre del año.