Por ocho votos contra cinco, la Comisión Quinta del Senado archivó este miércoles en primer debate el proyecto de ley que prohibía el uso del glifosato contra los cultivos ilícitos.
Se trata de la tercera victoria en un mes que tiene el plan para reactivar el uso de este herbicida en aspersiones aéreas, tras la expedición por parte del Gobierno del decreto 380 del 12 de abril de 2021 que habilita el regreso a las aspersiones aéreas suspendidas en 2015.
A ello luego se sumó el visto bueno por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a la propuesta de modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato (Pecig). La Policía Nacional había pedido esa autorización desde 2019.
Como se sabe, el decreto es una regulación elaborada por el Ministerio de Justicia, es decir por una entidad distinta a la que ejecutará el Pecig, que es la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dirán). La citada norma ordena, igualmente, el establecimiento de un mecanismo para recibir las quejas de los ciudadanos por posibles afectaciones derivadas de la aspersión. La definición estará a cargo de la ANLA, el Ministerio de Salud, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda).
Previamente, el Instituto Nacional de Salud (INS) había entregado su concepto alrededor del plan de regreso de las fumigaciones con este herbicida. La entidad hizo un análisis y evaluación de riesgo en diferentes escenarios de uso del glifosato en aspersiones aéreas.
Así las cosas, el Gobierno considera que ya tiene avanzado un gran trayecto de todo el proceso de cumplimiento de los condicionamientos impuestos en un auto de la Corte Constitucional, a mediados de 2019, en donde habilitó el regreso de las fumigaciones con el herbicida previo el cumplimiento de estrictos protocolos para proteger la salud humana, las fuentes hídricas, la fauna, flora y los cultivos legales.
- Noticia relacionada: ANLA modificó plan de manejo ambiental para aspersión aérea a coca
Ponencia negativa
En cuanto al ‘frente de batalla’ legislativo, los parlamentarios Alejandro Corrales (Centro Democrático), Didier Lobo (Cambio Radical) y José David Name (La U) presentaron el 18 de septiembre ponencia negativa al proyecto que pretendía prohibir el uso del glifosato y sus derivados en la implementación de la política nacional de drogas.
Según ellos, la iniciativa buscaba “la prohibición del uso del glifosato, no solamente la aspersión aérea, sino cualquier utilización que se le dé en lo relativo a la implementación de la política nacional de drogas, componente de lucha contra las drogas ilícitas”.
Para los senadores citados, “tal propuesta no es coherente con el incremento de cultivos ilícitos en el territorio nacional ni mucho menos lo es con la lucha contra el narcotráfico que adelanta el Gobierno nacional, toda vez que está demostrado el costo efectividad de la aplicación del glifosato para exterminar tales cultivos”, que “de 2014 a 2018 tuvieron un incremento sustancial y por tanto es necesario adoptar medidas de erradicación”.
Los congresistas expresaron en la ponencia que “la Corte Constitucional sometió la reanudación de la utilización de glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos al cumplimiento de ciertas condiciones, entre las que se encuentra la ‘ponderación de evidencia científica y técnica’ sobre la afectación a la salud humana, por lo que la prohibición propuesta en el proyecto de ley 120 de 2020 Senado no tendría en cuenta la decisión de la Corte Constitucional”.
Corrales, Lobo y Name expresaron que “el proceso de paz firmado en La Habana generó una competencia entre las organizaciones delincuenciales por el control de los cultivos ilícitos y sus rutas dejadas por las Farc y la profundización de la internacionalización del crimen organizado en nuestro país. Lo que ha puesto en riesgo a la sociedad civil, en general y en especial, a nuestros líderes sociales, a la comunidad campesina y a los menos favorecidos de nuestra sociedad. Por lo anterior, es necesario dotar al Estado de herramientas efectivas en la erradicación de los cultivos ilícitos, claro está, con el acatamiento integral y pormenorizado de los criterios y requisitos establecidos en la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional”.
- Noticia relacionada: Glifosato: Gobierno listo para citar el Consejo Nacional de Estupefacientes
Se archivó
El proyecto fue radicado el 21 de julio del año pasado por congresistas de la Alianza Verde, Partido Liberal, Comunes, Polo Democrático, Dignidad, Lista de la Decencia, Colombia Humana, Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y Cambio Radical.
Contaba desde el 18 de septiembre con ponencia positiva presentada por los senadores Guillermo García (Partido Liberal), Jorge Eduardo Londoño (Alianza Verde), Jorge Enrique Robledo (partido Dignidad) y Pablo Catatumbo Torres (partido Comunes).
Sin embargo, este miércoles en la Comisión Quinta las mayorías oficialistas se terminaron imponiendo y le dieron a la cruzada gobiernista por el regreso de las aspersiones aéreas con glifosato su tercera victoria en el último mes. A votación fue de ocho votos por el archivo del proyecto y solo cinco por dejarlo vivo.
Luego de la decisión de la Comisión, el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, manifestó que “la discusión sobre los impactos negativos en la salud, el ambiente y las comunidades campesinas no para con el archivo del proyecto. Seguiremos insistiendo en que el país debe avanzar en reconocer que el glifosato es una política errada”.
Por su parte, los congresistas que votaron por el archivo de la iniciativa insistieron en que el decreto dictado por el Ejecutivo cumple con todos los condicionamientos para evitar daños por el uso del herbicida, en tanto que se agilizará de forma determinante la erradicación de narcocultivos, que este año se fijó una meta de 130.000 hectáreas.
Noticia de contexto: Duque firma decreto para regreso de aspersión con glifosato
Lo que falta
Como lo publicó EL NUEVO SIGLO, para que regrese la aspersión aérea con glifosato a cultivos ilícitos, tramitando la parte final de la reanudación del Pecig, conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional, ya el Gobierno tiene los elementos para convocar al Consejo Nacional de Estupefacientes.
La citación debe hacerla el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, o la viceministra de Política Criminal, Diana Abaunza, quienes de acuerdo con los decretos 1206 de 1973 y 1188 de 1974 presiden el Consejo Nacional de Estupefacientes, con el director de Política de Drogas, Andrés Orlando Peña, en la Secretaría Técnica.
El decreto 380 ordena que la ejecución del Pecig la hará la Dirán con base en un acto administrativo expedido por el Consejo Nacional de Estupefacientes, en el cual se disponga la destrucción de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea.
El proyecto de ese acto administrativo deberá ser publicado en el sitio web que disponga la Dirección de Política de Drogas (probablemente la del Ministerio de Justicia), dependencia que dará respuesta a las observaciones de los ciudadanos o grupos de interés sobre la decisión de reanudar o no la destrucción de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea. Los argumentos se darán a través del informe de observaciones y respuestas que será publicado durante el término que disponga el Consejo Nacional de Estupefacientes.
Según el decreto 380, antes de proceder a la aspersión el Consejo Nacional de Estupefacientes debe definir el ámbito territorial donde se ejecutarán los programas y, en todo caso, debe excluir las áreas del Sistema Parques Nacionales Naturales y los Parques Naturales Regionales, los ecosistemas estratégicos como páramos, humedales categoría Ramsar y manglares, los cuerpos de agua y los centros poblados.
Para hacer un control independiente respecto de los parámetros operacionales del programa, el Ministerio de Justicia, por decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes, puede celebrar contratos o convenios. El alcance de este control independiente lo definen los ministerios de Justicia y Salud, en el marco de sus competencias.