Luego de un análisis detenido de las reformas a la salud y de pensiones que actualmente cursan en el Congreso, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), y ante los estimativos del costo fiscal, instó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, a que, de la mano del Ministerio de Hacienda revisen detenidamente los parámetros de las reformas.
A la luz de estas conclusiones, el Carf dijo que el proyecto de reforma pensional es positivo en los siguientes aspectos: elimina el arbitraje que existe actualmente entre regímenes pensionales, disminuye los subsidios a las pensiones altas y amplía la cobertura. Adicionalmente, incluye un componente solidario financiado con el Presupuesto General de la Nación, que si bien incrementará las obligaciones de gasto futuras y la inflexibilidad del gasto público, genera un mayor esquema de protección al adulto mayor.
Respecto a la reforma a la salud, el Comité señala que se deben valorar y mitigar los riesgos que no fueron contemplados en los costos presentados por el Gobierno, e incorporar mecanismos sólidos para eliminarlos o mitigarlos a través de modificaciones en el articulado. Esto, antes de continuar con el trámite de la reforma en el Congreso, pues la estabilidad de las finanzas públicas se podría ver comprometida por presiones excesivas de gasto.
Destaca sobre todo que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) se ha convertido en una de las contingencias fiscales más importantes después de la pandemia. En 2022, se acumuló un déficit del fondo con los productores e importadores de cerca de $36 billones y, en este sentido, se deben continuar con los ajustes en los precios.
Ante esta situación, el Carf, hizo las siguientes recomendaciones para evitar un desbordado impacto fiscal de las 2 reformas:
Reforma a la salud
- Reducir el umbral para el pilar contributivo de Colpensiones. El umbral óptimo desde el punto de vista de los subsidios a pensiones y del ahorro de la economía es 1 SMMLV. Esto reduce el costo fiscal en 20 % del PIB en valor presente.
- Ahorrar más. Hacer que un porcentaje fijo de las cotizaciones vaya al Fondo Común y el resto vaya al Fondo de Ahorro, calibrando que en todo momento la Nación siga girando el mismo monto actual como porcentaje del PIB a Colpensiones. Con ello el Gobierno continúa destinando al pago de las obligaciones pensionales un monto equivalente al actual, sin que con la reforma se liberen recursos adicionales para gasto corriente.
Le puede interesar: “EPS no pueden ser gestoras, aseguramiento no puede acabar” - Eliminar del articulado la posibilidad de que los recursos del Fondo de Ahorro se puedan desacumular para razones diferentes a pagar las mesadas pensionales de quienes cotizaron en la constitución del acervo del Fondo.
- El Fondo de Ahorro debe contar con un gobierno institucional y un estatuto de inversiones que le permita ser administrado en condiciones de mercado, con su rentabilidad como función objetivo. Sería ideal contar con un esquema de administración independiente del Gobierno.
- Se debe aclarar en el articulado que el llamado pilar solidario complementa el esquema pensional en el sistema de protección social, pero técnicamente no hace parte de él.
- Se recomienda que el proyecto plantee soluciones a los regímenes especiales, que constituyen 2 / 3 del problema pensional. De igual forma, en aras de garantizar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo, debería incluir modificaciones sobre las semanas cotizadas, la edad de pensión, el porcentaje de cotización o la tasa de reemplazo.
Reforma a las pensiones
- Costos. Según las estimaciones del Gobierno, los costos de la reforma superan entre $4 y $7 billones anuales. La adición de los recursos para la salud provendría de las transferencias de la Nación a la Adres, lo que hace aún más difícil la gestión fiscal futura.
- El principal costo de los reportados por el Gobierno corresponde al asociado a los CAPS (alrededor del 27 % del total de los gastos directos). Por lo tanto, una forma de mitigar el riesgo asociado a la construcción y administración de estos podría ser vía asociaciones público - privadas.
- Las estimaciones del Gobierno sobre la atención primaria podrían estar subestimadas, por los costos de adquisición o renta, y de dotación, así como de contratación para los centros de atención prioritaria en los diferentes lugares del país.
- Potenciales excesos de gasto en la atención primaria. El esquema actual protege las finanzas públicas en la medida que cuenta con un administrador de los recursos, las EPS, y una restricción presupuestal, la unidad de pago por capitación y el plan básico de salud. Un esquema de subsidios a la oferta podría resultar en excesos de gasto que recaerían directamente sobre las finanzas del Gobierno Nacional.
- Insuficiente capacidad para la gestión de recursos en las regiones. Existen riesgos de control, focalización, gobierno y rendición de cuentas que deberían probarse antes.
- Falta de capacidad para la gestión de riesgos inherentes a la prestación del servicio. En la actualidad los riesgos legales de la prestación de salud recaen, al menos en parte, en los prestadores y aseguradores privados. En la medida que la atención primaria podría prescindir de estas dos instancias, la Nación a través de las instituciones de administración de los recursos, asumiría todos estos riesgos.
El Fondo de Combustibles
En un análisis aparte, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), analizó la situación del Fondo de Estabilización en el Precio de los Combustibles (Fepc), y dijo que este se ha convertido en una de las contingencias fiscales más importantes después de la pandemia. En 2022, se acumuló un déficit del fondo con los productores e importadores de cerca de $36 billones. Gracias al ajuste del precio regulado de la gasolina emprendida por el Gobierno en octubre de 2022, y contando con que se continúe con el plan de ajuste mensual de la gasolina y que se inicie un ajuste mensual del ACPM, a partir de junio, se estima que en 2023 el déficit se podría reducir $10 billones frente a 2022.
Esta deuda, que pese a no estar incluida en los pasivos del Gobierno Nacional Central, debe ser asumida por este, se genera porque el precio regulado para la gasolina motor corriente y el ACPM están por debajo del precio de paridad internacional. En mayo de 2023, el precio de la gasolina al público en Bogotá era de aproximadamente $12.200 / galón, de los cuales $7.300 / galón se iban a remunerar al productor o importador y el resto a remunerar márgenes de transporte y comercialización, contribuciones e impuestos. Los $7.300 que recibe el productor o importador se comparan con un referente internacional cercano a los $11.500 / galón. Lo anterior indica que, dada una demanda promedio cercana a los 6 millones de galones al día, el Fepc acumula un déficit de $30 mil millones diarios por concepto de gasolina.
El Carf recomienda:
- Continuar con la política de aumento de precios de la gasolina y empezar con el aumento de precios del ACPM. Esto para disminuir el ritmo de acumulación del déficit del Fepc. Dados los aumentos que se han hecho desde octubre, la Nación se ha ahorrado cerca de $10 billones.
- Continuar con la política de pago del déficit máximo con un año de rezago: pagar cerca de $26 billones que se deben de 2022 en 2023, y programar el pago en 2024 del déficit que se está generando en 2023, por cerca de $26 billones.
- Cuando ya no haya diferencial de precios de los combustibles internos, con los precios internacionales, utilizar otros mecanismos para compensar poblaciones focalizadas por las variaciones del precio interno de los combustibles.