Hasta este 13 de mayo tienen los movimientos y partidos políticos para presentar al Consejo Nacional Electoral los informes de ingresos y gastos de campaña de las elecciones de Congreso en marzo pasado.

La revisión de estos libros permitirá a la autoridad electoral verificar si fueron respetados o no los límites en los gastos de campaña establecidos.

Vale señalar que la violación de topes de gastos de campaña anteriormente se consideraba una infracción a la normatividad electoral, por lo cual se contemplaban sanciones a los directivos de los partidos, entre ellas la suspensión o la destitución del cargo; así como a los partidos, que se exponían a penalidades desde la suspensión de la financiación estatal hasta la cancelación de la personería jurídica.

Sin embargo, hoy en día la violación al techo en los gastos de campaña es un asunto más grave a partir de 2017 por efecto de la Ley 1864, que introdujo modificaciones al Código Penal (Ley 599 del 2000) en el capítulo sobre delitos contra los mecanismos de participación democrática.

Por ello, quienes violen los topes o límites de gastos en las campañas electorales y quienes utilicen recursos para la financiación de estas de fuentes prohibidas enfrentarán penas de prisión que oscilan entre los cuatro y los ocho años, y altas multas.

Según la norma, también el delito de omisión de información del aportante significará para el responsable prisión de cuatro a ocho años y multa de 400 a 1.200 smlmv.

La primera etapa en la verificación que hará el Consejo Nacional Electoral a las cuentas de las campañas al Senado y la Cámara este año se cumplió el pasado 13 de abril, es decir, un mes después de la jornada de votación de dichas elecciones, hasta cuando los candidatos tuvieron plazo para presentar el informe individual sobre el particular, junto con el libro de ingresos y gastos impreso directamente del software del aplicativo Cuentas Claras, documentos y soportes contables a la organización política que los avaló.

Vale señalar que el aplicativo Cuentas Claras fue adoptado desde hace varias elecciones por el Consejo Nacional Electoral, el cual deben alimentar los candidatos en tiempo real con los registros de la plata que les entra y su origen; así como el dinero que gastaron y por cuál concepto.

Ahora les corresponde a los partidos y movimientos políticos, como se dijo, a más tardar hoy, entregar al Consejo Nacional Electoral los libros que recibieron de los candidatos en donde informan sobre los ingresos y gastos de campaña.

El Consejo Nacional Electoral estableció que los gerentes de campaña, contadores y candidatos serán responsables por la veracidad de la información declarada en los informes individuales de ingresos y gastos.

Advirtió también que la información presentada en el software aplicativo Cuentas Claras debe ser fiel reflejo de la contenida en el documento físico que corresponda.

El procedimiento de reporte prevé que se presentará un informe único por cada una de las listas al Senado y la Cámara, el que deberá corresponder al consolidado del total de ingresos y gastos de sus respectivos integrantes. En todo caso, para la certificación del informe será necesario que este contenga la información de todos y cada uno de los integrantes de la plancha.

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No reportan a tiempo

Transparencia por Colombia señala en un reciente informe en que le hizo seguimiento al aplicativo Cuentas Claras del reporte de las campañas a la Presidencia de la República, que “a la luz de estos datos pareciera que los candidatos no están reportando en tiempo real los ingresos y gastos en los que están incurriendo en campaña, aspecto que va en contravía con la normativa vigente para la rendición de cuentas, así como con sus discursos de transparencia y lucha contra la corrupción planteados en el desarrollo de las campañas”.

En cuanto a la información que aparece en Cuentas Claras para Presidencia, Transparencia por Colombia encontró que los recursos reportados a la fecha son en su totalidad de origen privado.

Agrega esta oenegé que las principales fuentes de financiación para los candidatos a la Presidencia de la República son créditos de entidades financieras por $10.178.000.000; rendimiento de inversiones por $4.000.000.000; donaciones de particulares por $1.639.424.000 y recursos propios y de familiares por $657.654.500.