La norma aprobada crea las RET, entidades territoriales que, por ejemplo, podrán tener sus autoridades propias

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La plenaria del Senado de la República aprobó el miércoles el texto de conciliación la Ley de Regiones, un proyecto que busca promover la regionalización del país.

Uno de sus principales impulsores, el gobernador de Atlántico, Eduardo Verano, hizo un balance de la aprobación de la iniciativa, que está a la espera de ser sancionada por el presidente Iván Duque.

El Mandatario departamental manifestó que esta ley implica un gran paso para la construcción de un ordenamiento territorial centrado en las regiones. Subrayó que podrán acceder a recursos y tener injerencia en la planificación. Destacó el respaldo que tuvo la iniciativa en las dos cámaras del Congreso donde fue aprobada de forma unánime por miembros de todas las bancadas. Señaló, además, que el presidente Duque ha estado pendiente de su trámite y espera que él la sancione.

El NUEVO SIGLO: ¿Cuál es el propósito de la ley de regiones?

EDUARDO VERANO: Este es un proceso en la construcción de un ordenamiento territorial basado y fundamentado en las regiones. Es resultado de la Constitución de 1991.

Sin embargo, la Constitución requería que una ley diera todas las aprobaciones y las definiciones de rigor. La Ley de Ordenamiento Territorial, que se aprobó en 2011, de una u otra manera impidió que todo este proceso se pudiera dar porque no asignaba recursos. Esta era la principal dificultad. Esa ley expresamente decía que si se conformaban las regiones estas no podían tener acceso a recursos. Entonces, eran unas figuras inanes, inocuas sin ningún sentido.

Por eso esta ley básicamente lo que hace es que le da un valor diferente al proceso regional. Le permite a las regiones recursos, tener una injerencia en la planificación. Antes eran unas figuras meramente de planificación, pero no podían ejecutar proyectos. Esto básicamente es lo que se rompe con esta ley.

ENS: ¿Cómo fue la acogida del proyecto en el Congreso?

EV: En las votaciones el apoyo fue unánime. Toda la Cámara y todo el Senado la aprobaron. Esto muestra que hay una voluntad del país sobre este tema muy diferente a lo que existía antes.

Hemos estado luchando por este tema porque consideramos que fue uno de los logros importantes de la Constitución de 1991. Yo fui constituyente. Toda la Constitución ha tenido desarrollo jurídico, ha tenido desarrollo legal. Se han implementado las diferentes ideas que quedaron plasmadas en el texto. Lo único que no ha merecido todavía un desarrollo y que ha quedado como letra muerta es lo que corresponde al ordenamiento territorial y la autonomía regional.

ENS: La ley contempla dos figuras: las Regiones Administrativas de Planeación (RAP), en la actualidad están operando algunas, y luego las Regiones Entidad Territorial (RET). La primera figura desembocaría en la segunda luego de cinco años de estar conformada, ¿qué diferencias existen entre la dos?

EV: La RAP es una organización que tiene una personería jurídica, pero no es una entidad territorial. La RET sí es una entidad territorial. El Artículo 285 de la Constitución define lo que debe ser una entidad territorial. La entidad territorial, entonces, podrá tener sus autoridades propias, podrá tener acceso a recursos, podrá tener también participación en el presupuesto nacional, podrá tener impuestos y demás. Esa es la fuerza que tendría la RET, que serían unas entidades territoriales y como tales podrían operar las funciones del Estado como una organización con toda la fuerza que le permite la ley.

ENS: ¿Qué relación tendrían las regiones con las regalías a partir de esta ley?, ¿podrían proponer proyectos a los OCAD?

EV: Las regalías serían una fuente de recursos, pero no la única. Ahora las regiones podrán tener acceso a los recursos de regalías presentando proyectos a los OCAD. Antes la ley de ordenamiento lo impedía expresamente. Tenía un artículo que decía que las regiones no podían participar del presupuesto nacional, ni del Sistema General de Participaciones ni del Sistema General de Regalías.

ENS: ¿Se contemplan nuevos cargos y nuevas competencias?

EV: Ahora vienen 18 meses en los que se conforma la Misión de Descentralización que tendrá la tarea muy importante de avanzar en la definición de cómo se van a distribuir los recursos y competencias de la organización del Estado en el país. Durante estos meses habrá una discusión interesante sobre cómo se va a manejar este proceso.

ENS: ¿Por qué la dirigencia de la región Caribe y usted, especialmente, han tenido un importante liderazgo en este tema?

EV: Ha sido un tema que se ha movido desde el Caribe, pero la realidad es que ya no corresponde solo al Caribe.

Están todos los gobernadores y, además, todas las bancadas promoviendo la creación de las regiones en sus diferentes formas.

Por ejemplo, ya está avanzada la RAPE, la de Bogotá y sus alrededores, como también la Pacífica, la Santandereana, la Amazonía y la Cafetera.

Hay seis regiones que ya están en proceso de configuración, de organización y de impulso.

ENS: Al proyecto solo le resta la sanción presidencial, ¿cree que el presidente Duque lo hará?

EV: Esa es la expectativa que tenemos. El Presidente ha estado haciéndole seguimiento al tema, ha estado muy interesado. Haremos todo lo posible para que eso se pueda dar.

Principales aspectos de la ley

La ley tiene dos elementos importantes: en primer término, viabiliza, incentiva y fortalece la creación de las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP), que existen actualmente. Y en segundo término, establece las condiciones de las anteriores para su paso a Regiones Entidad Territorial (RET).

La Región Entidad Territorial podrá formular, adoptar e implementar políticas, planes, programas y proyectos regionales que propendan por el desarrollo integral sostenible, el ordenamiento territorial y la protección y promoción de ecosistemas estratégicos, conforme a las funciones y competencias asignadas. Así mismo ejercer desde su autonomía territorial y en lo pertinente, las funciones asignadas a las Regiones de Administración y Planificación.

Las RET deberán contar con la suficiencia financiera, técnica e institucional; administrar los recursos que se le asignen y establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones constitucionales, legales y ordenanzales. Sobre sus recursos tendrá autonomía para definir su destinación en inversión social y sobre los recursos de cofinanciación de la Nación su destinación se definirá de manera concertada con el Gobierno nacional.