La preocupación por la seguridad en las elecciones territoriales de octubre y las garantías para votar libremente aumentó en las últimas horas, después de conocerse un comunicado supuestamente del Estado Mayor Central de las Farc, advirtiendo que no permitirá hacer campaña en territorios en los que opera a candidatos a los que no les dé visto bueno, especialmente de partidos tradicionales. Este asunto será abordado en la tercera Comisión de Seguimiento Electoral Nacional, el día de hoy. 

La directora ejecutiva de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, dijo que de confirmarse sería una de las más graves amenazas a los comicios en las últimas dos décadas. Agregó que en este contexto es necesario convocar, en principio, comisiones de seguimiento electoral en los departamentos de Guaviare, Meta, Putumayo y Caquetá. 

Precisamente en estos cuatro departamentos el presidente Gustavo Petro suspendió el cese el fuego bilateral con el Estado Mayor Central, que había adoptado desde el pasado 31 de diciembre, como consecuencia de que este grupo, como se lo atribuyó, asesinó en Putumayo a cuatro menores de edad que escaparon tras haber sido reclutados de manera forzada. 

Barrios indicó a EL NUEVO SIGLO que “lo primero es que hay que confirmar que no estamos hablando de un mensaje que no pertenece a este grupo al margen de la ley. En segundo lugar, de ser cierto es gravísimo para el proceso electoral, es gravísimo para estos departamentos: Meta, Putumayo, Guaviare y Caquetá. Es necesario anotar que en estas regiones la violencia se ha venido incrementando, que uno tendría que añadir a ellos el departamento de Arauca y la zona de Norte de Santander, no solamente contra liderazgos políticos, sociales y comunales, sino también acciones contra la población”. 

Subrayó Barrios que “una amenaza de este carácter directo a un proceso electoral es algo que no habíamos visto realmente, así de esta manera como está planteado, más o menos hace un par de décadas, porque lo que hay en ese documento –que por eso lo señalo tiene que ser confirmada su veracidad por parte de las autoridades– está amenazando claramente a determinadas organizaciones políticas y candidatos de esas organizaciones políticas, y eso significa que amenaza también a la población civil”. 

La experta electoral dijo que es muy importante tener en cuenta que Colombia siempre ha hecho elecciones en contextos de violencia, de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, “no es nuevo ni es para este proceso electoral. Pero ahora hay “un escenario que esperábamos no tener, porque para el 2016 habíamos tenido una disminución de la violencia después de la firma del Acuerdo de Paz, y esto se ha venido incrementando de una manera asombrosa”. 

Agregó que la Comisión de Seguimiento Electoral el día de hoy es un escenario muy propicio, “si este comunicado es real”, para poner la situación sobre la mesa con todas las autoridades. 

“Es la tercera Comisión Nacional de Seguimiento Electoral y todos estos temas de violencia que se han venido intensificando en algunas regiones del país, con unos incrementos muy fuertes, se tienen que poner sobre la mesa. Tienen que convocarse comisiones de seguimiento electoral, de manera particular diría que en principio para estos cuatro departamentos a la mayor brevedad posible, es decir, en Meta, Guaviare, Putumayo y Caquetá, de ser cierto esto. Y lo que hay que adoptar es todas las medidas de garantías para las organizaciones políticas y para las candidaturas que se vayan a presentar”. 

A su turno el senador Ariel Ávila dijo a este medio: “Eso lo que hace es muy viable la posibilidad de renovar un cese bilateral el fuego, al menos de aquí a elecciones, y va a tocar negociar en medio del conflicto”. 

Agregó el parlamentario alternativo: “Creo que el Estado Mayor, estas disidencias de las Farc, hacen más comunicados de lo que realmente tienen”.  

En ese sentido consideró que esta organización no tiene la capacidad de incidir en las elecciones, como sí lo pudo haber hecho en su momento la guerrilla de las Farc. 

Sostuvo Ávila que hay unos 60 o 70 municipios donde el Estado Mayor Central podría tener injerencia en las elecciones venideras. Por ello considera necesario incrementar la seguridad a los candidatos, sobre todo en el sur del Meta, en Caquetá, Vichada, Guainía y algunas zonas del Putumayo.  

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El comunicado 

El pasado sábado se conoció en redes un comunicado supuestamente del Estado Mayor Central –disidencia del frente primero que se alejó de las negociaciones de La Habana en 2016, que llevaron a la firma del Acuerdo de Paz por parte del grueso de la guerrilla de las Farc–, donde anuncia “medidas” tras la ruptura del cese del fuego bilateral en los cuatro departamentos antes señalados. 

“Entendiendo que en Colombia hay partidos, sectores militaristas, dirigentes políticos o congresistas que atizan la guerra que pretenden desarrollar las campañas electorales regionales en áreas sobre las que tenemos control político-militar, se les informa que desistan de ingresar a dichas áreas, no son bienvenidos, serán devueltos de nuestros puntos de control”, señala el comunicado. 

Añade que “a los candidatos locales y/o provenientes de las comunidades, les sugerimos respetuosamente que rechacen los apoyos de partidos o congresistas de partidos tradicionales o guerreristas y candidatos promovidos o apoyados por la doctrina paramilitar”. 

Dice también que los “actos de corrupción, como la compra o venta de votos, entrega de materiales de construcción, la compra de los registradores municipales, maquinaria agrícola, ofrecimiento de puestos o falsas promesas, todos estos plenamente identificados y documentados por nuestra organización o denunciados ante las Farc Ep por las comunidades, serán sancionados conforme a la Ley 003 del 2000 o ley anticorrupción”.

Esta advertencia que supuestamente hizo a los candidatos para las próximas elecciones el Estado Mayor Central fue rechazada por sectores políticos, entre otros, como en el Centro Democrático la senadora María Fernanda Cabal, quien dijo que “consecuencias de una paz imaginaria: disidencias vetarían a candidatos tras ruptura del cese al fuego”. 

La senadora Paloma Valencia, también del Centro Democrático, señaló en una columna que “en el Caquetá las disidencias están carnetizando a la población. Se habla de que tienen un catastro de la región más avanzado que el propio Estado. Cobran por cabeza de ganado y, si ya se lo han robado, por hectárea. Parecido escenario se vive en el Cauca, donde se requiere carta de autorización de los ilegales para entrar a los municipios. Parecido al Huila, donde obligan a carnetizarse a los miembros de juntas de acción comunal. Y la obligación en los tres departamentos a integrar guardias campesinas”. 

Añadió Cabal que “el ambiente está muy enrarecido para hacer política. Muchos expresan que no pueden usar el logotipo del Centro Democrático pese a ser de estas ideas, por el miedo y las amenazas”.