UN NUEVO llamado hizo ayer la justicia para que se respete su autonomía e independencia.

El Consejo de Estado emitió un comunicado al respecto, luego de que el presidente Gustavo Petro, desde su perfil en Twitter, afirmara: “a propósito, ¿se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es un golpe blando”.

Tras ello, el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo emitió un comunicado en el que señaló “(…) que no considera que las expresiones del primer Mandatario guarden relación con sus decisiones, pues la Corporación no ha emitido órdenes administrativas con los efectos que él señala”.

El Consejo de Estado recordó que “las decisiones proferidas por esta Corporación, no tienen otro objeto que el acatamiento riguroso a la misión que el constituyente le impuso. Ajeno a controversias políticas e ideológicas, el actuar de este tribunal se basa en la defensa de la juridicidad y en principios como el de la colaboración armónica entre las ramas del poder público. Por otra parte, esas decisiones, como corresponde a las sentencias judiciales en un estado de derecho, se encuentran sujetas a los recursos de ley”.

Finalmente, el alto tribunal hizo “un llamado a todos los ciudadanos, y por supuesto, a todos los detentadores del poder público, a evitar comentarios que socaven la independencia y la autonomía judicial”.

A su turno, el fiscal General, Francisco Barbosa, consideró irresponsables las afirmaciones del jefe de Estado: “Creo que Gustavo Petro es un irresponsable. Es un tipo que no ha asumido el rol de presidente de la República con dignidad y no lo ha asumido con dignidad porque es que uno no ataca a la Rama Judicial del poder público. Respaldo completo al Consejo de Estado, que no actúa políticamente, actúa conforme a las normas jurídicas, como lo hace la Corte Suprema de Justicia, como lo hace la Corte Constitucional”.

Tras estas reacciones, Petro volvió a pronunciarse, acusando a un medio de comunicación de una malinterpretación y precisando que en su trino inicial no “menciona el Consejo de Estado y no lo sugiere. Actos administrativos que suspendan congresistas del Pacto Histórico quitando su voto, como mencioné, no los emite ni los emitió el Consejo de Estado, los emitió la Procuraduría violando el efecto de la sentencia de la CIDH y la Convención Americana, que el Consejo de Estado ha defendido en sentencia de sala, y que es parte de la constitución y la ley y que veo, el fiscal no ha leído”.

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Afirmó el mandatario que “el que hoy la presidencia del Congreso no esté en manos del Pacto Histórico, como dije en mi trino, no es responsabilidad del Consejo de Estado, sino de la actual mesa directiva del Senado”.

Las decisiones

Los congresistas del Pacto Histórico han estado en la mira de los entes de control. Ayer, por ejemplo, la Procuraduría formuló pliego de cargos al senador Wilson Arias por presuntamente responsabilizar a los policías presentes en un operativo de torturar a los ‘compañeros’, refiriéndose a unos ciudadanos que habían sido detenidos por insultarlos y adelantar el bloqueo de una vía.

La semana pasada, el Ministerio Púbico también sancionó con suspensión e inhabilidad especial durante ocho meses al senador Álex Flórez Hernández por referirse en términos calumniosos contra tres agentes de la policía.

En cuanto al Consejo de Estado, a principios de este mes la Sección Quinta anuló la elección de Roy Barreras Montealegre, ‒entonces presidente del Senado e integrante del Pacto Histórico‒, por haber incurrido en doble militancia.

De igual manera, en marzo pasado también anuló la elección del senador César Augusto Pachón por doble militancia.

Sin embargo, el alto tribunal también ha negado varias demandas contras senadores del Pacto, como María José Pizarro, Iván Cepeda y Gustavo Bolívar (quien renunció en diciembre pasado), A varios de ellos los señalaron de doble militancia por haber apoyado a Petro en la consulta popular en la que este fue elegido candidato único en marzo de 2022. La tesis de los magistrados es que en esta clase de eventos electorales no se configura tal infracción.