ANTE el fallo de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), en el que condena a la firma contratista CB&I a pagar US$ 1.000 millones por los sobrecostos en la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar), varios exdirectivos de la compañía que fueron acusados por la Contraloría General a pagar $ 2,9 billones, ahora piden revocar esa medida de responsabilidad fiscal.
En 2021, la Contraloría General de la República dejó en firme un fallo de responsabilidad fiscal por $ 2,9 billones contra cinco ex funcionarios de Reficar, siete miembros de su Junta Directiva y cuatro contratistas, en razón a los mayores valores invertidos en la modernización de la refinería.
Según la Contraloría en su momento se encontró que “existe la certeza del daño al patrimonio público, así como el nexo de causalidad entre el comportamiento de los declarados responsables fiscales y el daño ocasionado al erario”.
Sin embargo, con la medida de la CCI, esta situación dio un giro de 180 grados.
Algunos miembros de junta de Reficar (Javier Gutiérrez, Orlando Cabrales y Reyes Reinoso), indicaron que el fallo arbitral emitido por Tribunal Internacional contra CB&I por más de 1 billón de dólares “ratifica la responsabilidad del contratista por el incumplimiento de las obligaciones del contrato EPC celebrado para la ampliación y modernización de la refinería de Cartagena”.
Durante los procesos llevados a cabo en Colombia ante los órganos de control, siempre se expuso que la refinería costó más de lo presupuestado debido especial y, principalmente a los incumplimientos del contratista CB&I. Y también por imprevistos como la huelga, el invierno y debido a que el costo inicial calculado por el contratista estaba muy subestimado.
El pedido
Ayer, cuatro exdirectivos y cinco exfuncionarios de la Refinería de Cartagena (Reficar) firmaron un comunicado en el que le piden a la Contraloría General de la República reevaluar un fallo de responsabilidad fiscal en su contra por el caso de corrupción de la refinería.
El comunicado fue firmado por los miembros de la Junta Directiva declarados como responsables fiscales: Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Pedro Alfonso Rosales Navarro, Uriel Salazar Duque, Diana Constanza Calixto Hernández.
Mientras que los exfuncionarios que también firmaron la solicitud fueron: Orlando José Cabrales Martínez, Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, Andrés Virgilio Riera Burelli, Magda Nancy Manosalva Cely y Reyes Reinoso Yanes.
De acuerdo con los extrabajadores de Reficar, el monto del fallo por US$ 1.000 millones equivale a $ 4,2 billones de hoy que Reficar va a recuperar con el laudo. Alegan que este monto supera ampliamente el daño fiscal de $ 2,9 billones determinado por la Contraloría General de la República.
Respaldo
Según el comunicado, “el fallo comprueba que las decisiones de la junta directiva y de la administración de Reficar que se tomaron a lo largo de la construcción del proyecto, incluidas las adiciones presupuestales adoptadas en el marco de rigurosos controles de cambio, estuvieron sustentadas y tuvieron como único objetivo que la iniciativa industrial de mayor envergadura en la historia de Colombia se terminara. Tras los incumplimientos constantes y reiterativos de CB&I, la junta directiva y la administración de Reficar siempre tuvieron claro que el proyecto debía terminarse para no quedar con un elefante blanco, y, que luego se harían las reclamaciones correspondientes, tal y como se hizo ante el Tribunal Internacional”.
También retomaron la decisión de la Procuraduría General de la Nación que archivó la investigación contra los exdirectivos.
De hecho, la Procuraduría General de la Nación investigó durante más de ocho años la conducta de los miembros de la junta directiva de Reficar y la de los funcionarios de la administración vinculados a estas investigaciones sobre el incremento en el presupuesto y la extensión del cronograma del proyecto. Luego concluyó en la inexistencia de conductas dolosas o culposas (ni siquiera en los grados más leves) y comprobó la debida diligencia de todos los investigados.
Además, destacó la actuación de los miembros de la junta directiva de Reficar y de los funcionarios de la administración; descartó con firmeza la existencia de acto alguno de corrupción; y puso de relieve la importancia para el país de haber logrado la terminación de esa refinería, destacando la actuación de los decisores y las decisiones que se tomaron.
Los recursos
Respecto al uso que le vayan a dar tanto Ecopetrol como Reficar a los US$ 1.000 millones, aunque no se conoció una decisión al respecto, EL NUEVO SIGLO consultó con algunos expertos al respecto.
El exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, quien fue presidente de Ecopetrol cuando se instauró la demanda ante la CCI, dijo que los recursos “entran a Reficar, y son parte de los ingresos de este año. Pasan por utilidades de Reficar y luego de Ecopetrol, antes de poder echarle mano a los recursos”.
Por su parte el también exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, dijo sobre el posible uso de los US$ 1.000 millones por parte de Ecopetrol, que “no lo sé; me imagino que los incorpora a sus programas normales de inversión”.
En el documento, también destacan que, gracias al fallo a favor, Reficar recibirá una gran suma de dinero que les permitirá solventar de largo el daño fiscal generado por los sobrecostes de las obras.
Ayer Reficar dijo en un comunicado que “esta decisión es positiva para los intereses del país en materia de financiación de la transición energética del país”.
Sostuvo la compañía que “el Tribunal Arbitral, por solicitud de Reficar, procedió a la liquidación del Contrato EPC entre las dos partes, y en tal sentido resuelve la controversia sobre los costos del Contrato EPC. Con esta decisión, Reficar y todos los colombianos pueden tener certeza sobre los recursos invertidos en la construcción de la refinería”.
Asimismo, Reficar reafirmó su papel en el sector de los hidrocarburos, destacando que, desde que entró la operación, el país ha dejado de importar combustibles por valor de US$ 15.500 millones.
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“La refinería de Cartagena es uno de los activos estratégicos para la autosuficiencia energética del país; durante los últimos años gracias a su operación Colombia ha dejado de importar combustibles por valor de US$ 15.500 millones. Reficar es un impulsor de la transición energética justa y segura. Colombia gana con esta decisión”, puntualizo.
El exministro Echeverry dijo que en 2009 el contratista había dicho que podía construir la refinería por 3.777 millones de dólares y la terminaba en 3 años. Pero terminó costando más del doble y la construcción se demoró 6 años.
El proceso arbitral fue iniciado a través de una solicitud interpuesta por Reficar en marzo de 2016, cuando era CEO de Ecopetrol”.
La responsabilidad de CB&I
Desde Reficar se dieron algunos detalles sobre el laudo arbitral que en las recientes horas se dio a conocer y en el que se falló a su favor en el tribunal de arbitraje que sostenía contra CB&I por el contrato EPC el cual hacía referencia a la ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena.
En primer lugar, se expuso que dicho fallo el cual se emitió desde el Tribunal Arbitral Internacional, sede Nueva York, de la Cámara de Comercio Internacional, se generó por unanimidad, confirmando la responsabilidad del contratista CB&I al incumplir sus obligaciones del Contrato EPC, calificando el incumplimiento del contratista a título de culpa grave.
En segundo lugar, se expuso que “el Tribunal Arbitral fue conformado por 3 de los árbitros internacionales de mayor reconocimiento y experiencia en controversias de construcción e infraestructura: Sir Vivian Ramsey, anterior juez de la Alta Corte de Inglaterra y Gales, Juan Fernández-Armesto, con una trayectoria de más de 125 tribunales comerciales y Andrés Jana, vicepresidente de la Corte de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional”.
En tercer lugar, se reiteró que el Tribunal Arbitral condenó a CB&I al pago a favor de Reficar de más de 1.000 millones de dólares, más los correspondientes intereses causados desde el 31 de diciembre de 2015, agregando que “de igual forma, el tribunal desestimó pretensiones de CB&I por cerca de 400 millones de dólares”.
En cuarto lugar, se informó que, por solicitud de Reficar, el Tribunal Arbitral liquidó el contrato EPC con el contratista CB&I.
Finalmente, desde la refinería se expresó que con el fallo el país puede tener certeza sobre los recursos invertidos en la construcción de la refinería, agregando que, gracias a la Refinería de Cartagena, durante los últimos años Colombia ha dejado de importar combustibles por valor de US$ 15.500 millones.