EN POCOS días termina el primer semestre de 2023. Para Colombia ha sido uno de los más movidos de los últimos tiempos. Muchos de los pronósticos y apuestas para esta primera parte del año no se cumplieron. Por el contrario, hubo una sucesión de hechos tan inesperados como impactantes.
El flanco político y gubernamental fue el más traumático. Tras un segundo semestre de 2022 que el gobierno de Gustavo Petro consideró muy positivo, sobre todo porque logró conformar una coalición parlamentaria mayoritaria y el Congreso le aprobó una reforma tributaria por más de 80 billones de pesos (la más alta de la historia), la Casa de Nariño tenía grandes esperanzas para el lapso enero-junio.
La principal de ellas, sin duda alguna, radicar en el Congreso y obtener su aprobación antes de este 20 de junio, cuando terminan las sesiones ordinarias, tres de las más importantes reformas prometidas en campaña y consideradas columnas vertebrales de la agenda ‘del cambio’.
De hecho, para asegurar ese objetivo, citó al Senado y la Cámara a trabajar desde el 7 de febrero, en sesiones extras. Paradójicamente, por no tener listos los articulados, tardó varias semanas en radicarlos.
Si bien, tanto Petro como las titulares de Salud (Carolina Corcho) y de Trabajo (Gloria Inés Ramírez) insistían en que los textos habían sido consensuados con partidos de la coalición y múltiples sectores políticos, económicos, gremiales, sociales e institucionales, tan pronto fueron radicados surgió un alud de ‘peros’ y alertas desde múltiples flancos, poniendo en evidencia que no hubo concertación real y que el Ejecutivo buscaba imponer tres reformas que coincidían en una alta carga ideológica de izquierda, un combate frontal a la iniciativa privada, así como la regresión a controvertidos esquemas de amplia presencia estatal tanto en la operación de los sistemas de salud, pensional y laboral, como en el manejo presupuestal.
Ese enfoque radical de las reformas llevó, primero, a que los ministros del ala más centrista y moderada (en cabeza de los titulares de Hacienda, Educación y Agricultura) alertaran sobre el alcance de las iniciativas, lo que no gustó a Petro y su entorno, que lo consideraron una deslealtad. Vino, entonces, la primera crisis ministerial, a finales de febrero: salieron del gabinete Alejandro Gaviria (Educación), María Isabel Urrutia (Deportes) y Patricia Ariza (Cultura). Fue obvio, que, al primero, experto en temas de salud, pues ‒ocupó esa cartera siete años en el mandato Santos‒, le cobraron sus ‘peros’ al proyecto de Corcho.
Sin embargo, la crisis por la falta de concertación no terminó ahí. Por el contrario; desembocó en la ruptura de la coalición parlamentaria mayoritaria, ya que las fuertes críticas de los partidos Conservador, Liberal y de La U a las tres iniciativas, llevaron a que, a finales de marzo, Petro anunciara que salían del bloque oficialista esas tres colectividades y, acto seguido, produjo una segunda y más amplia crisis en el gabinete.
De un solo tajo, sin completar nueve meses en el cargo, se fueron los ministros de Hacienda (José Antonio Ocampo), Agricultura (Cecilia López), Interior (Alfonso Prada), Salud (Carolina Corcho), Ciencias (Arturo Luna), TIC (Sandra Urrutia) y Transporte (Guillermo Reyes). Es decir, que salieron no solo los ministros más centristas, sino también aquellos que se consideraban cuotas de conservadores y La U. Los que se creían parte de los liberales (Vivienda y Justicia) ya habían sido desconocidos por el jefe único de las toldas rojas, César Gaviria.
Ya en minoría en el Congreso, Petro acudió a una nueva táctica para impulsar sus reformas: presionar desde la calle, bajo la tesis de que, cuando ganó la presidencia, los 11,2 millones de votos que logró también apoyaron estos cambios.
Bajo esa tesis, inauguró los llamados ‘balconazos’ (discursos desde una ventana de la Casa de Nariño ante cientos de seguidores) y fue a la plaza pública, como ocurrió el 1 de mayo (Día del Trabajo) y el pasado 7 de junio. En esos escenarios advirtió que el Congreso no podía desconocer el “mandato popular del cambio” y que si lo hacía “las masas se movilizarían”. Una postura que le generó múltiples críticas por considerar que violaba la independencia de poderes y daba paso a una controvertida democracia plebiscitaria, que desconocía la autonomía legislativa y que 10,5 millones de votos sufragaron en su contra.
¿Y el resultado?
Faltando apenas dos días para que termine esta primera legislatura el panorama es muy complicado. De un lado, lo cierto es que las reformas a la salud, pensional y laboral no lograron ser aprobadas pese a más de cuatro meses de trabajo parlamentario. A lo sumo, quedarían vivas para el próximo período.
De hecho, la primera pasó a plenaria de la Cámara hace dos semanas y se encuentra estancada en medio de recusaciones, impedimentos y solicitudes para hundirla o aplazarla para la próxima legislatura, a partir del 20 de julio. La pensional apenas si superó esta semana su primer debate en la Comisión Séptima de Senado. En cuanto a la laboral, solo se ha aprobado el informe de ponencia de primer debate.
Otros proyectos si fueron aprobados, pero con limitaciones. En el que crea la jurisdicción agraria la idea del Ejecutivo era establecer una corte agraria de cierre, pero la oposición de los máximos tribunales y de los partidos de centroderecha la frenó por inconveniente y disfuncional.
La adición presupuestal, otra de las grandes apuestas, que inicialmente era de 25,4 billones de pesos, tampoco ha sido aprobada pese a que se rebajó a $ 16,9 billones. Deberá ir a extras, pues solo esta semana superó primer debate en comisiones económicas conjuntas.
Si bien en mayo fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo y esta última semana recibieron visto la reforma al Código Electoral, la que eleva a fundamentales los derechos de los campesinos; otra fue sobre incentivos a educación superior pública, entre otros. Una gran cantidad de iniciativas de origen gubernamental y parlamentario quedaron represadas o se hundieron. Por ejemplo, el proyecto de reforma política fue retirado ‒en quinto debate‒, luego de que el propio Pacto Histórico lo viciara. Tampoco avanzaron el de “humanización carcelaria” y el de sometimiento a la justicia de bandas multicrimen, clave para los diálogos con el ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Pachenca’, a modo de ejemplo…
Por otro lado, aunque los ministros de Defensa, Relaciones Exteriores y Minas salieron avante en sendos debates de moción de censura, hubo fuertes discusiones a bordo.
Crisis política
Esa alta improductividad legislativa es, apenas, un síntoma de un hecho más grave: la crisis de gobernabilidad sufrida por la administración Petro este semestre.
Una crisis que tiene múltiples flancos. Los más espinosos, sin duda alguna, los derivados de los escándalos que han rodeado a la Casa de Nariño, cada cual más complicado que el anterior. Por ejemplo, Nicolás Petro (hijo del presidente) y Juan Fernando Petro (hermano) hoy están procesados por la Fiscalía. El primero por, presuntamente, recibir y quedarse con dineros de personas relacionadas con el narcotráfico que irían con destino a la financiación de la campaña. Y el segundo, por señalamientos de ir a las cárceles a pedir apoyos electorales y dineros a cambio de gestionar una política de paz flexible con las bandas narcocriminales.
Pero ese no ha sido el escándalo más grave. En realidad, el que más tiene al presidente contra la pared es el protagonizado por su exjefa de gabinete, Laura Sarabia, y uno de sus principales socios políticos, el exembajador en Venezuela, Armando Benedetti.
La prensa develó, inicialmente, una ilícita e intrincada operación de pruebas de polígrafo e interceptaciones ilegales a exempleadas de Sarabia por la pérdida de un dinero en su casa. Este escandaloso episodio derivó en una enredada madeja que involucró a altos cargos de la Policía del esquema de protección presidencial, con el agravante, incluso, de la muerte del coronel Óscar Dávila, jefe de Avanzadas de la Casa de Nariño, en extrañas circunstancias. Él era pieza clave en todo este caso.
A hoy no se sabe cuánto dinero fue hurtado, quién lo robó, de quién era y cuál es su origen. La sombra de sospecha recae sobre Petro, la sede presidencial, Sarabia y el esquema de seguridad… Por lo pronto, ya le costó el puesto a la poderosa jefa de gabinete, en mira ahora de Fiscalía y Procuraduría.
De igual manera, los audios filtrados de unas airadas conversaciones de Benedetti con Sarabia sobre la consecución de $ 15.000 millones de pesos para financiar la campaña presidencial en la Costa y las amenazas del entonces embajador en torno a que si se sabía el origen del dinero “todos iban presos”, crearon un escándalo más grave, que hoy tienen la campaña bajo la lupa del Consejo Nacional Electoral, Fiscalía, Procuraduría, así como al Presidente con denuncias ante la Comisión de Investigación de la Cámara.
De esta forma, la ida de Sarabia significó una tercera crisis ministerial y la de Benedetti la caída de otro importante socio político, el segundo después de que a comienzos de mayo el Consejo de Estado anulara la elección del entonces presidente del Senado, Roy Barreras.
Hay más hechos críticos este semestre. Por ejemplo, los duros enfrentamientos del presidente con el fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello sobre la política de paz, las investigaciones a congresistas y altos funcionarios, así como las pesquisas sobre los escándalos recientes, llevando incluso a que ambas partes denuncien sesgos y persecuciones, que advierten llevarán a instancias internacionales.
Igualmente, las controversias protagonizadas por la vicepresidenta Francia Márquez; el descabezamiento de altos funcionarios, viceministros e incluso los relevos sorpresivos de generales de la Fuerza Pública; los duros ataques del Gobierno a la prensa; los enfrentamientos abiertos con grupos económicos y dirigentes; los escándalos de contratación; los pronunciamientos de Petro a favor de la “primera línea” y posibles subsidios a jóvenes delincuentes… Todo ello, unido a la proclamada y polémica tesis presidencial de que estaría en marcha una especie de “golpe blando” para sacarlo del poder y bloquear las reformas, entre muchas otras circunstancias, completan un mapa político claramente crítico.
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Bandazos en paz y seguridad
Otra de las grandes apuestas para este semestre era la implementación de la política de “paz total”. Sin embargo, a hoy el panorama dista mucho del escenario optimista en la Casa de Nariño a finales del año pasado, cuando tenía bajo el brazo la reformada ley 418 como marco jurídico para avanzar en las tratativas con grupos armados ilegales.
El banderazo se dio el pasado 31 de diciembre, cuando Petro anunció sorpresivamente ceses el fuego con el “Estado Mayor Central” (disidencias de las Farc que lidera ‘Iván Mordisco’), la “Nueva Marquetalia” (reincidencias de ‘Iván Márquez’), el Eln, las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (banda multicrimen del ‘Clan del Golfo’) y ‘Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (banda multicrimen ‘Los Pachenca’).
¿Qué ha pasado? Para no pocos expertos el Gobierno incurrió en una peligrosa improvisación al anunciar ceses el fuego sin protocolos ni mecanismos de monitoreo ¿El resultado? Múltiples denuncias de alcaldes, gobernadores, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y otras instancias en torno a que esas facciones armadas ilegales no solo siguieron delinquiendo, sino que aprovecharon la suspensión de operaciones ofensivas por parte de las Fuerzas Militares y de Policía para ampliar su campo de acción criminal, incurriendo en homicidios, masacres, extorsión, secuestros, hurtos, terrorismo, minería criminal y narcotráfico, así como en desplazamiento forzado de población e incluso interfiriendo en la campaña electoral, ‘vetando’ candidatos y ‘carnetizando’ a población rural… En otras palabras, un deterioro creciente y muy grave de la inseguridad y el desorden público. Hay casos muy polémicos, como lo sucedido en San Vicente del Caguán en donde 76 policías terminaron secuestrados ‒uno de ellos incluso asesinado‒ tras la orden presidencial a la Fuerza Pública de no proceder contra una turba que invadió una sede petrolera.
Por otra parte, con la gente de ‘Mordisco’ son más los frenos que los avances. Las violaciones de los ilegales al endeble cese el fuego fueron tantas que el Gobierno lo suspendió a finales de mayo luego del asesinato de cuatro niños indígenas en Putumayo, reclutados a la fuerza.
En cuanto al proceso de paz, luego de que a mediados de abril ‘Mordisco’ montará en Caquetá un polémico espectáculo para el inicio de los diálogos, el ritmo se desaceleró, no solo por las polémicas sobre los guerrilleros a excarcelar y ser designados “gestores de paz”, sino por el incumplimiento del cese el fuego. Ya están designados los delegados negociadores de ‘Mordisco’, pero no los del Gobierno. Y esta semana el “EMC” pidió reanudar la tregua bilateral, a lo que el Ejecutivo no ha respondido.
En cuanto a la ‘Nueva Marquetalia’, poco ha trascendido sobre cuándo se instalará una mesa de negociación. Lo que sí hay son muchas denuncias de incumplimientos al cese el fuego. Incluso, persisten las dudas en torno a si es posible otorgarles el estatus político.
En cuanto al ‘Clan del Golfo’, la situación también es complicada. De un lado, tras evidenciarse que seguían delinquiendo y estuvieron detrás del ‘paro minero’ en el bajo Cauca antioqueño, el Gobierno suspendió el cese el fuego con esa facción en marzo. Y en cuanto al proceso de diálogo, la negativa de esa banda criminal al proyecto de sometimiento a la justicia radicado en el Congreso puso un ‘freno de mano’ a las tratativas.
Podría decirse que el mayor avance se ha dado con el Eln. Tras crisis iniciales, cuando esa guerrilla desmintió a Petro sobre el cese el fuego anunciado el 31 de diciembre y la matanza de policías perpetrada a finales de marzo en el Catatumbo, la mesa de negociación se vio obligada a concentrarse en concretar una tregua. El acuerdo al respecto fue anunciado hace una semana en La Habana y debería empezar a aplicarse el 3 de agosto, una vez se definan los protocolos y monitoreo, un proceso muy complicado.
Sin embargo, hay muchas sombras sobre este proceso. La cúpula elena, por ejemplo, critica la “paz total”, sobre todo por el diálogo con las bandas criminales. En segundo lugar, son varios cortocircuitos y polémicas con el Gobierno. Y, por último, insiste en seguir secuestrando y extorsionado, lo que solo se podría evitar si hay una fuente de financiación legal a esa guerrilla, alternativa que genera mucha polémica.
Descaches externos…
En el flanco externo la situación ha estado también muy movida. Prueba de ello es que Petro ha realizado más de una decena de viajes internacionales, sobre todo a Europa, Estados Unidos y América Latina. Fue al foro Económico Mundial, en Davos (Suiza), visitó España, Francia y Alemania, se entrevistó en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Joe Biden y tuvo periplos a Brasil, Chile y Caracas…
Una intensa agenda externa en la que, además, el mandatario colombiano terminó protagonizando un fuerte enfrentamiento con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, en tanto que su defensa al expresidente peruano, Pedro Castillo, lo llevó a ser declarado persona non grata por el Congreso y el gobierno inca de Dina Boluarte.
A hoy es claro que Petro poco ha podido avanzar en los ejes centrales de su política externa. Primero, porque pese a organizar en Bogotá una cumbre internacional sobre la crisis en el vecino país y tratar en varios foros regionales de abrir paso al regreso al escenario latinoamericano de Maduro, la puerta sigue cerrada el régimen chavista.
En cuanto al nuevo enfoque antidrogas, tanto la Casa Blanca como el Congreso estadounidense sigue mirando con cautela la reducción de las metas de erradicación, así como el aumento de la extensión de narcocultivos.
Otro énfasis de los discursos de Petro en el exterior ha sido el relativo al combate al cambio climático, el marchitamiento de la exploración y explotación de petróleo y gas, así como el impulso a la transición energética. En este campo, hay mucho discurso, pero poco se ha pasado de la teoría a la práctica, sobre todo en consecución de recursos para acelerar este proceso en nuestro país.
Economía se salva a sí misma
Sumada a la situación política, el rumbo de la economía, pese a que no ha sido la mejor, si ha logrado mantenerse a flote.
Por otra parte, en la parte macroeconómica, se vislumbra una corrección fiscal más gradual. La debilidad de los precios del petróleo aumentaría el déficit fiscal en 2023 y 2024.
De acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo, el déficit fiscal de 2023 sería de 4,3% del PIB, superior a la estimación anterior de 3,8%, mientras que en 2024 el déficit sería de 4,5%, ampliándose respecto al 3,6% esperado en el plan financiero de febrero, pero aún dentro del límite de la regla fiscal.
Además, se considera que el pago del déficit en el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC), y estima en torno al 1,6% del PIB en 2023 y al 1,0% en 2024, lo que impedirá una consolidación fiscal más rápida. (El gobierno ya hace cuentas de $ 50 billones).
En el balance de este primer semestre, se destaca que la economía creció 1,5%, lo que supone un aumento interanual de 3,0% (2,1% en el cuarto trimestre del 2022).
Este resultado estuvo impulsado por el gasto público y las exportaciones netas, mientras que las elevadas tasas de interés y la erosión del ingreso disponible aún no afectaron significativamente el consumo privado.
No obstante, dadas las condiciones financieras restrictivas, la débil confianza de los consumidores, la desaceleración del crecimiento del crédito y un menor impulso de los nuevos puestos asalariados privados, se espera que el consumo se ajuste en el futuro.
El aumento de las exportaciones netas reales está mejorando el déficit de cuenta corriente. Este es de US$ 3.400 millones en el primer trimestre (4,2% del PIB) y fue US$ 2.000 millones menor que en el primer trimestre del año pasado. El déficit de ingresos sigue siendo elevado, pero la reducción del déficit comercial y de servicios contribuyó a la mejora del déficit de cuenta corriente. Como resultado, el déficit acumulado de cuatro trimestres de cuenta corriente cayó a 5,7% del PIB (US$ 19.300 millones), desde 6,2% del PIB (US$ 21.300 millones) en 2022. En el margen, nuestra desestacionalización muestra un déficit anualizado de 4,2% del PIB en el primer trimestre, inferior al 5,3% del anterior período. Las condiciones de financiación mejoraron, ya que la inversión directa neta acumulada de cuarto trimestres alcanzó los US$ 13.500 millones (70% de cobertura del déficit de cuenta corriente; 63,4% en 2022).
Por otra parte, la inflación está cayendo lentamente. Los precios al consumidor aumentaron 0,43% de abril a mayo, llevando la inflación interanual a 12,36% (desde 12,82% en abril).
La inflación de bienes no duraderos (principalmente alimentos) se situó en 16,80% interanual, 133 puntos menos que el mes anterior.
Por otro lado, la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles está provocando un aumento de los precios de la energía, que subieron 143 puntos básicos a 22,34%.
Así, las expectativas de inflación total a corto plazo tienden a la baja. La última encuesta del Banco Central a analistas muestra que las perspectivas de inflación para 2023 cayeron 16 puntos básicos a 9,02% y las perspectivas a dos años bajaron 15 puntos a 3,97%. En recientes declaraciones, el presidente del Banco de la República, Leonardo Villar, destacó el hecho de que la inflación tocó techo, la eficacia de la política monetaria restrictiva y su opinión de que la inflación convergerá a la meta de 3% en el horizonte de dos años.
En otro orden, la sorpresa al alza de la actividad en el primer trimestre del crecimiento de 1,5% demuestra que la demanda interna seguiría moderándose a futuro, el ajuste fue más gradual de lo previsto, mientras que el impulso de las exportaciones netas está sosteniendo el crecimiento por encima de las expectativas previas.
A pesar del elevado ruido político y de los amplios déficits gemelos, el peso sigue apreciándose. Las expectativas del mercado de una senda más moderada de reformas estructurales y las elevadas tasas de interés están impulsando el fortalecimiento de la moneda.
Con ello los analistas estiman que el dólar podría llegar para fin de año a $ 4.400 pesos, aunque otros consideran que, por el contrario, la divisa seguiría cayendo por debajo de los $ 4.000.
Entonces…
Si se revisa todo lo anterior, queda claro que este primer semestre ha sido muy complicado para el Gobierno en todos los flancos y, sobre todo, muy difícil para el país en los aspectos políticos, económicos, sociales e institucionales.
Es claro que la ruptura de la coalición restringió de forma grave el margen de acción política y gobernabilidad, llevando a que primen los anuncios y las excusas por encima de los logros concretos y sustanciales. Los enfrentamientos de Petro con la institucionalidad judicial han desgastado al presidente. La sucesión de escándalos afectó de forma grave la imagen y discurso de “cambio” … Todo ello ha confluido en que la caída de popularidad presidencial, sobre todo, en los últimos tres meses sea muy pronunciada. Antes de los casos de Sarabia y Benedetti estaba por los lados de 25% en promedio, pero es posible que los acontecimientos de las últimas dos semanas tengan esos indicadores por debajo, incluso del 20%.
Sin embargo, lo más complicado es que, al tenor de varias encuestas, hay una creciente percepción de inestabilidad política e institucional en Colombia que, más allá de la resiliencia económica, poco a poco ha ido creciendo las precauciones externas sobre cuál es el rumbo que tomará el país bajo el gobierno Petro. Y esa circunstancia frena el dinamismo en muchos sectores, poniendo una especie de ‘freno de mano’ en muchos proyectos y políticas.
La pregunta, entonces, es una sola: ¿Podrá el Gobierno enderezar el camino en este segundo semestre de 2023, tras perder claramente el primero?