El Gobierno nacional presentó las bases de lo que se constituye en el nuevo protocolo para garantizar los derechos humanos en el marco de la protesta.

Este protocolo surge como resultado de la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías donde han participado colectivos de derechos humanos, los jóvenes, las organizaciones sociales, los gremios, la academia y organismos internacionales, entre otros actores, quienes formularon recomendaciones que fueron acogidas por el Ejecutivo.

“Dimos a conocer el marco de garantías del Gobierno nacional para quienes ejercen el derecho a la protesta pacífica, y también para quienes no lo ejercen y requieren ver sus derechos protegidos”, dijo el ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, quien estuvo acompañado por su colega de Defensa, Diego Molano Aponte, y el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia.

En primer lugar, dijo el ministro Palacios, “anunciamos la modificación de la estructura del Ministerio del Interior, fortaleciendo su enfoque integral en materia de diálogo social y Derechos Humanos. El Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos será ahora el Viceministerio del Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos”, explicó.

“Este Viceministerio tiene como función asistir al ministro en el relacionamiento que se adelante con comunidades étnicas, religiosas, y organizaciones sociales, y liderar los esfuerzos de diálogo social, adelantando la articulación necesaria de las entidades del orden nacional”, sostuvo.

También se creará el Sistema Nacional de Gestión del Diálogo Social y Resolución de Conflictos que luchará contra la estigmatización de los oficiales de la Fuerza Pública y contra quienes promueven o participan en las marchas. Este Sistema será presidido por el Presidente de la República y del que formarán parte los Ministerios del Interior, Defensa, Agricultura, Transporte, Trabajo y Minas, la Consejería de Estabilización y Consolidación y el Alto Comisionado para la Paz, entre otros.

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Desde ya, agregó Palacios, se está trabajando en la formulación de la política pública de la no estigmatización con ejes temáticos como la reconciliación, la no discriminación y un fuerte marco normativo que, se espera, estará lista en diciembre de 2021.

“Este sistema será replicado en todos los niveles; nacional, departamental y municipal, en donde se busca no solamente fomentar el diálogo social, sino poder dar resolución a los conflictos que se originen precisamente en materia de convivencia y conflictividad social”, agregó el Ministro del Interior.

Adicionalmente, se crearán dos Comisiones: una de seguimiento a las denuncias por presuntas violaciones de los derechos humanos en las protestas, abusos policiales, vandalismo y daños a bienes públicos y privados; y otra que se encargará de evaluar los informes de las autoridades locales después de las manifestaciones.

Al respeto, Palacios aseguró que “esto es parte de la construcción de una cultura de reconciliación, de la promoción de un lenguaje de respeto, de la movilización social y la defensa de los derechos constitucionales en donde participaran las entidades y los gobiernos territoriales, el pilar es la reconciliación, la convivencia”.

Del mismo modo, dijo, se crea el Observatorio de la No Discriminación y la No Estigmatización ‘Colombia es de todos’, que se encargará de promocionar la inclusión y la lucha contra cualquier forma de discriminación o estigmatización como mecanismo de monitoreo y seguimiento a los diferentes actos o prácticas discriminatorias por razón de raza, ética, religión, género, orientación sexual, opinión y participación política y discapacidad.

Por otra parte, el Gobierno decidió modificar el Decreto 003 de 2021 en lo atinente a la definición del concepto de protesta social, y reitera que los bloqueos no son una forma de expresión pacífica Tal como establece el Código Penal en su artículo 353 A.
En ese sentido, explicó el ministro Palacio Martínez, “se establece que NO constituyen manifestación pacífica aquellas que promuevan el empleo de medios para obstaculizar temporal o permanente vías o infraestructura, así como las que se convocan con fines ilegítimos, violencia o de estigmatización”.

Así mismo, el funcionario reiteró la legitimidad del uso bajo ciertos criterios: “Se reitera el uso legítimo de la fuerza bajo los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y diferenciación para neutralizar daños graves, ciertos y verificables que afecten el orden público y la convivencia poniendo en riesgo la vida, y la integridad de las personas, bienes públicos y privados”.

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Reformas en la Policía

También habrá modificaciones orgánicas en la estructura del Ministerio de Defensa, y en el caso de la Policía Nacional el Ministro del Interior anunció que el 20 de julio serán radicados dos proyectos de ley para su transformación integral.

En ese sentido, dijo que se han dispuesto $34.732 millones para el fortalecimiento de las capacidades de la institución que se invertirán en tecnología, un plan piloto de bodycams y un componente de movilidad que hace parte del plan de transformación integral.

Parte de esa transformación institucional de la Policía es el uso del nuevo uniforme y las nuevas patrullas y los otros cambios relaciones con el fortalecimiento tecnológico que se implementarán a partir del mes entrante.

Igualmente, el general Vargas anunció que a finales de este mes se lanzará el programa de Cuadrantes de Vecindario en siete ciudades capitales para escuchar a la comunidad “puerta a puerta”. Ese piloto será replicado posteriormente en las 32 capitales del país.

El general Vargas aseguró que “la estrategia de fortalecimiento del nuevo modelo de vigilancia por cuadrantes en tres cambios: dinámico de reacción, dinámico de vecindario. La mayor transformación en términos de la cercanía de la Policía con el ciudadano”.

El proyecto de reforma a la Policía incluye la puesta en marcha de una política de profesionalización de sus nuevos integrantes y el fortalecimiento del nuevo régimen disciplinario.

Por otra parte, el ministro Palacios Martínez dijo que ya fueron aprobados $34 mil millones para fortalecer las herramientas tecnológicas, la compra de ocho vehículos de mando, 14 drones y el plan piloto de los bodycams en más de 23 mil miembros de la institución.