• El plan de choque temporal que lanzó el Gobierno
• Estado no puede permitir semejante vulnerabilidad

Tras varias semanas de bloqueo parcial y -desde hace doce días- total de la autopista entre Bogotá y Villavicencio el país ya sufre el rigor de tener taponada la que es, sin duda, una de las carreteras más importantes a nivel nacional. Los reportes sobre las pérdidas económicas son cuantiosos e incluso algunos ya las catalogan de billonarias. A la par se han denunciado brotes inflacionarios en los productos que se traen de los Llanos Orientales al centro del país. Incluso el propio gobierno Duque, el martes pasado, anunció un plan de contingencia con 67 medidas de corto y mediano plazos que tendría un costo de 1,2 billones de pesos. Se trata de un paquete de acciones en materia de alternativas viales, aplazamientos tributarios, reducción del costo de peajes, facilitación del transporte aéreo, estrategias para prestar los servicios de salud y educación, flexibilización de obligaciones financieras, promoción turística en medio de la difícil coyuntura y más acciones en otros campos destinadas a hacer frente a la emergencia y paliar los efectos económicos, sociales e institucionales derivados de la misma.

Aun así las autoridades departamentales y municipales de Meta y Cundinamarca, junto a las comunidades afectadas por el cierre de la vía al Llano y el aumento sustancial del flujo automotor por las carreteras alternas, continúan insistiendo en la necesidad de declarar un estado de emergencia económica, social y ambiental. Desde el alto gobierno se responde que acudir a un estado de excepción no es la fórmula adecuada para enfrentar este tipo de crisis, en gran parte porque las medidas que se pueden adoptar a su amparo tienen carácter marcadamente temporal y el problema actual requiere de soluciones de largo plazo y estructurales.

Así las cosas, es necesario ponderar el plan de choque anunciado por el Gobierno, dado que va dirigido a atender los efectos más inmediatos y graves de la emergencia por cierre de la vía. Se trata de un paquete de acciones que cubre muchos aspectos y que, además, tendrá un Gerente -para el caso el Viceministro de Transporte- encargado de supervisar su aplicación eficiente y sin dilaciones.

Sin embargo, es claro que se requiere una solución de fondo al problema de la comunicación terrestre entre el centro del país y los Llanos Orientales. Los riesgos de bloqueo de la carretera principal son cada día más altos y lo cierto es que el país no puede permitirse un nivel de vulnerabilidad semejante en una arteria vial de tal importancia. Esa es una premisa ineludible y debería fijarse como prioridad estatal. No se trata, en modo alguno, de desconocer las contingencias propias y obvias de una carretera de 86 kilómetros que, prácticamente trazada en línea recta entre Bogotá y Villavicencio, atraviesa una de las zonas montañosas más caracterizadas del país. De allí que no es gratuita la cantidad de túneles, puentes y demás infraestructura vial de amplia complejidad necesaria para estabilizar la calzada en medio de zonas de alta pendiente, suelo inestable y sujeta a drásticas condiciones climáticas.

El propio Gobierno nacional sostiene que las inversiones en los tramos críticos de la vía al Llano ya suman más de 235 mil millones de pesos en los últimos meses, incluyendo las partidas recientes para graves daños como los del kilómetro 58. De igual manera se han destinado cuantiosos montos para habilitar las dos grandes vías alternas que hoy se utilizan, pese a que el tiempo del recorrido es tres y cuatro veces superior al de la autopista taponada.

¿Cuál, entonces, es la solución definitiva para el transporte de pasajeros y carga por carretera entre el centro del país y los Llanos Orientales? Esa es la pregunta que continúa sin respuesta clara. Algunos plantean una inversión billonaria en la actual autopista para disminuir al máximo las contingencias. Otros sostienen que esto último es imposible y es mejor apostar por otra carretera, más larga y costosa pero con menor vulnerabilidad. También se habla de un puente aéreo más eficiente y rentable… En fin, corresponde a los técnicos del Gobierno y de los gremios abocar el estudio estructural y de fondo de esa solución definitiva. No es un tema fácil ni automático, en eso hay que ser claros. Tampoco apunta a ser un plan barato. Sin embargo se requiere decisión gubernamental, mentalidad abierta, pensar con vocación de futuro y criterio definido de competitividad y desarrollo regionales. Como en muchos otros temas en Colombia, en la vía al Llano los remedios parciales ya no dan los resultados esperados y el Estado no puede seguir ‘patinando’ en un asunto que comporta semejante dosis de vulnerabilidad.