Dar celeridad a la implementación de programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, fue el llamado que hizo ayer el defensor del Pueblo, Carlos Negret, al Gobierno nacional tras el organismo a su cargo observar y hacer una documentación  en los últimos días de los impactos y las condiciones a través de las cuales las autoridades están desarrollando los operativos de erradicación.

“En este ejercicio hemos documentado la emergencia de protestas sociales que, incluso, han escalado en enfrentamientos entre la Fuerza Pública y población campesina cultivadora”, indicó en un comunicado la Defensoría del Pueblo.

Añadió el organismo que ha podido observar en el territorio cómo actores armados en algunas oportunidades se encuentran presionando las confrontaciones y conminando a los pobladores a movilizarse, “incluso a población no cultivadora, que no tiene relación con los territorios objeto de esta medida”.

De igual forma, el defensor Negret puso de relieve que la economía del narcotráfico afecta el goce y el ejercicio de los derechos humanos, especialmente  de las mujeres y la población campesina.

Señaló también el Defensor del Pueblo que “la solución definitiva al problema de la producción y comercialización cuenta con una ruta diseñada en el acuerdo final de paz, consistente en la sustitución de cultivos como medida principal y la erradicación como medida subsidiaria, que la Defensoría del Pueblo reconoce como adecuada y ajustada para garantizar los derechos humanos de las poblaciones campesinas cultivadoras”.

No obstante, Negret puso de presente que la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito “es una medida legítima con la que cuenta el Estado colombiano”, pero advierte este servidor que “su implementación  requiere asegurar que, preferentemente, se hayan agotado las posibilidades de realizar sustitución”.

Además, el Defensor del Pueblo hizo varias recomendaciones, la primera de estas dar celeridad a los programas de sustitución voluntaria en los territorios, ampliando su cobertura  y “priorizando su puesta en marcha en el contexto actual de pandemia, toda vez que la seguridad alimentaria y el abastecimiento de productos agropecuarios se constituye en uno de los derroteros principales de actuación por parte del Gobierno nacional”.

Agregó que en caso que “se determine objetivamente la procedencia de la medida de erradicación forzada, se debe garantizar que los operativos se realicen con pleno apego a los derechos humanos”.

Finalizó planteando el Defensor del Pueblo que “debe contarse con una ruta para garantizar la estabilización urgente de las familias que hayan resultado o que resulten afectadas por los operativos de erradicación forzosa”.

En la cuarentena

Algunas organizaciones de la sociedad civil como la Coalición de Acciones para el Cambio, han asegurado que durante la cuarentena se han intensificado los operativos de erradicación forzada de cultivos ilícitos en la región del Pacífico y el Catatumbo, en Norte de Santander.

Incluso, algunos de estos operativos de erradicación han derivado en enfrentamientos con la Fuerza Pública por parte de campesinos que se oponen a ello. El pasado 22 de abril murió el indígena Ángel Artemio Nastacuas en Tumaco, Nariño, en enfrentamientos de personas que se oponían a la erradicación con la Fuerza Pública que acompaña a las brigadas de quienes se encargan del proceso. Días antes, el 26 de marzo, en la región del Catatumbo Norte de Santander, pereció el campesino Alejandro Carvajal a manos de un soldado.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo ayer a El Espectador que “las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos se desarrollan de acuerdo con el cronograma establecido para el año 2020, que tiene como objetivo la erradicación de 130.000 hectáreas de coca en el país. Desde que inició la emergencia sanitaria hemos sido claros: las operaciones militares y policiales continúan, pues la Fuerza Pública debe cumplir su deber constitucional de protección a la población y eso incluye la lucha contra el problema mundial de las drogas ilícitas”.

El pasado 1 de mayo se inició la segunda fase de erradicación de cultivos ilícitos en diferentes regiones, según anunció el Ministro de Defensa. La meta del gobierno Duque, en dicho propósito para este año, son 130.000 hectáreas; sin embargo, hasta el momento han logrado suprimir 15.885 hectáreas de coca, por lo que se ve improbable alcanzar la cifra que se propusieron, a no ser que se logre la autorización por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes de reiniciar las fumigaciones aéreas con glifosato.

Un reciente informe de la Casa Blanca indicó que Colombia cerró en el año 2019 con 212.000 hectáreas de coca, presentando un crecimiento, pues en 2008 la cifra fue de 208.000 hectáreas. Por su parte, el informe de Naciones Unidas indica que al cierre de 2018 Colombia tenía 169.000 hectáreas de coca.

Seguirá la erradicación

Tras señalar que “compartimos la preocupación de la Defensoría del Pueblo por la acción de los grupos armados ilegales que presionan las confrontaciones y conminan a los pobladores a movilizarse en contra de la Fuerza Pública”, el Ministerio de Defensa señaló en un comunicado que “continuaremos nuestra labor de protección a la población e integridad de los territorios sin descanso, hasta romper las economías ilícitas que afectan estas comunidades profundizando la pobreza e inequidad”.

Mindefensa explicó que “el artículo 375 del Código Penal tipifica como delito cultivar, conservar o financiar plantaciones de coca, marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse drogas ilícitas. Como con cualquier otro delito tipificado en la legislación colombiana, es deber de la Fuerza Pública contrarrestarlo” y que además “los cultivos ilícitos se convierten en el combustible de las economías ilegales que financian y propician el crecimiento de organizaciones criminales que afectan la seguridad nacional, llevan violencia a los territorios y destruyen el medio ambiente, asesinan a los líderes sociales y alimentan el consumo que tanto daño hace, además de afectar los derechos humanos y la credibilidad en el sistema democrático”.

Según Mindefensa, “la erradicación manual de cultivos ilícitos obedece a un planeamiento técnico y coordinado, que respeta los acuerdos de sustitución vigentes y los territorios de resguardos indígenas, así como las garantías de la consulta previa” y “se realiza bajo claros parámetros de respeto a la legalidad y a los derechos humanos. Los miembros de la Fuerza Pública se encuentran capacitados para aplicarlos y garantizarlos; reciben entrenamiento en protocolos de uso de la fuerza, de conformidad con las normas jurídicas nacionales e internacionales, la doctrina y directivas institucionales. Cualquier actuación por fuera de estos parámetros es investigada por las autoridades competentes”.