Con las habituales jornadas maratónicas de todos los años, las plenarias del Senado y la Cámara culminaron el domingo sus sesiones ordinarias, aprobando proyectos de ley de todo tipo, que pasaron a sanción presidencial.

Al mismo tiempo, varias iniciativas se quedaron en el camino, archivadas por vencimiento de términos o hundidas en votación.

Después de otros dos intentos fallidos, por fin el Congreso aprobó el proyecto de ley que establece un etiquetado de advertencia sobre los excesos en grasas, sodio y azúcares en los comestibles y bebidas ultraprocesados, sellos que también deben incluirse en la publicidad de los productos.

También logró convertirse en ley la licencia parental compartida, que se implementará para permitir que tanto el padre como la madre tengan corresponsabilidad en el cuidado de los hijos recién nacidos, apuntando a desincentivar la discriminación laboral de las mujeres que están en edad reproductiva, así como promover que los hombres participen activamente en las labores del hogar. En aras de la inclusión, los padres podrán de común acuerdo compartir el cuidado de los hijos durante seis de las 18 semanas otorgadas por ley a las madres gestantes.

La reducción de la jornada laboral semanal hará que en forma gradual los ciudadanos dejen de trabajar 48 horas a la semana para hacerlo solo 42, sin afectar el salario que recibe cada persona. Del 2022 al 2025 la reducción será de una hora por año, hasta que en 2026 se reduzcan dos horas, para alcanzar la meta de 42 horas a la semana. Al impulsar la iniciativa, el Centro Democrático señaló que este cambio se traduce en más productividad para las empresas, más oportunidades de empleo y mejor calidad de vida para los trabajadores.

La reforma judicial catalogó la administración de justicia como un servicio público esencial y posibilitó la digitalización del sistema jurídico con herramientas como el expediente digital para todas las ramas. Esta iniciativa venía siendo trabajada desde 2012, pero siempre terminaba hundiéndose porque se consideraba que la digitalización podría hacer más manipulable el sistema.

La reforma al Código Disciplinario le permitirá a la Procuraduría fortalecer los poderes que tiene, otorgándole funciones jurisdiccionales y de policía judicial.

La reglamentación de la cadena perpetua para violadores de niños en Colombia es un marco de acción para que los jueces de la República impongan condenas en estos casos.

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A través del proyecto sobre transición energética, el país buscará posicionarse en la región como líder en energías renovables no convencionales, en busca de cumplir con criterios de sostenibilidad planteados en la Agenda 2030.

Las penas por delitos menores serán más flexibles para mujeres cabeza de familia, de tal manera que en vez de cárcel pagarán en libertad un servicio no remunerado a favor de instituciones públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales. Claro que ya le pidieron al presidente Iván Duque objetar varios de sus artículos argumentando que “utilizar este mecanismo para sustituir la pena de delitos como el hurto calificado, hurto agravado, el tráfico internacional, el tráfico doméstico y el microtráfico, cuando estos sean cometidos por mujeres cabeza de familia que tengan necesidades de subsistencia y encuentren en actividades ilegales un sustento, es instrumentalizar a las mujeres vulnerables y sus familias en contra de la legalidad y de toda la sociedad”.

Alertas tempranas

Protección a menores y mujeres o creación del Sistema Nacional de Alertas Tempranas, proyecto a favor de la primera infancia y mujeres víctimas de violencia sexual. El objetivo es que las autoridades tracen una política de prevención contra este tipo de delitos.

La sustitución de vehículos de tracción animal les dará a las autoridades un plazo de cinco años para prohibir la circulación de carretas, carruajes, zorras o cualquier elemento que sea halado por caballos, mulas u otro tipo de animales.

Se aprobó el proyecto que promueve el abastecimiento, continuidad, confiabilidad y cobertura del gas combustible en el país, mejorando la calidad de vida de 1.771.000 familias que hoy siguen cocinando con leña, carbón, residuos, cocinol, kerosene y otros, asegurando el acceso a este servicio público esencial.

Becas para la Fuerza Pública: la iniciativa establece incentivos tributarios para la formación y educación de la Fuerza Pública.

La sobretasa a la gasolina y al ACPM quedó fijada en $1.270 por galón de gasolina y en $1.775 por galón de extra. A partir de 2023 la sobretasa aumentará de acuerdo al registro de Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Colombia definió, a través de un proyecto de ley que fue conciliado el domingo, estrategias para atraer buques y abanderarlos. La iniciativa liderada por el Gobierno busca fortalecer la industria marítima, aprovechar de manera sostenible los dos océanos, generar empleo y mejorar las condiciones de vida de los 47 municipios costeros del país.

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“Nuestros municipios costeros presentan altos niveles de necesidades básicas insatisfechas y niveles de pobreza inaceptables, de ahí la importancia de esta iniciativa que busca generar empleo y desarrollo”, afirmó la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. 

Adicionalmente, se aprobaron otros proyectos como la creación del Día Nacional de la Novia Eterna de Barranquilla, Esthercita Forero; la conmemoración del Día Nacional de la Mutualidad; y el reconocimiento del carriel antioqueño como Patrimonio Cultural de la Nación.

En el camino quedaron proyectos como el que creaba la especialidad agraria y rural en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción contencioso administrativa. Además del arreglo institucional, establecía los asuntos que serán de competencia de estas autoridades jurisdiccionales y fijaba el procedimiento para resolver las controversias que surjan a propósito de los asuntos de su competencia.

También se hundió el proyecto de ley que buscaba que las matrículas de los universitarios de estratos bajos que estudian en universidades públicas fueran gratuitas; sin embargo, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, sostuvo que la “Matrícula Cero” ya es una realidad que “cubre el segundo semestre de 2021 y continuará en 2022, para convertirse en política de Estado”.

También se hundió el proyecto de ley que prohibía el fracking en Colombia, buscando la protección del agua, la naturaleza y las comunidades, ante el riesgo que representan este tipo de actividades.

Caso aparte es el Acuerdo de Escazú, proyecto presentado por el Gobierno con mensaje de urgencia, pero que no solo no tuvo su primer y tercer debates conjuntos en los siguientes 30 días, sino que permaneció sin discusión durante prácticamente toda la legislatura.